Ayer tuvimos dos noticias que ejemplifican, como pocas, el desencuentro, la falta de diálogo y el fracaso de la política como una herramienta para encontrar soluciones a los problemas o demandas de la ciudadanía.
Dejemos de lado por un momento qué propuesta es mejor o peor, si la ILP impulsada por la PAH o la llamada Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social impulsada por el PP. Y dejemos de lado también el debate sobre sin aporta más legitimidad el apoyo de un millón y medio de firmas a la primera iniciativa o los once millones de votos que recibió el Partido Popular en las pasadas elecciones.
Dejemos de lado esas cuestiones y vayamos al fondo del asunto: cómo se ha intentado dar solución al problema de la vivienda.
Origen del problema
El primer punto que cabe recalcar es dónde arranca el problema. Identificarlo será sin duda arbitrario, pero hay al menos tres fechas a retener:
La creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en febrero de 2009 para aglutinar, como bien explica su nombre, sobre todo desahuciados, afectados por impagos, etc.
El 30 de marzo de 2011 como disparo de salida de la Iniciativa Legislativa Popular por la Vivienda Digna, la que ayer acabó retirándose después de haber sido aceptada a trámite.
Estas fechas son sangrantes. Ya en 2006, hace siete años, un grupo de ciudadanos lanza alertas sobre la lo degradado del derecho constitucional a la vivienda. Vale la pena decir que si bien las sentadas son hace siete años, la Plataforma por una Vivienda Digna fue creada en invierno de 2003-2004, es decir, hace nueve años.
La fecha de 2009 es todavía más desgarradora, porque no se refiere a respetar unos derechos que «hipotéticamente» podrían estar en peligro, sino que son ya hechos consumados: a diferencia de la Plataforma por una Vivienda Digna que habla de las difíciles condiciones de costear alquileres o compras de vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca habla ya de desahuciados. Hace cuatro años.
En los siete años que van de finales de 2003 hasta principios de 2011 prácticamente no hay movimiento en los parlamentos ni en los partidos, motivo por el cual se inicia el «último recurso» de la ILP, que tarda dos años más en llegar al Congreso.
La anterior afirmación no es del todo cierta: sí hay unos pocos partidos minoritarios y, sobre todo, algunas asociaciones, que empiezan a interesarse por el tema, pero a grandes rasgos, el problema de las hipotecas tarda nueve años en saltar a la agenda pública, a ponerse sobre la mesa, a ser tema de debate público. Simplemente imperdonable. Partidos políticos y medios de comunicación deberían reflexionar muy seriamente sobre esta cuestión.
Debatir la cuestión
Visto el cuándo — nunca o casi nunca —, vayamos al cómo.
De nuevo, el periplo de la PAH, tanto antes como durante el trabajo con la ILP, es una muestra de ese cómo: prácticamente de ninguna forma.
A efectos de la opinión pública — es decir, para la inmensa mayoría de los ciudadanos — solamente ha habido un único momento donde todas las partes se han sentado ha hablar: durante la comparecencia en el Congreso de representantes de la banca y la PAH en relación con el proyecto de ley que ayer acabó aprobándose.
Dicho de otro modo: después de nueve años, con las instituciones democráticas haciendo oídos sordos, se redacta un proyecto de ley, se enlata y se da a comentar a la sociedad civil y los partidos en una única sesión en el Congreso.
¿Qué ha pasado de mientras? Es fácil de adivinar (y espero que se me perdone la generalización):
Los partidos de izquierdas (o algunos de ellos) reunidos con plataformas ciudadanas para ver cómo se consigue la dación en pago.
Los partidos de derechas reunidos con la banca para ver como se hace cumplir la ley vigente y no se perjudica la seguridad jurídica.
Unos pocos académicos, politólogos y economistas intentando debatir, por su parte y en sus foros, qué opciones hay sobre la mesa.
