ICTlogy

El pasado 19 de abril se acordó la Declaración Ministerial de Granada para la Agenda Digital Europea (PDF) por parte de los ministros responsables de las Políticas de la Sociedad de la Información de los Estados Miembros de la Unión Europea, y del Área Económica de Europa.

El documento empieza reconociendo el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Economía y pretende ser una hoja de ruta en su utilización como locomotora del desarrollo, especialmente en el contexto de crisis actual.

No obstante, la primera referencia de peso del documento, la que hace a The economic impact of ICT: Evidence and questions (que de hecho se basa en Catching up or getting stuck? Europe’s troubles to exploit ICTs productivity potential) tiene algo de trampa: si bien es cierto que las TIC incrementan la productividad, estos incrementos se dan en dos tramos. El primero son los incrementos de productividad basados en el ahorro en costes por la introducción de las TIC; el segundo, y más importante, son los incrementos de productividad inducidos por cambios en el sistema productivo gracias a las TIC. Estos cambios se dan especialmente en el sector servicios y, según el estudio, Europa suspende en este aspecto (más sobre este tema a continuación).

El primer gran acierto — además de reconocer el papel estratégico de las TIC en todos los aspectos de la vida cotidiana — es el énfasis en la banda ancha, así como el papel de la competencia entre proveedores. Existe amplia literatura sobre la importancia de ambos aspectos (velocidad de la red y mercado competitivo).

Molesta sobremanera, sin embargo, que se identifique la brecha digital con la cobertura de banda ancha. Hemos comentado ya varias veces (aquí, aquí, aquí o aquí) que (1) la brecha digital tiene muchas dimensiones y (2) al menos en España (y más todavía en Europa), los factores que marcan más la brecha digital son las competencias digitales y el tipo de uso, es decir, el lado de la demanda y no de la oferta.

Por el lado de los usos, estas competencias digitales se reconocen como importantes tanto en la escuela como en la empresa. El énfasis en las Pymes es, a mi entender, un gran acierto, ya que los datos muestran que la brecha digital en ellas es mucho mayor que en las grandes empresas. Celebro también que se reconozca el factor «llamada» de los servicios públicos electrónicos (sanidad, administración), que en diversos estudios se muestran como grandes activadores de la demanda.

Sin embargo, se sigue insistiendo en los ordenadores en el aula como la principal estrategia de TIC en la educación. Estrategia a la que personalmente me opongo de forma energética y radical, como ya comenté en el Monográfico sobre la brecha digital en la educación.

Es también muy importante el énfasis que el acuerdo pone sobre la protección de datos y algo que generalmente se olvida — y que en España se está trabajando de forma excelente: [1] y [2] — que es la educación en materia de riesgos en Internet (privacidad, seguridad, etc.).

Me parece muy relevante la preocupación por un mercado único digital: uno de los mayores desencajes que tiene Internet con la economía real es que la primera no atiende a fronteras ni jurisdicciones. En este sentido, la harmonización regulatoria que parece proponer el acuerdo será muy bienvenida, especialmente en materia de propiedad intelectual. En este sentido, la propuesta sobre derechos de autor es muy amplia — incluso ambigua — pero parece recoger todas las sensibilidades que están en liza en el debate actual: protección del autor, reconocimiento del fin de unos modelos de negocio, y protección de los derechos del ciudadano.

Respecto a los servicios públicos, el documento también capitaliza la experiencia española en materia de DNI electrónico, regulación de la administración electrónica e interoperabilidad (ahí estamos más verdes), haciendo énfasis tanto en la eficiencia y la eficacia de la Administración, como en utilizar su brazo electrónico para llegar al más excluido.

El documento se compromete también con el sector de las TIC y la necesidad de destinar más recursos en I+D+i.

Por último, se menciona la Gobernanza de Internet así como la conveniencia de medir el desarrollo digital para poder diseñar políticas públicas de Sociedad de la Información de forma (perdón por la redundancia) informada.

En general, y salvo las excepciones mencionadas, me parece un documento bastante bueno, aunque algo tibio en el nivel de compromiso. No hay que olvidar, no obstante, que ese nivel de compromiso es lo que define este tipo de acuerdos «en la cumbre». Es un punto de partida aceptable que, para bien o para mal, deja abiertas muchas posibilidades en su implementación, pero sí lista los principales temas abiertos.

A diferencia de la opinión de muchos (entre ellos Javier Varela, cuya entrada recomiendo leer), celebro que no se haga mención explícita a la neutralidad de la red. Por una parte porque sería entrar en un detalle que el resto de documento no tiene, y que, además, pudiera resultar contraproducente (por aquello de explicatio non petita, accusatio manifesta). Por otra parte porque sería, una vez más, creer que la red, que Internet, es un mundo aparte: la neutralidad de la red no es sino una segunda derivada del derecho a las comunicaciones, a la libertad de expresión, a la libertad de credo y de asociación, etc., etc., etc. Mi propuesta es que nos centremos en los derechos en su esencia, y no en sus aplicaciones particulares.

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