Comentan los medios que Mario Monti y Lukás Papapidmos — Primer Ministro de Italia y Grecia, respectivamente — no son políticos, sino tecnócratas. ¿Es eso bueno o malo? ¿Hace falta? ¿Son de derechas o son de izquierdas?
El pasado once de noviembre me entrevistó respecto a esta cuestión el periodista Xavier Muixí para las noticias de Barcelona Televisió. Esta es la entrevista (en catalán) y, a continuación, las principales reflexiones respecto al tema de los tecnócratas.
Significado original del término: un poco de historia
La tecnocracia es el gobierno de los científicos, de los sabios, de la razón, por encima de los valores morales y religiosos o de las ideologías políticas. En otras palabras, se trata de dejar la superchería y las intuiciones de lado a la hora de gobernar, fundamentar las decisiones en los datos y el conocimiento.
El origen del término es de principios del s.XX en el marco de los movimientos obreros de los EUA. Sin embargo, el ejemplo paradigmático de tecnocracia lo tenemos en la planificación de la economía y los planes quinquenales que caracterizaron la mayor parte de la política (económica) de la extinta Unión soviética.
Si nos remontamos en el tiempo, podemos también encontrar la esencia de la tecnocracia en el pensamiento de la Ilustración o incluso en la Revolución Científica y la necesidad de gestionar eficiente y eficazmente los crecientes estados e imperios.
Personalmente, me gusta pensar en Nicolás Maquiavelo y su moderno pensamiento político como el primer tecnócrata.
Significado hoy: apuesta por el libre mercado
A grandes rasgos, el término hoy en día sigue significando lo mismo: la ciencia al poder. En este sentido, podríamos cualificar al Ministro de Educación Ángel Gabilondo como un tecnócrata en el ámbito de la educación, dada su larga formación y experiencia en el ámbito, y a la Ministra de Sanidad Leire Pajín una no-tecnócrata, dado que su formación y experiencia no pertenecen al ámbito de las ciencias de la salud.
En el ámbito de lo económico, la tecnocracia significa dejar que la economía se autoregule sin imponerle restricciones derivadas de las ideas políticas, actuando solamente allí donde haya que equilibrar las ecuaciones que dicta la ciencia económica.
No obstante, esta definición que aparentemente apuesta por la neutralidad de la ciencia es, en realidad, todo menos neutral. Por dos motivos:
La economía, como todas las ciencias sociales — y especialmente en comparación con las llamadas ciencias exactas — es una ciencia que trabaja con muchas variables y la mayoría de ellas desconocidas y solamente aproximables por sus efectos. La economía es una ciencia que tiene dificultades al medir con exactitud los fenómenos, le resulta tremendamente complicado hacer predicciones fiables y, sobre todo, tiene la absoluta imposibilidad de repetir los experimentos en igualdad de condiciones. Por supuesto, ello no invalida la labor de los economistas — que deben lidiar con semejante panorama metodológico — pero sí cuestiona una tecnocracia estrictamente basada en la economía (como ciencia, como razón) sin ponderar sus debilidades.
En economía — como ciencia social e inexacta muy sujeta a interpretaciones distintas, a veces opuestas, a menudo complementarias — hay dos grandes corrientes: por una parte, la que dice que la economía (los mercados, las empresas, el trabajo) debe fluir sin intervención externa (los gobiernos, los sindicatos) para que se autoregule o auto equilibre; por otra parte, la que asegura que esa autoregulación y esa falta de intervención externa impedirá que, precisamente, se llegue a un estado óptimo entre variables y agentes económicos. La primera opción, a veces llamada laissez faire (del francés: dejar hacer) es, en esencia, lo mismo que propone la tecnocracia: dejar hacer a la ciencia. Dado que, sin embargo, hay dos grandes corrientes, esa tecnocracia no es neutral, sino que apuesta fuertemente por una de esas corrientes.
