ICTlogy

La revolución digital ha puesto en nuestras manos toda una nueva caja de herramientas para la gestión de la información y las comunicaciones. Esta nueva caja de herramientas, sin embargo, tiene un potencial tan extraordinario que ya hoy está transformando —y no sólo reformando— muchísimas de las tareas y actividades que las personas hacemos, especialmente aquellas que suponen la interacción de varios actores. Como la toma de decisiones colectivas.

Este enorme potencial transformador viene de dos características de estas nuevas herramientas. Por un lado, hacen que aquello con lo que trabajamos para la toma de decisiones tenga un coste mucho menor que sin estas herramientas. Así, el acceso a la información y la posibilidad de generar debate a su alrededor se han vuelto dramáticamente menos costosos que cuando teníamos que coincidir en el tiempo y en el espacio, así como distribuir la información en soportes físicos, como el papel. Por otra parte, porque las herramientas mismas tienen un coste también dramáticamente inferior a sus contrapartes del mundo analógico: toda la infraestructura física necesaria para informarse, tomar decisiones y evaluarlas está ahora al alcance de cualquier persona gracias a su virtualización.

Podemos afirmar, sin exagerar demasiado, que se han democratizado las herramientas de la democracia. El diagnóstico de las necesidades de una comunidad puede ser hoy mucho más plural a través de las pequeñas pero numerosas contribuciones personales de sus miembros, más allá de las que puedan hacer sus portavoces y representantes. La identificación y ponderación de las posibles alternativas para cubrir una necesidad puede ser hoy mucho más rica a través de la concurrencia en la deliberación de más actores, mejor informados y con sus razones mejor fundamentadas. La evaluación final del impacto, eficacia y eficiencia de las decisiones tomadas puede ser hoy mucho más transparente y precisa gracias a la facilidad para publicar tanto los protocolos seguidos como los datos de los indicadores para hacer las diferentes valoraciones.

Esta nueva caja de herramientas sigue necesitando la facilitación de las instituciones. Más que nunca.

Las instituciones deben aportar el contexto que nos permita comprender mejor las necesidades y soluciones en relación a los diferentes actores implicados, y en consecuencia, a elegir mejor las herramientas a utilizar para la toma de decisiones.

Las instituciones deben facilitar la creación de espacios de deliberación, tanto físicos como virtuales —o mejor aún, híbridos— que permitan una deliberación informada y de consenso.

Las instituciones deben contribuir a fomentar la toma de decisiones colectivas, allí donde sea más adecuado que pasen —de forma centralizada o distribuida—, en los mejores espacios y con el contexto adecuado. Y deben hacerlo aportando los recursos necesarios y que a menudo sólo están a su alcance: datos e información, conocimiento y capital humano, infraestructuras, recursos materiales y financieros.

De entre todas las herramientas de esta nueva caja, hay que destacar especialmente el software libre y los datos abiertos.

Ambos permiten tres cuestiones capitales en una toma de decisiones que cada vez será más globalizada e interdependiente.

Por un lado, favorecen la escalabilidad. Permiten poder adaptar el tamaño de las herramientas a la medida del proyecto, pudiendo verter los recursos poco a poco, sin sufrir ninguna limitación en su crecimiento.

Por otra, favorecen la replicabilidad. Permiten poder repetir las experiencias de éxito en otra parte, aprovechando los conocimientos e infraestructuras y así optimizando las inversiones.

Por último, favorecen la interoperabilidad. Permiten los recursos y los actores pueda aplicarse allí donde hacen falta, sin tener que duplicar, trabajando horizontalmente y de forma distribuida pero para un mismo fin global.

Las cajas de herramientas, sin embargo, no aparecen de la nada. Que las haya, que circulen o que sean accesibles y fácilmente reutilizables será uno de los papeles fundamentales —como lo ha sido desde que tenemos democracias modernas— de las instituciones. Así, las instituciones han contribuido a la creación y mantenimiento de todo un ecosistema de infraestructuras para la democracia compuesto por gobiernos, administraciones, parlamentos, partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Del mismo modo las instituciones, en beneficio de los ciudadanos y en el suyo propio, harán bien de invertir en las nuevas infraestructuras de la democracia: el software libre y los datos abiertos. Una nueva caja de herramientas para una nueva democracia. Un nuevo ecosistema que, más allá del cumplimiento de las leyes, debe comportar una nueva manera de hacer ajustada al nuevo paradigma de la Sociedad de la Información: el Gobierno Abierto.

