ICTlogy

A raíz de las declaraciones de César Alierta sobre romper con la neutralidad en la red, ya afirmamos aquí que las infraestructuras de telecomunicaciones probablemente deberían ser de titularidad pública, con lo que el tema de los costes y usura en la red probablemente dejarían de ser tema de debate.

Ahora es Microsoft quien se alinea con nuestro monopolio de facto particular y afirma que Telefónica tiene derecho a cobrar a Google (vía Nación Red), que las operadoras tienen derecho a cobrar un ‘peaje’ a los principales proveedores de Internet, que saturan sus redes y obligan a unas mayores inversiones.

Se me ocurren dos comentarios a esta afirmación.

El primero es que si, en un mercado tan creciente y crecientemente oneroso como el de las telecomunicaciones, las operadoras son incapaces de hacer crecer su negocio, es probable que su problema no sean sus usuarios, sino sus estrategas y dirigentes en general. Pero uno no es ni tecnólogo ni empresario, así que esta cuestión no deja de ser una impresión personal con más intuición que fundamento práctico.

Lo que sí ha mostrado repetidas veces la historia es que uno se concentra en lo que le reporta beneficios a corto plazo, dejando al margen lo que no da beneficios o es relevante solamente en el muy largo plazo. En el caso de las operadoras, y por poco intuitivo que pueda parecer, su negocio es dar servicios de Internet, mover bytes arriba y abajo de hoy para mañana. No lo es mantener unas infraestructuras en condiciones y, ni mucho menos, en estado óptimo.

Si en España no tenemos una red mejor es, en gran parte, porque hay que amortizar la anterior, la que ya hay instalada, incluso aunque su substitución por una mejor pudiese dar mejor rendimiento (económico) a medio o largo plazo.

Si en España no tenemos una red mejor es, en gran parte, porque mientras aguante lo que hay, lo que da beneficios es mover bytes arriba y abajo. Y, como en la URSS quinquenialista, los incentivos de todas las cadenas de mando están concentrados en satisfacer las cuentas a corto, conseguir los bonos a final de año y contentar al jefe.

Sin embargo, Internet no es un servicio cualquiera ni la red que lo sustenta algo que pueda hacerse, deshacerse o replicarse de la noche a la mañana. Las redes de telecomunicaciones son infraestructuras estratégicas de primer orden. Como las carreteras, las vías, el espacio aéreo o las aguas jurisdiccionales, las redes de telecomunicaciones son vitales para la coordinación del tráfico de bienes y servicios analógicos, imprescindibles (por definición) para la provisión de bienes y servicios digitales, cruciales para la formación y la educación de aprendices y profesionales, crecientemente relevantes para el ejercicio de la participación ciudadana en democracia, clave para los cuerpos de seguridad, etc., etc., etc.

Y estamos dejando estas infraestructuras en manos de unas pocas empresas.

Que además se pelean en el patio del cole porque quieren más, más y más.

Más que salomónicos, lo que aquí procede es una solución gordiana, cortar por lo sano: la nacionalización de las infraestructuras.

El Estado, es decir, los ciudadanos, ya se encargará de mantener las infraestructuras, como mantiene todas las demás. Ello no significa, no obstante, que tome el control de su explotación, ni mucho menos: esta es una economía de mercado y a cada uno lo suyo. Lo que es de todos, de todos sea: las infraestructuras. Lo que es de unos, la explotación, el negocio, los servicios, los servicios sobre los servicios, para la libre empresa.

El Estado cobrará a cada cual según sus posibilidades, y con ello no solamente mantendrá la red, sino que la mejorará. Y lo que sobre — que sobrará — irá para escuelas y hospitales, que tampoco vamos sobrados.

El problema es que Telefónica no querrá soltarlas. No veo por qué, con lo que le cuesta mantenerlas y lo deficitarias que le son…

Sin respetar la pausa estival, el Pew Internet & American Life Project nos regala un nuevo informe sobre la adopción de la banda ancha en Estados Unidos de América: Home Broadband 2010.

Una de los principales hallazgos es la desaceleración en la adopción de banda ancha por parte de los hogares, especialmente entre los blancos (los afroamericanos siguen con una adopción por encima de la media).