La tecnocracia (en economía), tal y como la entendemos hoy en día, es una clara apuesta por la teoría económica neoliberal, y no es, en absoluto, una apuesta por una inexistente e inalcanzable neutralidad en política económica.
Por cierto, esto no es bueno ni es malo, sino que dependerá de la ideología de cada uno el grado en que comparta una determinada visión de la economía. No obstante, es bueno que llamemos a las cosas por su nombre.
Sin embargo, lo que, en mi opinión, es más grave el viraje hacia esta tecnocracia no es tanto si se llevarán a cabo políticas más de «derechas» o de «izquierdas» (como he dicho, va a gustos) por parte de estos mal llamados tecnócratas, sino dos cuestiones de mucho mayor calado: la puesta en evidencia de la incapacidad (en el sentido de falta de facultades) de muchos políticos profesionales y la reducción de la calidad democrática.
La incapacidad de los políticos y la calidad de la democracia
Si bien es cierto que la teoría económica no es una ciencia exacta, también es verdad que hay muchas cuestiones económicas que son verdades objetivas o totalmente consensuadas. Por ejemplo, que el saldo de una cuenta es la diferencia entre ingresos y gastos. Esta — como muchas otras — es una cuestión que no genera debate.
La urgente necesidad de cubrir algunos puestos de toma de decisiones con expertos en economía esconde, a menudo, una cuestión grave: quien antes los ocupaba no estaba preparado para llevar a cabo su tarea, no comprendía esas verdades objetivas mínimas que son las herramientas básicas para trabajar. Es muy distinto tomar decisiones que acaban generando resultados indeseados no esperados que tomar decisiones simple y llanamente erróneas.
Es muy distinto apostar por un sistema de subvenciones a un determinado sector — o apostar por eliminarlas — y que los resultados se desvíen de lo previsto por una serie de imponderables, que basar ese mismo sistema en una inexistente política de ingresos para sufragar los gastos que genera. Por poner un ejemplo genérico y donde todos han caído.
Determinados niveles de los gobiernos deben saber de economía y leyes (e idiomas) para optar a sus cargos, así como de sus especialidades cuando su cargo sea dentro de una rama específica.
¿Es esto aristocracia y no democracia? ¿Vetamos, así el acceso a la política a determinados colectivos? En absoluto, pero:
Ante el derecho de un ciudadano de representar a sus conciudadanos está también la responsabilidad de hacerlo bien. De prepararse, de mejorar para ser más eficaz y eficiente en el ejercicio de su derecho.
Ante el derecho de un ciudadano de representar a sus conciudadanos está también el de sus conciudadanos de escoger la opción más preparada. Soprendentemente pedimos certificados y títulos al instalador del gas para no saltar por los aires, y no nos importa que un gobernante haga saltar por los aires el país por falta de preparación.
Además, nos hemos acostumbrado al discurso de que el político hace política y el técnico hace cosas técnicas, como si política y técnica o conocimiento fuesen excluyentes: el político no tiene porqué saber de cuestiones técnicas y el técnico, por lo visto, no puede tener ideas o ideologías propias.
Si tuviésemos políticos más preparados serían capaces de poner en movimiento sus ideas de forma personal, entendiendo las consecuencias más probables de sus propuestas y tomando los riesgos con mayor fundamento. Las carencias intelectuales al final se pagan, o bien porque el político no comprende o bien porque, tratando de comprender, se toma tanto tiempo que llega tarde.
Y lo peor de todo, es que esa escasa preparación del político — y a menudo honestidad, pero esta es otra cuestión — no solamente supone costes económicos, sino democráticos: la imposición por terceros de tecnócratas en los puestos de toma de decisiones es un ataque frontal a las reglas del juego democrático, con independencia de la mayor o menor simpatía que uno tenga a los recién llegados porque crea que lo harán mejor o porque puedan gustar más. Es la mala preparación de muchos políticos lo que a menudo abre las puertas a muchos tecnócratas impuestos desde fuera del sistema democrático. La vindicación, como sucede a menudo, empieza por uno mismo.