Capítulo en PDF:
Peña-López, I. (2016). “Les noves infraestructures de la democràcia”. En Xarxa d’Innovació Pública (Coord.), Programari lliure i de codi obert – Societat lliure i govern obert, 6-7. Barcelona: Xarxa d’Innovació Pública.

Libro entero en PDF:
Xarxa d’Innovació Pública (Coord.) (2016). Programari lliure i de codi obert – Societat lliure i govern obert. Barcelona: Xarxa d’Innovació Pública.

¿Es la cultura un bien de interés general? ¿Qué tipo de cultura queremos? ¿Hay que pagar por ella o debería ser gratis? Creo que estas son preguntas que habría que hacerse (y responderse) antes de lanzarse a tumba abierta sobre algunos debates apasionados, aunque poco apasionantes por lo enrocadas de las posiciones, sobre si la razón la tienen las discográficas, los creadores, los consumidores, los ciudadanos, o ninguno de ellos.

Simplificando mucho, una primera opción consiste en considerar la cultura como un bien de interés general: es bueno que tengamos cultura, y cuánta más mejor. Una segunda opción es considerar los bienes y servicios culturales como un bien/servicio de consumo como cualquier otro: la cantidad de bienes y servicios culturales y su precio se decidirán, entonces, por la ley de la oferta y la demanda.

Por otra parte, y al margen de las consideraciones de corte más filosófico sobre la cultura, existe otro plano de debate, y es si, de forma efectiva, la cultura es un bien público o no lo es, entendido eéste como aquél que no tiene rivalidad en el consumo — el bien no se agota al consumirse, p.ej. sintonizar una emisora de radio no la «gasta» para los demás — y obedece al principio de no exclusión — no podemos evitar que los demás lo consuman, siendo el ejemplo más típico el de la defensa de un país: uno es defendido sí o sí por el ejército tanto si paga como si no. Esta última cuestión (hay rivalidad y/o exclusión) es lo que a menudo determina quién paga: todos, algunos o «nadie».

Crucemos ambas variables:

Estas son, a grandes rasgos, las opciones que hay para costear la cultura (si hay más, animo a que se pongan en los comentarios), ya sean conocidas con este nombre o con otros distintos.

Algunos comentarios sobre la tabla.

La gran diferencia entre bien privado y bién público es que, al final, el bien o servicio cultural queda para el disfrute de cualquiera en el primer caso mientras es restringido en el segundo. De ahí, por ejemplo, la diferencia entre Suscripción y Crowdfunding, donde he interpretado este segundo como aquella modalidad donde unos pocos pagan (como en una suscripción) pero el resultado final queda abierto al público tanto si ha pagado como si no. Así, el modelo de creación cultural de la Revista Orsai es, aparentemente, la suscripción de toda la vida. No obstante, el hecho de que el resultado final se publique digitalmente en abierto, el modelo de producción detrás de la revista, el ajuste a costes y ausencia de márgenes, etc. hacen del modelo uno muy singular.

Otro aspecto a considerar es cuando el coste lo soporta el creador. Este es un concepto que lleva fácilmente a equívoco. En algunos casos (p.ej. un académico compartiendo los artículos que ha publicado) es claramente un caso no de costeo por el creador, sino de pago por parte de todos: va (o debería ir) en el sueldo del profesor de universidad pública. En otros casos, es una asunción de los costes pero no como gasto, sino como inversión: el autor decide publicar una o parte de la obra para promocionarse y recuperar la inversión más tarde (más entradas de conciertos, invitaciones a conferencias y tertulias, encargos de escritor a sueldo, etc.).

Cuando abogamos por ni pagar por un bien cultural de forma directa comprando un libro, entradas, etc., ni de forma indirecta a través de una subvención o un gasto público (p.ej. el encargo de una escultura, la construcción de un auditorio público), lo que estamos promoviendo es la creación cultural del aficionado. Esta no tiene porqué ser de menor calidad que la del profesional, pero sí vendrá limitada por la disponibilidad de recursos (tiempo y dinero) del aficionado que, con toda lógica, priorizará lo que le pague la hipoteca o el alquiler.