Los tertulianos y los medios metiendo ruido y apoyando sus apriorismos.
Lo más triste de este proceso es que no ha habido debate alguno, al menos ninguno de calidad. O no soy yo consciente de que haya trascendido ninguno. Las partes afectadas (hipotecados, banca) han tenido serias dificultades para sentarse a hablar de un problema que tenían y que, por su dimensión, ha sobrepasado el ámbito de lo privado para entrar en el ámbito de lo público. Y cuando esto ha sucedido, los gestores de lo público no estaban ahí para sentar a las ya tres partes: hipotecados, banca y sociedad en general (representada por el parlamento).
¿Soluciones?
Ante tanto desencuentro, era prácticamente imposible llegar a nada, ya no unánime (imposible) pero sí al menos consensuado.
Insisto: no se trata aquí de debatir si un señor en particular debía negociar con su respectivo banco para alcanzar una solución puntual (huelga decir que negociaciones bilaterales sí ha habido), sino qué debía hacer la sociedad en conjunto con un grave problema colectivo para llegar a una solución estructural.
En mi opinión, jamás se han reunido todas las partes para llegar a esa solución estructural. En mi opinión jamás se ha afrontado el debate sin apriorismos, sesgos ideológicos, analizando con rigor todos los pros y contras de todas y cada una de las opciones posibles. Y, por supuesto, jamás se ha consultado formalmente a terceros más o menos neutrales, unos pocos de los cuales se han desgañitado en intentar aportar algo de razón en el debate.
Sobre la mesa tenemos ahora dos «soluciones» que apenas si han sido careadas entre sí (hablo a nivel colectivo: por supuesto cada parte habrá hecho lo suyo… con sus sesgos, apriorismos y presiones varias). Y, sobre todo, no han sido careadas con otras alternativas. Que las hay.
Hemos construido una política binaria: o todo o nada. Una política que no hace propuestas, sino que las arroja sobre la cabeza del adversario. Una política, en palabras de Unamuno, de vencer, no de convencer.
Aunque las culpas no estarán simétricamente repartidas, el resultado es lo que cuenta. La política ha dejado de ser un espacio donde resolver problemas para pasar a generarlos: no solamente no resuelve «nada», sino que alimenta la confrontación y la crispación, con la consecuencia de alejar posiciones y radicalizarlas.
Me gustaría preguntar dónde puede encontrarse un espacio que recoja todas y cada una de las distintas problemáticas relacionadas con la vivienda. Dónde puede encontrarse un espacio que recoja todas y cada una de las distintas aproximaciones a esta problemática. Dónde puede encontrarse un espacio que recoja propuestas prácticas, que evalúe sus pros y sus contras, los logros que pretende alcanzar a cambio de qué renuncias. Y, por último, dónde puede encontrarse la escala de valores de cada partido y asociación a partir de la cuál uno pueda saber qué criterio se ha utilizado para escoger una u otra opción.
¿Hablamos de transparencia? Eso sería transparencia. ¿Hablamos de legitimidad? Eso sería legitimidad. El resto, por desgracia, es la nueva definición de política.
Decía el otro día en Escrache: entre el acoso y la inhibición de los representantes públicos que hay que mirar en el fondo de la cuestión del escrache más allá de las formas. Afirmaba, sí, que las formas son importantes, y que habría que delimitar el escrache al ámbito de la vida pública del representante político. Y que más allá de esto, el problema real era de falta de comunicación — de aptitudes y de medios — entre ciudadanos y políticos.
La realidad nos ha traído hoy un ejemplo paradigmático.
La primera impresión — y que mantengo — es si se puede abordar a un representante electo en su esfera privada, como esfera privada es este despacho de abogados para la diputada Dolors Montserrat. Personalmente me parece excesivo, como lo sería personarse en su domicilio particular o increparla un viernes por la noche mientras sale de cenar en un restaurante, por público que pueda ser el establecimiento o la calle donde está el mismo.