Transparency International ha publicado la edición de 2011 de su Corruption Perceptions Index, un índice compuesto que calcula la percepción de corrupción en un país a partir de otros índices de otras 13 organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Freedom House o la Economist Intelligence Unit. Muchos de estos índices son criticados por su subjetividad y sus sesgos, así que lo que indica el Corruption Perceptions Index debe tomarse con cautela. No obstante, puede darnos alguna idea de, al menos, cuál es la tendencia.
Y, en España, la tendencia de la percepción de la corrupción es a peor. Si bien la posición en la lista del total de países debe tomarse todavía con más cautela — aunque la lista ha ido cambiando desde 1995, no lo ha hecho en demasía en los últimos años — la cuestión es que España empeora desde 2002. En lo referente a la puntuación — donde España compite consigo misma — España empeora desde 2004 en adelante.
He realizado el ejercicio de sobreponer la evolución del índice de percepción de la corrupción en España para el período 1995-2011 con el color del gobierno del Estado. El resultado da para muchas interpretaciones. Y más si tenemos en cuenta lo denunciado en el Corruptódromo, el mapa de la corrupción en España. Según este mapa — creado a partir de casos reales y datos objetivos — la corrupción está bastante repartida en lo que a grandes partidos se refiere. Básicamente, la línea general es: allí donde se gobierna, hay corrupción, aunque algunos no conocen fronteras.
Si la corrupción afecta más o menos por igual a los grandes partidos (o mejor dicho, si los grandes partidos son más o menos igual de corruptos), la pregunta del millón es, pues: ¿Por qué mientras gobierna el PP la percepción de corrupción decrece y cuando gobierna el PSOE la percepción de corrupción se incrementa? Algunas respuestas, sin orden alguno, de todos los colores e incluso contradictorias:
No es el partido en el gobierno, es la crisis, que hace crecer la percepción de corrupción. Puede valer de 2008 en adelante, pero difícilmente desde 2004.
Es culpa del PSOE, que es más corrupto. Cuadraría con el mínimo que se registra justo antes de la primera presidencia de José María Aznar. Pero no parece casar con los datos del Corruptódromo.
Es gracias al PSOE, que lucha más contra la corrupción. Un gobierno que lucha más contra la corrupción es, con toda la probabilidad, quien hace aparecer más casos y, con ellos, se eleva la percepción de corrupción.
Es el PP, que lo tapa mejor. Una estructura más jerárquica del partido y unos lazos más estrechos con los poderes económicos y judiciales harían verosímil esta hipótesis: a más concentración de poder, más difícil que se filtren los casos de corrupción y, así, menor percepción.
No hay relación de causalidad. Es simple coincidencia. Podría ser.
En cualquier caso, con lo que cuadra perfectamente la gráfica de percepción de la corrupción en España es con lo que ya comentábamos en Quiénes y cuántos son los indignados: delimitando la protesta al presentar el barómetro político y electoral del CIS: en opinión de muchos ciudadanos, desde 2004 los políticos se han convertido en parte del problema y no en parte de la solución.
El entretenimiento online y sus implicaciones en campos como el régimen jurídico de la comunicación audiovisual, responsabilidad de los intermediarios, aspectos legales de publicidad, el derecho de los videojuegos y de las apuestas online, redes sociales, publicidad basada en comportamiento, privacidad y protección de datos, difamación y violación del derecho a la intimidad, protección de menores, propiedad intelectual, nuevos modelos de distribución de contenidos, contenidos creados por los usuarios, contenidos ilícitos y nocivos, neutralidad de la red y oportunidades de difusión de contenidos, posición de dominio en el mercado o redes de nueva generación entre otros.
Es posible también enviar comunicaciones sobre:
Aspectos jurídicos relevantes para el estado actual y futuro de Internet, como la privacidad online, la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad de los prestadores de servicios, la libertad de expresión, la publicidad online, el comercio electrónico o la delincuencia informática, entre otros.