En el polo opuesto tenemos el caso del Canon, es decir, un bien privado o con disfrute limitado a unos cuantos, pero pagado por todos — recordemos que el Canon es compensación por la copia privada de quién ya tiene la creación cultural, no el permiso a quien no la tiene a obtenerla sin pasar por caja). Entendido así, el Canon es una aberración conceptual comparable a un sistema educativo o sanitario financiado públicamente y disfrutado solamente por unos cuantos.

Llegados a este punto, creo que es necesario separar tres debates muy distintos.

1. Decidir, de una vez, si queremos fomentar la cultura o apoyar la industria cultural, dos cuestiones diferentes. En función de la respuesta, los modelos a promover o a explorar pueden ser también muy distintos.
2. Dentro de lo que es el apoyo a la industria, seguramente será necesario regular el sector. Esta regulación debe hacerse con vistas a dos cuestiones básicas: la primera, que debe regular todo el sector, y no solamente parte de él. O, dicho de otro modo, debe tener en cuenta todos los modelos de explotación de los bienes y servicios culturales, y no solamente unas determinadas opciones.
3. Por último, y también dentro del ámbito normativo, es que esta regulación debe hacerse teniendo en cuenta otras regulaciones y otros derechos con los que pueda interferir. Y, en el caso de haber interferencias, ver si puede haber diseños normativos compatibles o bien si hay dilemas irresolubles donde haya que priorizar una norma o derecho por encima de otra.

Hoy en día, el debate alrededor de la cultura es un cacareo sobre todo y sobre nada en concreto, donde se mezclan problemas y categorías alegremente para obtener, como resultado, dos frentes enrocados en sus (sin)razones. A veces, hay nudos gordianos que deberían ser posibles de deshacer sin tener que cortar por lo sano.

En su toma de posesión como nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo ha hecho mención al proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones que tuvo lugar en España entre 1996 y 1997:

«En 1996, siendo subsecretario de Fomento, iniciamos un proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, que en ese momento tuvo alguna contestación y demostró que lo que hacía era liberalizar un potencial de crecimiento fundamental para la economía española», ha subrayado Calvo-Sotelo, quien ha añadido que hoy el sector es «mucho más amplio, potente y eficaz».

En mi opinión, el nuevo Secretario de Estado confunde las críticas al qué por las críticas al cómo. O, dicho de otro modo, confunde las críticas a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones por las críticas a la privatización de Telefónica. Dos cuestiones relacionadas pero muy distintas.

No comparto la forma como se llevó a cabo la privatización de Telefónica por varias razones, todas ellas con un factor común: se privatizaron tanto las infraestructuras como la provisión de los servicios de telecomunicaciones.

Mientras la abundante literatura científica es contundente sobre la bonanza de liberalizar la provisión de servicios de telecomunicaciones — a mayor oferta mayor competencia, mejores servicios y mejores precios — también la literatura advierte del riesgo de privatizar las infraestructuras: primero, porque, por su carácter estratégico, deberían permanecer en manos públicas; segundo, porque por precisamente ser de propiedad pública, suponen un patrimonio que no habría que malvender y/o renunciar a las rentas que pueda generar en un futuro; tercero, y más importante, porque los nuevos propietarios en el sector privado no tendrán incentivos para mantenerlas y mejorarlas, como se demostró en el sistema ferroviario del Reino Unido o la red eléctrica norteamericana.

Por otra parte, la liberalización de hizo de forma parcial — como, de hecho, no podía ser de otra forma, al venir el sector de un monopolio natural con un único operador incumbente. Llevamos 15 años desde el inicio del proceso y todavía el mercado de telecomunicaciones español dista mucho de ser un mercado en competencia perfecta. Las multas por prácticas contra la competencia que Telefónica suma en su haber y, ante todo, el panorama de precios (de los peores de la OCDE) son la prueba más fehaciente.

Así, las contestaciones a las que Víctor Calvo-Sotelo se refiere no fueron al hecho en sí de liberalizar el mercado de telecomunicaciones — que se ha demostrado que es positivo —, sino a la forma de hacerlo — que se ha demostrado que fue pésima. No comprender esto es condenarnos a seguir en un mercado de las telecomunicaciones caro, ineficiente y poco eficaz. Como el que tenemos ahora.