ICTlogy

Red.es acaba de publicar el informe Las TIC en los hogares españoles. Encuesta panel 25ª oleada, III Trimestre 2009 Julio-Septiembre con los últimos datos de adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de los ciudadanos.

Algunos destacados:

• El 65% de los hogares dispone de algún ordenador
• Un 61,2% de personas ha entrado alguna vez en Internet
• El 46,7% de personas han accedido a Internet durante la última semana
• Un 45,2% de la población no usa / sabe usar hojas de cálculo
• Un 49,4% de la población no usa / sabe usar el correo electrónico
• Un 11,3% de los usuarios de Internet mayores de 15 años considera Internet más bien difícil o muy complicado de utilizar
• Para un 10,6% de los usuarios de Internet mayores de 15 años Internet no ha cumplido sus expectativas o, simplemente, le ha defraudado
• Un 64,5% de los usuarios de Internet mayores de 15 años no lee blogs, nunca
• Un 22,4% de los usuarios de Internet mayores de 15 años ha contactado con la Administración Pública a través de Internet alguna vez. De estos, más de la mitad lo han hecho por temas fiscales y más de un tercio por temas sanitarios, de empleo público o becas.

Ante todo, lo primero que hay que destacar es que, aunque poco a poco, la tendencia es buena: teniendo en cuenta el marco de crisis económica en la que nos encontramos, no sería de extrañar que la evolución de algunos indicadores incluso hubiese mostrado signos negativos. No es así, y eso es bueno.

Pero lo que nos hace avanzar es ver qué podría ir mejor. Algunas reflexiones a vuelapluma:

• Aunque el número de hogares con Internet en casa y el número de internautas sigue creciendo, es también clara una tendencia hacia la desaceleración de la tasa a la que esto ocurre. Por supuesto, es normal que las dichas tasas bajen a medida que nos acercamos al 100% de adopción. El problema es que todavía estamos muy lejos de la total adopción y da la impresión que no tendemos hacia el 100% sino a una estabilización por debajo de ese número.
• Aunque mucha gente utiliza ya Internet, menos de la mitad lo hacen a ritmo semanal y muchos menos lo hacen a diario. Para muchas personas, la Sociedad de la Información es algo que sucede una vez por semana o menos.
• Las competencias digitales son alarmantemente bajas, a la vez causa y consecuencia del todavía bajo nivel de adopción de ordenadores e Internet en el hogar.
• Peor aún: uno de cada diez usuarios de Internet considera que o bien su uso es difícil o bien no tiene sentido. En el mejor de los casos, hablamos de la misma personal. En el peor de los casos, un 20% de usuarios están en la tesitura de seguir utilizando servicios de la Sociedad de la Información o abandonar.
• El potencial democratizador de los blogs es, por ahora, eso, un interesante potencial. Apenas un 21% del total de la población lee blogs escritos por el 8% de la población. No parece una democracia muy plural.

En mi opinión, y a la vista de estos datos, las políticas públicas de fomento de Sociedad de la Información deben centrarse en dos grandes ejes:

• Dar sentido a la Red. Para ello, creo que hay que diseñar estrategias de tipo «pull», que generen demanda, donde el impulso a la Administración Electrónica (y otros servicios electrónicos del sector privado) debe ser fundamental.
• Capacitar a los ciudadanos para que puedan ser digitalmente competentes. Hay que desplegar políticas que vayan mucho más allá del acceso físico y se enfoquen en una visión comprehensiva de las competencias digitales que posibiliten un uso efectivo de las TIC y un empoderamiento del ciudadano.

Freedom House es una fundación norteamericana con una histórica reputación en la defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión.

Freedom House publica los también reputados informes Freedom in the World y Freedom of the Press donde, respectivamente, se analiza el respeto que en el mundo se tiene a los derechos humanos y a la libertad de prensa.

En 2009, Freedom House otorgó a la Venezuela de Hugo Chávez el dudoso honor de ser un país «parcialmente libre». En una escala del 1 al 7 (1, máximo nivel de libertad; 7, mínimo nivel de libertad), Venezuela obtuvo un 4 en el índice de derechos políticos y un 4 en el índice de libertades civiles. Dudas sobre la transparencia política, favoritismos, militarización de la sociedad o el empeoramiento de las relaciones diplomáticas son algunos de los motivos que, según Freedom House, hacen de Venezuela un país poco libre.

Si el país en general es poco libre, la prensa allí lo tiene peor. En una escala del 1 al 100 (100 el grado de libertad más bajo), Venezuela, con un 73, se considera un país no libre para la prensa. No se considera que Venezuela tenga ni un marco legal que favorezca la libertad, ni un marco político que favorezca la libertad, ni un marco económico que favorezca la libertad.