Cuestiones relativas al gobierno y la administración electrónica, como el acceso a los datos (open data), la reutilización de la información del sector público, la participación política en la red, la contratación administrativa electrónica o el gobierno de Internet, entre otros.
Las personas interesadas en participar deberán enviar en primer lugar un resumen del contenido de su comunicación, de aproximadamente 300 palabras, expresando con claridad el objeto y alcance de la comunicación, así como su título provisional. El plazo máximo para enviar este resumen es el 20 de diciembre de 2011. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 10 de enero de 2012 se notificará si han sido aceptados.
Los autores de los resúmenes aceptados deberán entregar el texto definitivo de su comunicación no más tarde del día 26 de marzo de 2012. Las comunicaciones no podrán exceder de 8.000 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Para elaborar las comunicaciones deberá usarse la plantilla que se pondrá a disposición en la página web del congreso. Las comunicaciones se someterán de nuevo a un proceso de revisión, cuyo resultado se comunicará el 16 de abril de 2012. El plazo para entregar el texto final con las modificaciones que en su caso sean necesarias finalizará el 30 de abril de 2012.
Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el libro electrónico de las actas del congreso, que tendrá el correspondiente número de ISBN. Las comunicaciones podrán, además, ser seleccionadas para su presentación oral en el congreso.
Fechas clave
Envío de resúmenes (300 palabras): 20 de diciembre de 2011.
Notificación de aceptación de los resúmenes: 10 de enero de 2012.
Envío de la comunicación completa: 26 de marzo de 2012.
Notificación de aceptación de la comunicación completa (con o sin requerimiento de modificaciones): 16 abril 2012.
Envío comunicaciones revisadas (camera ready): 30 de abril de 2012.
Todos los envíos deberán realizarse por correo electrónico, en formato .ODT o .DOC a la dirección uoc.idp2012@gmail.com
Ahora que parece que el principio del fin de la organización terrorista, independentista y nacionalista vasca ETA es algo más que un juego de palabras, es probable que veamos — como se ha ido viendo a lo largo de los años y de forma creciente — cómo algunas otras palabras son utilizadas de forma incorrecta y/o tendenciosa: terrorismo, independentismo, nacionalismo y autodeterminación.
La cuestión es que, como comenté en Los seis grados de separación de ETA y Terra Lliure, la salida del conflicto vasco debe ser — y más ahora — política y, dentro de la política, democrática. Y da la impresión, por ese uso incorrecto y/o tendencioso de las palabras, que algunos de los que creen defender la democracia, en realidad, defienden a mi entender precisamente la negación de la misma.
El terrorismo es el uso de la violencia para conseguir unos fines. Como tal, se sitúa fuera de la democracia, donde esos fines se pactan a través del diálogo y la elección colectiva. Ese terrorismo puede aspirar a conseguir la secesión de un territorio de otro (independentista) por motivos de identidad colectiva (nacionalismo). Es el caso de ETA. Hay, no obstante, terrorismos no nacionalistas y no independentistas. Por desgracia, los ejemplos abundan.
El nacionalismo es, a grandes rasgos, la idea que defiende una identidad colectiva vinculada a un territorio y a una cultura. La defensa de esta idea y del colectivo que la incorpora puede hacerse de forma violenta — como el caso de ETA — o de forma no violenta, muchas veces a través de instituciones como partidos políticos y asociaciones ciudadanas. Es fundamental enfatizar aquí una cuestión: el nacionalismo, en sí mismo, no es ni democrático ni anti-democrático. Es la forma cómo ese nacionalismo se defiende lo que lo sitúa a un lado u otro de la línea que delimita la democracia. Dejando al margen el histórico personal o colectivo de cada caso, la cuestión es que ETA acaba de cruzar esa línea que separa lo que no pertenece a la democracia de lo que sí pertenece a ella. Se puede debatir si el hecho de cruzar esa línea ha sido una rendición de ETA o debido a concesiones hechas a la banda terrorista, pero lo que es indiscutible es que la línea ha sido cruzada. Y puede valer como ejemplo del caso contrario el de los dictadores que siguieron llevando a cabo su plan político y sembrando el terror sin jamás cruzar esa línea que define la democracia, desde Fidel Castro a Francisco Franco.