El segundo hallazgo — y sorprendente para el investigador que produce el informe así como para otras fuentes consultadas — es que son quienes no tienen banda ancha quienes más se oponen a que el acceso universal deba ser una prioridad del gobierno.

Para mí, sin embargo, ambas conclusiones del informe están en consonancia con algo que aparece repetidamente, una y otra vez, en las estadísticas oficiales: vista la progresión de los últimos años, la adopción de Internet parece no tender al 100% a largo plazo, sino a alguna cuota que se situaría por debajo de la adopción total: utilizando la tendencia de 2004 a 2008, unos cálculos totalmente apresurados con datos del Banco Mundial me dan una estimación del 88% para 2020 y estabilización alrededor del 88% para 2035.

Así, hay un grupo de personas que siguen sin verle utilidad a Internet, y es ese grupo de personas el que, con toda lógica, encuentra poco prioritario que el Gobierno fomente la Sociedad de la Información en general, y la banda ancha para todos en concreto. Y es ese el grupo que mayoritariamente conforma el hueco entre la adopción total y ese 88% que (sin mucho rigor) calculábamos más arriba.

¿Y qué utilidad puede tener Internet y, más específicamente, la banda ancha? Los que respondieron a la encuesta de este informe nos apuntan algunas ideas. Preguntados por qué problemas tiene el usuario de Internet que no navega con banda ancha en comparación con el que sí lo hace, los entrevistados listaron algunas actividades en línea que requerían banda ancha (y que aquí expresamos en positivo):

• Encontrar oportunidades laborales y obtener competencias profesionales.
• Acceder a información sobre salud.
• Aprender nuevas cosas para mejorar y enriquecer la vida de uno.
• Utilizar servicios gubernamentales.
• Estar al día de noticias e información.
• Estar al día de lo que sucede en la comunidad de cada uno.

Una de las últimas conclusiones del estudio vuelve sobre el tema anterior: un 21% de adultos (en los EEUU) no usa Internet. De estos, un 48% declara no tener interés alguno en lo que Internet le ofrece; un 90% no tiene intención alguna de entrar en Internet en el futuro; y un 60%, en caso de hacerlo, necesitaría ayuda de alguien (aunque el 80% reconoce que sería incapaz de hacerlo solo).

Mientras el 80% de la población norteamericana dice utilizar ya la red para temas profesionales, para formación, para salud y bienestar, para relacionarse con el gobierno, etc. el resto no le ve utilidad. Está claro que esta brecha digital va a ser difícil de cerrar.

Demoledor.

Leo que el Gobierno Vasco da carpetazo a la tarjeta ONA, el proyecto de tarjeta sanitaria del gobierno vasco. El artículo apunta que se han invertido más de 11 millones de euros para acabar abandonando el proyecto, lo que supone un paso atrás en la administración electrónica y un clavo más en el ataúd de la desconfianza ciudadana.

Sí y no.

Sí, es cierto, cerrar un proyecto con 11 millones de euros invertidos da la sensación de que las cosas no se hacen bien. Y aunque en el camino habrá habido buenos e interesantes aprendizajes, seguramente no valían esos 11 millones, con lo que, efectivamente, algo de desazón sí queda por el dinero gastado, que no invertido si no cuaja en algo real.

Sin embargo.

Leía hace tiempo un artículo (creo que era de Fernando Trias de Bes) que cuando uno va al cine y la película es un bodrio, lo que tiene que hacer es irse. El dinero de la entrada ya está perdido, pero el tiempo que queda hasta el final de la película no. Sin embargo, la mayoría se queda hasta el final para «amortizar» la entrada, con lo que pierde el dinero y el tiempo (y, la mayor parte de las veces, gana un cabreo).

Con la tarjeta ONA tengo la misma sensación: si ya tenemos un DNI electrónico, dejemos por favor de desarrollar proyectos en paralelo. Es cierto que muchos de estos proyectos empezaron antes del eDNI (como la interesante tarjeta ciudadana de Gijón), pero si duro es abandonar un proyecto a medias habiendo invertido tanto, peor es seguir gastando para abandonarlo una vez terminado. Por tanto, bien por corregir y cerrar con el proyecto que duplicaba el eDNI.