Ahora, el presidente Hugo Chávez intensifica su cruzada contra Internet, y tergiversando las palabras Angela Merkel que pedía que en Internet se cumpla la Ley, Chávez soflama contra sus críticos y manifiesta abiertamente su deseo de censurar sus libertades.

Visto el historial de alguien que, antes de ser presidente electo, fue militar golpista, y ha ido paulatinamente minando las libertades de sus ciudadanos, no sé de qué nos sorprendemos.

Encuentro en Zunia el documento de la OCDE The Financial and Economic crisis: Impact on E-government in OECD Countries. El informe recoge cómo los distintos miembros de la OCDE han adaptado su estrategia de Gobierno Electrónico a causa de la crisis económica.

Contra lo que se suele pensar — que las estrategias de gobierno electrónico son una carga añadida al día a día — los países han respondido a la crisis reforzando o acelerando la implantación de sus respectivas estrategias en esta cuestión. Es más, en muchos casos, la estrategia de gobierno electrónico forma parte de los planes anti-crisis de dichos países.

Entre los principales resultados del gobierno electrónico para luchar contra la crisis se espera que:

• se reduzcan los costes presupuestarios;
• aumente la eficiencia y la eficacia, aumentando la productividad;
• se reduzcan los trámites administrativos;
• mejore la coherencia y la calidad en la provisión de servicios públicos;
• haya mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana;
• se estimule el sector privado gracias al gasto público en tecnologías de información y la comunicación;
• haya un impacto positivo en el medio ambiente (green IT).

El informe va más allá e intenta ligar el corto con el largo plazo, o dicho de otro modo, la recuperación económica en el corto plazo con las inversiones en el largo plazo:

• aumentando el rendimiento y reduciendo los gastos inútiles en el sector público;
• invirtiendo estratégicamente en áreas clave de gobierno electrónico nuevas e innovadoras;
• acelerando el gasto público en gobierno electrónico;
• reconstruyendo la confianza con el ciudadano;
• mejorando la calidad de los servicios públicos;
• transformando el sector público a través del gobierno electrónico.

Nos quedamos con las ganas de saber la opinión de España en estas cuestiones, ya que la OCDE no recibió nuestras respuestas. Una lástima, porque como ya hemos comentado, España tiene mucho que decir en materia de gobierno electrónico.

Parece que donde dije digo digo Diego y que el Gobierno da marcha atrás en su intención de regular Google.

Parece también que se van aclarando (o no) las razones por las cuales el ministro Miguel Sebastián defendió la mordida de las operadoras a los proveedores de servicios por Internet, a saber, que había que luchar contra el riesgo de prácticas monopolísticas por parte de estos últimos.

Se me escapa la lógica de luchar contra prácticas monopolísticas favoreciendo el oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones, que no beneficiará al consumidor, sino que trasladaremos el beneficio de un mercado imperfecto a otro de tan o más imperfecto.

Hay algunas frases del artículo de El País que merecen ser comentadas. Vamos allá.

Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe.

Es decir, vamos a hacer que el beneficio que el monopolio sustrae del consumidor se lo repartan entre todos. Entre todas las grandes corporaciones del sector TIC, claro. No tiene nada que ver controlar un monopolio con repartirse sus beneficios. De hecho, son conceptos totalmente opuestos: o intentamos que el mercado sea más competitivo, o nos repartimos el pastel. En la nueva versión del documento parece que, por fin, se centra en combatir el riesgo de monopolio (de Google, que lo hay).

Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones.

Bien, vayamos por partes. Los intermediarios sí deben captar clientes: sus clientes, los clientes que usan sus servicios. Google, como otras empresas, seguro tiene una estrategia (y unos costes asociados) para captar clientes para sus productos. En ningún caso, sin embargo, su producto es que la gente se conecte a la Red, sino que, una vez se han conectado usen su buscador y no otro.

Por otra parte, las telecos deben conseguir que la gente se conecte a Internet (a lo que contribuye mucha publicidad del gobierno, por cierto, cosa que celebro), usen o no Google, Yahoo o Bing.

Es como si un hospital se quejara que el bar de urgencias se lucra a costa de sus «clientes». Cada cual a lo suyo.

Respecto las infraestructuras, el ejemplo del hospital sigue siendo válido: ¿debe el bar de urgencias pagar el equipo de la UCI? Al fin y al cabo, a mejores UCI, más gente en su bar… ¿no?

Pero pongamos un ejemplo más serio. Las universidades suelen tener tecnología punta para hacer su investigación: microscopios, espectrómetros, salas blancas, etc. Instalaciones que suelen alquilar (con o sin personal) a empresas que necesitan hacer experimentos o tests. La universidad calcula el coste de amortizar dichas infraestructuras y carga un tanto en la tarifa por utilizar el servicio. Si el microscopio vale más dinero, tanto más cuesta utilizarlo.