Algunos nacionalismos tienen como rasgo definitorio el independentismo, que podemos definir como la secesión de un territorio de una unidad administrativa mayor. De nuevo, es importante hacer énfasis en dos cuestiones de máxima relevancia. La primera, que el independentismo — como el nacionalismo — no es ni democrático ni deja de serlo, porque habla del fondo y no de las formas. Si la independencia se defiende desde el diálogo y la elección colectiva es democrático, y si se defiende y quiere imponer desde la violencia, no lo es. Por otra parte, la secesión de dicho territorio puede darse por motivos nacionalistas — al perseguirse la equiparación de un territorio nacional o de la nación con el territorio administrativo y jurisdiccional — o bien por otros motivos no relacionados con las identidades colectivas. Abundan ejemplos de las cuatro combinaciones: el caso del nacionalismo independentista vasco; los nacionalismos helvéticos, que viven en perfecta armonía en su confederación, a la que llamamos Suiza, y sin ánimos de separarse de ella; la Unión Europea como un ejemplo de fuerzas unionistas (contrario a las independentistas) por motivos ajenos al nacionalismo (con algunas excepciones que ensalzan el sentirse europeo); y el caso de Catalunya, donde cada vez más ciudadanos son partidarios de la independencia por motivos de desequilibro de balanzas fiscales con el Estado Español, sin que por ello medie un sentir nacionalista.
Por último, y muy relacionado con lo anterior, nos encontramos con el derecho a la autodeterminación, la libertad un territorio de poder decidir si pasa a ser independiente. Por supuesto, y como todos los derechos, el derecho a la autodeterminación puede ser reconocido o no por los demás. También, como todos los derechos, puede ser reconocido pero ser o no ser ejercido. Una persona puede reconocer el derecho de su pareja a separarse de ella o bien puede forzarla a mantenerse a su lado. Por otra parte, una persona puede reconocer el derecho de los cónyuges a separarse sin implicar por ello que dicha persona tenga intención alguna de hacerlo de su propia pareja. En términos nacionales, es perfectamente legítimo defender el derecho a la autodeterminación y, sin embargo, llegado el momento de decidir, oponerse (votar en contra) a la independencia de un territorio. La democracia consiste en ambas cosas: en reconocer el derecho a la autodeterminación y en reconocer que el ejercicio de ese derecho puede ser estar a favor de la independencia o en su contra. El derecho de la autodeterminación es sobre si se puede votar, no sobre el sentido del voto.
En resumen:
La autodeterminación es un derecho, que puede ejercerse o no, y que puede ejercerse de distintas formas. Los derechos se tienen, aunque pueden ser reconocidos o no y, en este último caso, evitar por la fuerza el ejercicio del mismo. Por norma general entendemos el reconocimiento de los derechos como una condición necesaria (aunque no suficiente) de la democracia.
La independencia es una opción del derecho de autodeterminación, y es una opción que puede venir motivada por distintas razones.
El nacionalismo es una ideología, un sentir. El nacionalismo no es un derecho, ni tampoco es una opción. El nacionalismo es uno de los motivos que pueden impulsar a alguien a ejercer un derecho en un sentido u otro. Pero no el único.
El terrorismo es una forma de conseguir un objetivo, en base a una u otra ideología. Como forma violenta, queda fuera de la democracia. Por otra parte, no considero legítimo el terrorismo como forma de reivindicar un derecho no reconocido, ya que supone la defensa de dicho derecho en detrimento de otros muchos derechos ajenos (el derecho a la vida, por ejemplo).