Porque, entre muchas otras tarjetas, llevo ahora en mi cartera el DNI, el carné de conducir, la tarjeta sanitaria catalana y el carné de la red de bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona. Desde el punto de vista de la Administración tiene todo su sentido, ya que cada documento depende de un organismo distinto. Desde el punto de vista del ciudadano esto es un descalabro, cabiendo, como podría caber, todo dentro del DNI electrónico.

Desde mi punto de vista, la desconfianza del ciudadano no viene porque algunos proyectos de administración electrónica queden truncados, sino porque los que están finalizados no sean explotados para sacarles el mejor provecho. Y la identificación digital es, claramente, el mejor ejemplo de ello.

La Comisión Europea acaba de publicar el informe Digital Competitiveness Report (PDF, 865 KB), al que acompaña un documento con los perfiles TIC de los países comunitarios (PDF, 467 KB).

En el caso español no hay muchas novedades, aunque vale la pena recordarlas una vez más. Entre los principales avances, los siguientes:

• 99% de escuelas equipadas con recursos TIC;
• más de 3 millones de usuarios de móviles de tercera generación;
• 97% de los médicos de atención primaria tiene acceso a la historia electrónica de sus pacientes;
• las infraestructuras TIC han sido mejoradas en más de 6000 centros de salud;
• más de 11 millones de españoles tienen DNI electrónico, lo que les da acceso a unos 2500 servicios públicos en los tres niveles de la Administración (nacional, regional y local);
• la TDT cubre más de un 98% de la población.

Mi primer comentario es previsible: hablemos de impacto. Que casi todos lo médicos puedan acceder a las historias médicas es una gran noticia, pero todavía sería mejor si lo hicieran. Que haya 2500 servicios públicos accesibles a golpe de DNI es muy buena noticia y somos referente mundial al respecto, pero sería todavía mejor si se utilizaran con intensidad.

El segundo comentario es que el hecho que el 99% de escuelas se hayan equipado con recursos TIC nos dice poco o nada: que el director de la escuela (y solamente él) tenga Internet en el ordenador ya sitúa al centro en cuestión como escuela equipada, al mismo nivel que otra escuela que tenga dos ordenadores por estudiante y 100 megas de bajada por cabeza. Lo mismo para los centros de salud y sus infraestructuras TIC.

La Comisión Europea nos advierte también en la primera línea: los ciudadanos españoles no son usuarios intensivos de Internet. Tenemos menos usuarios intensivos que la media y el 36% de la población no se ha conectado jamás. Leemos el periódico en línea, nos bajamos música y películas, y estudiamos por Internet, pero en el resto de servicios en línea (y son muchos: hay tantas posibilidades en el gobierno electrónico y el comercio electrónico…) puntuamos muy por debajo de la media (y es una media, no un máximo).

Toca, en mi opinión, dejar de pensar en más infraestructuras (aunque mejorar la banda ancha debería seguir siendo una prioridad) y diseñar estrategias agresivas de demanda para incorporar más gente a la Red y a que la usen más y mejor.

El Foro Económico Mundial acaba de publicar la edición de 2010 del Global Information Technology Report 2009-2010, uno de los informes más importantes en el mundo sobre estado de la Sociedad de la Información, junto con los del Banco Mundial, diversas agencias de las Naciones Unidas y The Economist.

En lo que a mí respecta, el Global Information Technology Report tiene como positivo el amplio espectro de indicadores que recoge, desde las infraestructuras más básicas hasta los distintos tipos de uso, pasando por el marco regulatorio, la oferta de servicios digitales o una aproximación a la competencia digital. Como puntos más débiles, que muchos indicadores no vienen de datos primarios (es decir, datos objetivos como el número de líneas telefónicas instaladas, por ejemplo) sino de datos fruto de encuestas donde una selección de expertos da su opinión, siempre fundamentada, pero siempre sujeta a matices personales.

El informe está totalmente en línea e incluso se permite jugar con los datos.

Los titulares de los periódicos se llenarán estos días — o no — con un único dato: que España ocupa el puesto 34 de 133 países, y que desde 2002, donde ocupaba el puesto 25, ha ido perdiendo puestos hasta la situación actual, a la que llegamos ya el año pasado. En mi opinión, es absolutamente irrelevante qué puesto ocupamos (dentro de un margen, claro), ya que hay tantas variables, y dependemos tanto de lo que hagan el resto de países que, francamente, nos aporta poco.