Pero jamás de los jamases (salvo que haya un convenio de colaboración, claro) se quedará la universidad un tanto por ciento de los beneficios que una empresa externa tenga por haber utilizado dicho servicio. Y mucho menos tendrá derecho a quedarse con las patentes que pudiesen derivarse de ello.

Si las telecos creen que deben invertir demasiado en infraestructuras, que carguen los costes de la inversión y su amortización en las tarifas. Lo hace todo el mundo, los transportistas los primeros, cuya actividad es harto parecida a la de las telecos.

Y si el Gobierno cree que los servicios que prestan los intermediarios se enmarcan en un mercado con competencia imperfecta, que actúe sobre ese mercado.

El resto, en mi opinión, es mezclar las cosas.

Mañana estoy (si la salud lo permite) en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Internacional de Catalunya, para dar una charla en la asignatura de Infotecnología que lleva Carlos González. El objetivo general es dar algunas pinceladas sobre cómo está cambiando el tablero de juego en el que vivimos, qué está significando este paso de una Sociedad Industrial a una Sociedad de la Información.

Mi enfoque será, necesariamente, muy economicista. Hablaré, pues, lo menos posible de Comunicación y Periodismo e intentaré centrarme, en cambio, en el contexto en el que se sitúan o situarán estas disciplinas sino en el presente sí, creo, en un futuro muy próximo.

Como hice en mi charla Goverati: ¿Una alternativa a la democracia representativa?, dividiré la misma en tres partes:

1. Una brevísima introducción a la Economía, qué supuso la Revolución Industrial y cuál es el fundamento de la Revolución Digital;
2. una parte «tecnoeufórica», y en algunos casos deliberadamente demagógica, sobre cómo puede cambiar la Comunicación y el Periodismo en los próximos años, basándonos, eso sí, en ejemplos reales y de éxito contrastado;
3. y una última parte con todos los «peros», especialmente las múltiples caras de la brecha digital, las competencias digitales y algunas cuestiones que quedan fuera de lo digital pero no menos importantes (p.ej. el necesario papel del editor, modelos de negocio, etc.).

Aquí la presentación para mañana:

Accedo — por diversas vías — al documento ¿Cómo combatir las violaciones de la propiedad intelectual y los contenidos xenófobos y racistas y de pornografía infantil en internet? (PDF), leo algunas de las reacciones (1, 2, 3, 4, 5) y mi sensación es más de desazón y desconcierto que de oposición o ira, como en la mayoría de los casos.

Después de leer el texto, no me queda clara la lógica interna del mismo ni el propósito final:

• No entiendo por qué se han escogido estos tres temas — pornografía infantil, racismo y xenofobia, propiedad intelectual — y no otros.
• De hecho, no entiendo por qué se mezclan, en mi opinión categorías con casos particulares
• Por último, tampoco entiendo por qué se apunta una solución y no todas… o ninguna, habida cuenta que el objetivo parece ser iniciar un debate sobre las cuestiones anteriores.

Es decir: si se quería tratar de los contenidos en Internet que puedan ser constitutivos de delito, la lista debería ser más larga:

• Menores
• Racismo y xenofobia
• Sexismo y género
• Religión e ideología política
• Libelo y difamación en general
• Etc.

Por supuesto, la propiedad intelectual no entra en esta lista, ya que la propiedad intelectual habla de los derechos sobre un contenido, no sobre qué dice ese contenido (p.ej. podemos amenazar de muerte a los inmigrantes en una página web con contenido que hemos generado nosotros mismos o contenido que hemos sacado de otra página y cuyo uso no nos ha sido autorizado).

Si queremos entrar en materia de propiedad intelectual, el enfoque debe ser mucho más amplio y, en lugar de enfocar en el contenido en sí, enfocamos en categorías mucho más generales. Por ejemplo:

• Seguridad: suplantación de identidad, estafa, phishing, pharming…
• Privacidad: libelo, acoso, extorsión, derecho a la propia imagen, honor, divulgación información personal… (los casos que mencionábamos al principio se enmarcan básicamente en esta categoría y la anterior, ya que las atraviesan transversalmente)
• Propiedad intelectual: copia, comunicación, utilización de marcas…
• Derecho laboral: vigilancia en el trabajo, extensión de la jornada laboral y conciliación…
• Etc.

Seguramente estas dos clasificaciones no son muy exactas, pero la única intención al hacerlas es ejemplificar que el documento presentado ante la UE es, como poco, parcial. Si es parcial por interés o por ignorancia, eso ya no lo sé. Pero creo sinceramente que será difícil elaborar debate alguno sobre los temas candentes en materia de Derecho e Internet a partir de él habida cuenta de lo que yo considero que son fallos estructurales básicos.