Cuando se habla de que las reivindicaciones de los terroristas no son legítimas, es falso: lo que no son legítimas son las formas, no las reivindicaciones. Cuando se identifican independentistas con no demócratas, en realidad es quien profiere dicha afirmación quien se alinea con los no demócratas. La apropiación de los nacionalistas de todos aquellos que apuestan por la independencia no es sino la otra cara de la moneda de aquellos que califican de nacionalistas a quienes optarían por la independencia. Por último, creer que la defensa de la autodeterminación es un sentir nacionalista que necesariamente debe acabar en la independencia de una nación es solamente superable, como error, en identificar a nacionalistas e independentistas con anti-demócratas y terroristas.
Y ejemplos de esto último, tenemos a montones.
PS: mi agradecimiento a David Gómez que, sin él saberlo, contribuyó a poner algunos adjetivos y sustantivos a este texto.
El 15 de octubre de 2011 pasará — o, en mi modesta opinión, debería pasar — a la historia porque ciudadanos de 1000 ciudades de más de 80 países en todo el mundo salieron a la calle a protestar por un mundo mejor.
Aunque las formas y la cronología han venido a poner en el mismo saco la Primavera Árabe, el Movimiento del 15M y similares en otros países, y el reciente Occupy Wall Street, creo que si bien están relacionadas, son completamente distintas. Por una parte, la Primavera Árabe tenía un objetivo a corto plazo y claramente delimitado: echar a los dictadores de los respectivos países y restaurar en ellos la democracia. El 15M perseguía ese mismo objetivo, pero dentro de democracias modernas bien establecidas: así pues, pedía mejorar la calidad de la democracia y, a través de ello, llegar a acciones más concretas en el ámbito de lo socioeconómico. Por último, Occupy Wall Street volvía a una única petición concreta, que aunque relacionada con el ejercicio de la democracia, se concretaba en pedir una mejor distribución de la riqueza así como una independencia del poder ejecutivo del económico.
Relacionadas y distintas todas ellas, tienen dos importantes rasgos en común: las ya mencionadas formas y, sobre todo, el hecho de pedir cambios dentro del sistema, es decir, transformaciones del mismo sistema imperante pero sin sustituirlo por uno nuevo. Sin embargo, esos árboles unidos bajo el bosque del 15 de octubre adquieren un nuevo significado: el cambio de sistema (la Primavera Árabe, aunque sí pide un cambio de gobierno, no pide un cambio sistémico en profundidad, como lo fue, p.ej. el nacionalismo comunista de mediados del s.XX).
La crisis del ’29, la Segunda Guerra Mundial y los Acuerdos de Bretton Woods
El siglo XX se caracteriza por dos grandes crisis situadas ambas en su primera mitad: la crisis económica de 1929 y la crisis política que representa la Segunda Guerra Mundial. Juntas representan las dos caras de la misma moneda: el fin del estado-nación y la necesidad de tratar las relaciones internacionales no desde lo local, sino desde lo global.
El cambio de sistema económico se debate en julio de 1944 dando lugar a los llamados Acuerdos de Bretton Woods. Firmados por los entonces 44 países aliados, se acuerda la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (parte del Banco Mundial), el GATT (el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, semilla de la Organización Mundial del Comercio) y la reforma del sistema de divisas mundial (con la adopción de un patrón oro-divisas centrado en el dólar americano). Es decir, la creación de un mercado financiero mundial así como las instituciones para promoverlo.
Y aunque ha habido cambios sustanciales desde entonces — como el abandono de la convertibilidad del dólar en 1971 —, en general ese ha sido el sistema que se ha mantenido, reforzado… y desbocado.