Creo que las preguntas relevantes son:

• ¿Dónde hemos mejorado?
• ¿Dónde hemos empeorado?
• ¿Dónde puntuamos mejor que el resto?
• ¿Dónde puntuamos peor que el resto?

Aunque resulta sorprendente el salto espectacular que da el indicador — lo que hace sospechar que aquí ha habido o bien cambios de criterio o bien errores de cálculo — hemos mejorado en la preparación para la sociedad de la información de gobiernos y ciudadanos. A pesar de las cautelas mencionadas, creo que el indicador refleja un esfuerzo importante de la Administración Pública en ponerse al día en materia digital: como ya comentamos, la UNPAN reconoce en España un referente en materia de gobierno electrónico. Y como hemos comentado ya en otro lugar también, en España la brecha digital no es de infraestructuras, sino que tiene otros componentes. Así pues, no es de extrañar que los ciudadanos, en tal que individuos, también puntúen bien en materia de preparación para lo digital en términos generales.

¿Qué ha empeorado? El uso. Estamos preparados, pero no utilizamos la tecnología. Hemos invertido en teatros y museos y nos quedamos en casa viendo la tele. El uso de los ciudadanos se mantiene, pero el de los gobiernos y empresas empeora. Es como si durante la implantación de sus políticas de sociedad de la información hubiesen hecho el esfuerzo de usar las tecnologías y, ahora que ya está hecho, se olvidan de ello. A esto habría que añadir que las empresas, en general, ni siquiera están bien preparadas digitalmente, como muestran los informes de Red.es sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española, especialmente las PYMES y las microempresas.

Veamos los puntos fuertes y débiles:

¿Cómo leemos esta tabla? A grandes rasgos, hay tres cosas que van bien o muy bien en España:

• El mercado (el sector privado) está sano, hay competencia y cada vez tenemos empresas en sectores (creatividad) intensivos en conocimiento;
• tenemos la infraestructura necesaria para que pueda haber actividad en la red;
• y nuestros profesionales de alto nivel están bien formados y participan activamente en la vida online.

Es decir, las condiciones de mercado, de oferta de trabajo cualificado y de infraestructuras son buenas.

¿Qué va mal? Siempre según el informe:

• Las cargas fiscales y burocráticas son una barrera para el emprendedor;
• las infraestructuras son caras;
• el nivel de educación básica en matemáticas y ciencia es deficiente (distinto del caso anterior, que eran profesionales de alto nivel bien preparados);
• el gobierno no consigue de ninguna forma dinamizar la sociedad de la información.

Es decir, a pesar de que las condiciones en general son buenas, a la hora de llevar a cabo los proyectos el contexto no ayuda: impuestos y burocracia y un nivel educativo general bajo suponen barreras al desarrollo digital que el gobierno y sus políticas no parecen saber atajar.

No hay que olvidar que el Foro Económico Mundial se caracteriza por un fuerte sesgo hacia la derecha, con lo que no es de extrañar la crítica a impuestos, regulación, burocracia y demás. Sin embargo, el diagnóstico es coherente con otros datos y opiniones que ya han sido vertidos aquí y en otros lugares: seguimos invirtiendo en infraestructuras cuando el problema está en las barreras a la demanda.

En mi opinión, medidas a tomar:

• Estimular la demanda, atacando las barreras que la contienen: capacitación digital y usos prácticos;
• liberalizar (de verdad) el mercado de las telecomunicaciones: una mayor demanda debería hacer posible una mayor oferta y a precios menores;
• abandonar políticas de infraestructuras destinadas a la adopción individual (p.ej. ordenador en el aula, subvención de ordenadores a las empresas);
• abanderar políticas decididas de promoción del gobierno electrónico y del comercio electrónico, especialmente el business-to-business o B2B: compra a proveedores y contratación electrónica, pagos electrónicos, etc.

No quería terminar sin un matiz: aunque las infraestructuras no sean, en general, un problema, sigue habiendo gente sin acceso a ellas. Que no se prioricen políticas de infraestructuras basadas en la propiedad (a) no quiere decir que se tengan que abandonar y (b) no quiere decir que no haya alternativas, como el acceso a infraestructuras públicas.