Sin embargo.
La pregunta es: mientras la diputada está dedicándose a sus «asuntos personales» en «horario laboral», ¿quién está preocupándose por los asuntos de los ciudadanos? ¿A quién y, sobre todo, dónde deben dirigirse los ciudadanos que tienen una consulta, una petición, una demanda, una queja o una propuesta?
No querría entrar aquí en el debate de si los diputados están mejor o peor pagados y si, en consecuencia, deben completar sus ingresos por otras vías. Esta es, en el fondo, una cuestión instrumental.
La cuestión de fondo es que las vías de diálogo están rotas. Y no solamente rotas, sino que son factualmente difíciles de restablecer si los ciudadanos y sus representantes políticos no comparten ni las preocupaciones ni los espacios donde debatirlas.
Porque es evidente que muchos ciudadanos y muchos diputados no comparten ni una cosa ni la otra.
Con ello, la heterodoxia acaba imponiéndose y Mahoma acaba yendo a la montaña. Si los diputados no están en el Congreso, es poco menos que comprensible que los ciudadanos vayan a buscarlos allí donde estén.
En un momento de su comparecencia, Colau se refirió al compareciente que la había precedido, Javier Rodríguez Pellitero, Vicesecretario General de la Asociación Española de Banca, en los siguientes términos: No le he tirado un zapato porque he entendido que debía seguir aquí. Este señor es un criminal, calificaciones que posteriormente valieron a Colau la censura del presidente de la mesa, el diputado Santiago Lanzuela:
El suceso, como era de prever, ha recibido gran atención, tanto por las formas de la primera como por la reacción del segundo. En mi opinión, no obstante, hay mucho más que analizar más allá de las formas, y es precisamente en la intervención de Lanzuela donde hay cuestiones de fondo en las que vale la pena detenerse.
Empezaré diciendo que, personalmente, no comparto el trato descalificador hacia Rodríguez Pellitero. Sea merecido el calificativo o no, empatice uno o no con la causa de la PAH y las personas que representa, el debate se encona y se esteriliza al faltar al respeto a los interlocutores, aún en el caso que estos hubieran podido faltar al respeto, de palabra o de obra, con anterioridad a otras personas. En este sentido, la censura del presidente de la mesa me pareció pertinente. Es, no obstante, una cuestión de formas donde cada uno tendrá una opinión y, por tanto, ni llegar a un acuerdo sobre la cuestión es probable ni tampoco muy importante.
Lo que merece más análisis, decía, es lo que se infiere de otras palabras de Lanzuela, que a mi parecer, apuntan a cuestiones de fondo y por tanto de mayor trascendencia.
En su interpelación, dice el presidente a Colau usted ha sido invitada aquí, ha venido usted invitada con toda cordialidad. Estas afirmaciones, aunque son formalmente correctas (sí, es el «Congreso» quien invita a alguien de «fuera» a ir allí), en realidad esconden un grave error de concepto. Dice el Art. 1.2. de la Constitución Española que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Técnicamente, no son los ciudadanos los que son invitados a asistir al Congreso: son los diputados los que han sido invitados por los ciudadanos a representarles en el Congreso.
Este giro semántico — que puede parecer una frivolidad para muchos — contiene en él las dos formas de entender un Parlamento: como el único lugar donde pasa la Política «con mayúsculas», o como un instrumento para hacer posible el ejercicio de la democracia con cierto nivel de eficacia y eficiencia, habida cuenta de que 47 millones de españoles no pueden coincidir en el espacio y en el tiempo para discutir todas y cada una de las cuestiones que les afectan como colectivo.
La segunda acepción es la que origina los parlamentos modernos ante la imposibilidad de reeditar la democracia griega. La primera acepción es la corrupción del concepto de política, ya que expulsa de él todo lo que no sucede dentro de las paredes del Parlamento: es política lo que sucede en el Parlamento y solamente lo que sucede en el Parlamento es política. Lo que pasa en la calle, no sabemos lo que es pero no es política.