Hacia un nuevo Bretton Woods…
La reunión del G20 en Washington el 15 de noviembre de 2008 se convocó, precisamente, para comprobar en qué medida el actual sistema económico mundial seguía siendo válido. Lo cuentan con gran detalle Eric Helleiner y Stefano Pagliari en Towards a New Bretton Woods? The First G20 Leaders Summit and the Regulation of Global Finance y John Vandaele en Por un nuevo Bretton Woods. Lo que ambos artículos nos explican es que, a grandes rasgos, el G20 — y a iniciativa de Nicolas Sarkozy — consideró un nuevo acuerdo al estilo del de 1944 para volver a encauzar la economía mundial, especialmente en lo que se refiere al ámbito de las finanzas.
Mi impresión, no obstante, es que no hay lugar para un nuevo acuerdo en el plano de lo económico, y mucho menos restringido en el ámbito de la economía financiera, regida por la especulación como fin en sí mismo. Es el sentir de muchos de los autores que contribuyeron al especial que el periódico The Guardian dedicó a esta cuestión en A new Bretton Woods. Juan Torres López hablaba en ¿Un nuevo Bretton Woods? de la necesidad de una nueva autoridad, nuevas reglas y nuevas instituciones.
…sin Bretton Woods
Da la impresión que, efectivamente, hay bastantes voces que claman por un cambio. No obstante, el cambio es desde dentro: sanear el sistema, depurar el sistema, renovar el sistema, hacer que el sistema vuelva a funcionar. El sistema económico, el sistema financiero.
En mi opinión, el sistema económico funciona perfectamente. Y la prueba es que quien tiene los medios sigue enriqueciéndose, y mucho, con él. ¿Hace falta mejor prueba que esa?
Lo que está profundamente roto es el sistema político, la gestión de lo público, la organización de la sociedad como algo colectivo por encima de los desarrollos individuales.
En este sentido, no es necesario volver a regular la economía, cambiar las normas del juego, modificar la forma como vigilamos a los agentes económicos y sus acciones para que no se salgan de madre. Dado que aquellos están, ahora mismo, por encima del bien y del mal, da lo mismo que las normas escritas cambien, porque las normas tácitas, las de verdad, se fijan con el quehacer diario de dichos agentes económicos.
Lo que hace falta es restablecer el orden de las cosas, recuperar la gobernanza del sistema. Hace falta que las preferencias individuales se agreguen en decisiones colectivas, y que estas determinen los límites de las actuaciones individuales de nuevo. Y no que las actuaciones individuales dicten las decisiones colectivas a base de manipular o coartar las preferencias individuales.
Lo que hay que cambiar, pues, no son las normas ni los objetivos, sino la forma como unas se fijan y los otros se llevan a cabo.
Y, según mi personal interpretación, esto es lo que pidieron 1000 ciudades en todo el mundo el 15 de octubre de 2011. Más allá de los contextos locales de cada uno, las especificidades, los puntos de vista, los matices, lo que se pidió fue un cambio en la gobernanza global.
Y aunque con cautelas y salvaguardas, lo que cabría esperar de las elecciones legislativas en España el 20 de noviembre no es si el candidato electo procederá a recortar más o menos el estado del bienestar, o si luchará con mayor o menor ahínco contra el desempleo mientras repara los estragos de dicha situación, o si pondrá tal o cual impuesto o tasa en el limitado patio particular del ámbito jurisdiccional de su estado.
Lo que cabría esperar del nuevo presidente electo y de los futuros líderes de la oposición es la capacidad para llegar a un acuerdo a nivel nacional que les permita llegar a otro acuerdo a nivel internacional. Sobre la política, sobre la forma de entender el proyecto comunitario que es ahora a nivel global. Es hora de volver a poner la política por encima de la economía.
En tiempos de crisis — y en tiempos de bonanza económica también — creo que es más que legítimo preguntarse cuánto costará movilizar más de 3.000 militares, 147 vehículos y hasta 55 medios aéreos. La participación de los efectivos humanos sea probablemente barata, dado que su sueldo y manutención están ya pagados por el contribuyente y, en su mayoría, deben estar ociosos en sus casernas, por lo que el coste de oportunidad es cercano a cero. No es así con el resto de efectivos, propulsados por caros combustibles fósiles, así como el desplazamiento de los primeros. Sin embargo, no es mi intención hacer crítica a partir de una «miserable» partida de gastos.