Entre las políticas más enfocadas a la e-inclusión (inclusión a secas, al fin y al cabo), y en contraposición a otras políticas más «de futuro», creo que los telecentros y el acceso a Internet en las bibliotecas públicas deberían figurar en el top-1 de las políticas sociales. Y un buen ejemplo son los Centros de Conocimiento del Plan Avanza2.

Aquí algunos estudios que apoyan la inversión en puntos de acceso público a Internet:

• Gómez, R., Ambikar, R. & Coward, C. (2009). “Libraries, telecentres and cybercafes. An international study of public access information venues”. En
  Performance Measurement and Metrics, 10 (1), 33-48. Bradford: Emerald.
• Becker, S., Crandall, M. D., Fisher, K. E., Kinney, B., Landry, C. & Rocha, A. (2010). Opportunity for All: How the American Public Benefits from Internet Access at U.S. Libraries. Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services.
• Más bibliografía sobre el impacto de los telecentros en la brecha digital.

Parece que donde dije digo digo Diego y que el Gobierno da marcha atrás en su intención de regular Google.

Parece también que se van aclarando (o no) las razones por las cuales el ministro Miguel Sebastián defendió la mordida de las operadoras a los proveedores de servicios por Internet, a saber, que había que luchar contra el riesgo de prácticas monopolísticas por parte de estos últimos.

Se me escapa la lógica de luchar contra prácticas monopolísticas favoreciendo el oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones, que no beneficiará al consumidor, sino que trasladaremos el beneficio de un mercado imperfecto a otro de tan o más imperfecto.

Hay algunas frases del artículo de El País que merecen ser comentadas. Vamos allá.

Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe.

Es decir, vamos a hacer que el beneficio que el monopolio sustrae del consumidor se lo repartan entre todos. Entre todas las grandes corporaciones del sector TIC, claro. No tiene nada que ver controlar un monopolio con repartirse sus beneficios. De hecho, son conceptos totalmente opuestos: o intentamos que el mercado sea más competitivo, o nos repartimos el pastel. En la nueva versión del documento parece que, por fin, se centra en combatir el riesgo de monopolio (de Google, que lo hay).

Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones.

Bien, vayamos por partes. Los intermediarios sí deben captar clientes: sus clientes, los clientes que usan sus servicios. Google, como otras empresas, seguro tiene una estrategia (y unos costes asociados) para captar clientes para sus productos. En ningún caso, sin embargo, su producto es que la gente se conecte a la Red, sino que, una vez se han conectado usen su buscador y no otro.

Por otra parte, las telecos deben conseguir que la gente se conecte a Internet (a lo que contribuye mucha publicidad del gobierno, por cierto, cosa que celebro), usen o no Google, Yahoo o Bing.

Es como si un hospital se quejara que el bar de urgencias se lucra a costa de sus «clientes». Cada cual a lo suyo.

Respecto las infraestructuras, el ejemplo del hospital sigue siendo válido: ¿debe el bar de urgencias pagar el equipo de la UCI? Al fin y al cabo, a mejores UCI, más gente en su bar… ¿no?

Pero pongamos un ejemplo más serio. Las universidades suelen tener tecnología punta para hacer su investigación: microscopios, espectrómetros, salas blancas, etc. Instalaciones que suelen alquilar (con o sin personal) a empresas que necesitan hacer experimentos o tests. La universidad calcula el coste de amortizar dichas infraestructuras y carga un tanto en la tarifa por utilizar el servicio. Si el microscopio vale más dinero, tanto más cuesta utilizarlo.

Pero jamás de los jamases (salvo que haya un convenio de colaboración, claro) se quedará la universidad un tanto por ciento de los beneficios que una empresa externa tenga por haber utilizado dicho servicio. Y mucho menos tendrá derecho a quedarse con las patentes que pudiesen derivarse de ello.

Si las telecos creen que deben invertir demasiado en infraestructuras, que carguen los costes de la inversión y su amortización en las tarifas. Lo hace todo el mundo, los transportistas los primeros, cuya actividad es harto parecida a la de las telecos.

Y si el Gobierno cree que los servicios que prestan los intermediarios se enmarcan en un mercado con competencia imperfecta, que actúe sobre ese mercado.

El resto, en mi opinión, es mezclar las cosas.