Esta percepción de la política se refuerza con otra afirmación de Lanzuela:
Aquí, quienes estamos representamos a todos los españoles a través de unas urnas. Entonces usted viene con la legitimidad que crea usted adjudicarse con muchas firmas y con mucha gente. Aquí, los que estamos representamos a todos los españoles después de haber pasado por unas urnas y democráticamente respetando las reglas del juego democrático
El primer comentario es por construcción: cuando un diputado se legitima amparándose en las elecciones y en oposición a plataformas ciudadanas o a quien se manifiesta o protesta en la calle, ¿se da cuenta de que los ciudadanos que protestan y los ciudadanos que votan son en esencia la misma cosa?
El segundo comentario viene a reforzar lo ya mencionado más arriba: las elecciones, los parlamentos, la democracia representativa es una forma de canalizar los recursos para que la toma de decisiones sea más eficaz y más eficiente. Pero ello no excluye otras formas ni de debate, ni de participación ni, ni mucho menos, de toma de decisiones. La apelación a las urnas es, a menudo, una expropiación del ciudadano de las muchas otras formas que tiene de hacer política, que son suyas, que le pertenecen, sobre las que es totalmente soberano (la Constitución, recordemos), siendo el Parlamento solamente una, muy importante, pero en definitiva indirecta y subóptima (siendo el óptimo, claro está, decidir por uno mismo cuando ello sea posible).
Lanzuela denigra esas otras formas de hacer política por partida doble: con el repetido hincapié al «aquí» (en contraposición al «ahí fuera»), y poniendo en duda, condescendientemente además, no la representatividad de Colau sino la voluntad de un millón de personas al firmar una iniciativa legislativa popular, esa Cenicienta de la democracia a la que no se quiere invitar al baile.
El tercer comentario, con mayor carga moral y de especial relevancia en momentos de corrupción galopante, es la consideración de las elecciones como un préstamo o como un contrato con la ciudadanía, con el votante. Más que un cheque en blanco que expira a los cuatro años — que es como habitualmente se entienden las elecciones desde los cargos electos, y a las pruebas me remito —, un voto es un contrato por el cual el ciudadano presta soberanía a un candidato, que «vende» a cambio un programa electoral que luego (1) hay que llevar a cabo y (2) rendir cuentas sobre qué y cómo y hasta dónde se ha llevado a cabo dicho programa. Y ese contrato, insisto, es continuo, no discreto (de 4 en 4 años). Dado que las políticas toman su tiempo, y dado que las elecciones son costosas, el contrato se renueva automáticamente cada día por la mañana. Pero solamente si ambas partes han cumplido con lo acordado.
Cada vez que se utiliza la legitimidad de las urnas para justificar una suerte de superioridad moral de los cargos electos, habría que auditar si ese contrato sellado por esas urnas ha sido cumplido por ambas partes.
Toda esta reflexión ayuda también a comprender porqué el presidente de la mesa, ante la vehemencia de Colau, interpreta que nos ha hecho amenazas a los diputados y diputadas. Es tanta la distancia que han interpuesto algunos representantes públicos entre ellos y quienes dicen representar que las demandas de un grupo de ciudadanos se interpretan como amenazas.
Y es también de un sesgo descorazonador creer que todas y cada una de dichas demandas se dirigen contra un determinado grupo político u otro. Por norma general, a los ciudadanos no les importa quién lleve a cabo sus demandas, quién cubra sus necesidades, siempre y cuando aquellas se atiendan y estas se vean satisfechas. Que a menudo haya una coincidencia entre un tipo de demandas y un determinado color político no deja de ser una circunstancia, una mera cuestión instrumental. Y ayer, esa circunstancia, ese instrumento era Ada Colau, era la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que estaba en su casa, con toda la legitimidad del mundo.