La pregunta, más pertinente para mí, es qué representa un desfile militar y qué valores pretende transmitir. Se me ocurren dos respuestas: el ensalzamiento de la violencia y el homenaje al mal necesario.
El ensalzamiento de la violencia
Todavía para muchos el ejército es motivo de orgullo per se, demostración de fuerza y poderío. Seguimos en muchos aspectos anclados en una tradición feudal, heredada de los pueblos «bárbaros», donde imperaba la ley del más fuerte. Gobernaba no un senado de ciudadanos o un consejo de sabios, sino el jefe de los ejércitos. Señor de la guerra, rey o emperador, el autócrata dicta la ley y el ejército la hace cumplir por la fuerza.
Homenajear semejante instrumento de represión, ensalzar el uso de la violencia ante el diálogo se me antoja una regresión al más básico de los instintos humanos (parecido a la cuestión de los toros, aunque mucho peor, por tratarse de personas). Y poco más hay que añadir a este respecto.
El homenaje al mal necesario
Por suerte, no todo el mundo sueña con un puño fálico, si se me permite la expresión.
Otra respuesta que todo patriota suele dar ante alguien que se pregunta por la idoneidad de un desfile militar es que se honra a quienes defienden la patria de uno. Honrar, enaltecer, alabar.
Discusiones de matiz al margen, los ejércitos son al orden internacional lo que la policía es al orden doméstico. Cuando fracasan todos los intentos civilizados de mantener la paz y la convivencia, no hay más remedio que utilizar la fuerza. Es importante, sin embargo, hacer hincapié que el uso de la fuerza es un fracaso de la razón y, por tanto, una alternativa poco deseable, un mal «menor» (menor que el caos total, se entiende). En definitiva, un mal con el que hay que vivir, un mal necesario.
Incluso en el caso de que el soldado sea excelente en su trabajo, y pueda sentirse orgulloso a título personal con ello, el conjunto de su profesión sigue siendo un mal, necesario, pero mal. Como lo es la necesidad de policías, bomberos y médicos. Siempre es mejor la educación cívica, la prevención de incendios o una vida saludable que encarcelar, extinguir o curar. Sin embargo, mientras los médicos salvan vidas, y los bomberos vidas y patrimonios, los ejércitos suelen acabar con ambos. Por eso, aunque puedan ser necesarios, son malos. Incluso cuando objetivamente no hay otro remedio, el resultado de la fuerza bruta y la violencia es la destrucción, del adversario, pero destrucción al fin y al cabo. Necesario, pero mal. Los ejércitos no son, jamás, la mejor solución.
Así, lo de hacer estandarte de un mal necesario resulta, como poco, sorprendente. Hacer estandarte de los ejércitos es como enorgullecerse de la amputación frente a la vacunación, o hacer recalificaciones inmobiliarias para reaprovechar el bosque quemado.
Si el día de la fiesta nacional es motivo para salir a la calle y gritar a los cuatro vientos lo orgulloso que está uno de los logros de su patria, lo suyo sería sacar a la calle a los premios Nobel, a los médicos que hicieron un trasplante inaudito, a los maestros que educaron cohortes enteras de vástagos asilvestrados, a los ingenieros que eliminaron algunas emisiones a la atmósfera saneando el parque energético, a las mujeres que conciliaron su trabajo con la vida familiar o a las que sobrevivieron al salvaje de su cónyuge cavernario, a los abuelos que sacrificaron sus tardes para cuidar a los nietos, a los voluntarios que salieron a la calle y a las redes para pedir más y mejor democracia. La lista es (casi) interminable: lo bueno abunda, por suerte.
Pero salir a la calle para celebrar el parche, el mal necesario, el reconocer que a menudo no conseguimos arreglar las cosas civilizadamente. Y celebrar eso tiene mucha miga.
