Los argumentos que la teniente alcalde de Hacienda del ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego, esgrime para tachar el uso de software libre en la administración local son, básicamente, dos:
El software privado «no crea dependencia».
El uso de software privado «beneficia a empresas gallegas».
Estos son argumentos que hemos oído hasta la saciedad sobre esta cuestión, aunque la inmensa mayoría de veces justo en sentido opuesto, es decir:
El software privativo crea dependencia tecnológica, dado que los desarrollos los hace una empresa que no comparte el código y, por tanto, siempre se depende de la misma para cualquier tipo de modificación.
El software privativo crea dependencia económica, dado que las licencias son de obligado pago para poder disfrutar del programa.
El software privativo beneficia única y exclusivamente a la empresa que licencia el programa. Dado que por norma general estas son grandes corporaciones extranjeras (Microsoft, Oracle), el dinero va fuera. De Galicia y del Estado.
El software privativo puede ser solamente modificado por la empresa propietaria del mismo. Así, además de suponer un drenaje de fondos hacia el extranjero por la venta de licencias, se inhibe la creación de un tejido empresarial local centrado en la instalación y adaptación de software.
Estos argumentos están explicados con todo lujo de detalles en la bibliografía que figura al final de esta entrada — una breve y rápida compilación a vuelopluma de entre la ingente cantidad de documentos que existen.
Pero, antes de terminar, vale la pena destinar unas palabras más a la apelación a la responsabilidad (o la irresponsabilidad) como argumento político. Es de un insoportable hartazgo ver reducido cualquier argumento al no-argumento de la responsabilidad. No hay día en que dos opositores políticos no se reprochen la falta de apoyo mutuo a sus respectivas propuestas en nombre de la responsabilidad de apoyar.
Sin embargo, la responsabilidad no radica en apoyar a ciegas una u otra política, sino en aportar información, fundamentos, pruebas de los pros y los contras de esa política así como de sus posibles alternativas. Y transparencia y coraje para defender los criterios y valores utilizados para escoger, de las posibles alternativas, la política a implantar.
Eso es responsabilidad. El resto, es puro sofismo.
Bibliografía recomendada sobre el software libre y su impacto en el desarrollo:
El objetivo de la sesión es reflexionar o repensar cuáles son o cuáles deberían ser las relaciones entre gobierno y ciudadanos después de la revolución digital, y ver si somos capaces de acabar de conformar esa nueva Sociedad de la Información.
Gianluca Misuraca, investigador del centro de investigación JRC-IPTS de la Comisión Europea, centrará su análisis en las relaciones entre Administración y ciudadanía, hablando sobre todo de administración o gobierno electrónico, datos abiertos, etc.
Por mi parte, la reflexión se referirá más a la relación de gobiernos, parlamentos y partidos políticos en materia de ejercicio de la democracia. Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:
¿Evolución o revolución en la participación ciudadana? De la transparencia al #15MpaRato
Imaginemos un agricultor en el Delta del Ebro. De pronto se da cuenta que el agua baja sucia, demasiado sucia como para que los cultivos no peligren. Se sube al caballo (no hay coches, no hay Internet) y se dirige río arriba. 350km después, en el Valle de Pineta, se encuentra con unos ganaderos que están contaminando las aguas: la falta de pastos les ha obligado a estabular y utilizar piensos de dudosa calidad y peor impacto medioambiental. Se llega al acuerdo rápidamente: el agricultor suministrará hierba a los ganaderos, quienes, a cambio, mantendrán el agua limpia y suministrarán carne y leche al agricultor.
A medida que más agricultores y más ganaderos de toda la cuenca del Ebro/Cinca se añaden a los acuerdos, la gestión se vuelve compleja. Los trajines de unos y otros acaban por tener descuidados cultivos y ganado, con importantes pérdidas económicas: se dan cuenta de que sale a cuenta que algunos de ellos se dediquen en exclusiva a la actividad política, pagados entre todos. Se crea el «Parlamento del Ebro/Cinca» con sede en Fraga, donde hay sesiones semanales y donde se almacenan (en papel, no hay PDF) los documentos de las sesiones, informes técnicos, etc. Cada semana, los representantes políticos informan a sus respectivas comunidades de los acuerdos alcanzados.
Pero el Ebro tiene más afluentes y pronto hay que crear otros Parlamentos: el Parlamento del Ebro/Segre, el Parlamento del Ebro/Gállego, el Ebro/Jalón… y, por supuesto, un Parlamento de nivel superior, el Parlamento del Ebro, cuya sede se fija en Zaragoza. Se crean distintos niveles político-administrativos y pronto es imposible, ante tanta población, rendir cuentas cada semana. Se fijan algunas sesiones de debate de carácter anual y un gran evento cada cuatro años.
Revolución digital y democracia
La historia anterior seguramente tendría un argumento distinto en un mundo con telecomunicaciones y la posibilidad de digitalizar la información. Y probablemente tendría también actores distintos.
¿En qué cambia el hecho de que el acceso a la información pueda realizarse ahora prácticamente sin coste alguno?
¿Qué tipo de espacios y prácticas de deliberación podemos desarrollar cuando ya no hay límites de espacio ni de tiempo?
Con más y mejor información, con espacios distintos para la deliberación, ¿cómo formamos nuestra opinión? ¿cómo establecemos nuestras preferencias? Y, todavía más importante, ¿qué prácticas y qué agentes pueden o deben intervenir en la negociación entre opciones?
¿Necesitamos repensar la forma como explicitamos nuestras preferencias? ¿Qué limitaciones hemos dejado atrás y qué limitaciones todavía tenemos a la hora de establecer (nuevas) formas de votación?
Y, por último, seguramente es posible que la rendición de cuentas sea no ya más transparente, sino «por defecto», más ágil, flexible, automatizada e incluso personalizada.
Hace un par de semanas, durante el evento Nethinking 2012, Antón Reixa, el recién elegido presidente de la SGAE, cargaba no contra quienes hacen un determinado uso de Internet, sino contra la tecnología en sí misma. Afirmaba, literalmente, que tú no necesitas banda ancha para el uso más convencional que puedas hacer de internet.
La afirmación va más allá de lo sorprendente y entra en el terreno de lo pasmoso. Todo el planeta (todo el planeta) se debate en estos momentos en cómo incrementar la cobertura de la banda ancha a la vez que se hace su coste más asequible. Algunos países como Finlandia lo han declarado un derecho universal e incluso España ha establecido que debe ser posible que cualquier ciudadano que lo desee pueda conectarse a Internet a través de banda ancha. La Comisión Europea también ha debatido si el acceso a Internet a través de banda ancha, más que una posibilidad, deba ser también un derecho universal.
Sin acceso a Internet a través de banda ancha son prácticamente imposibles todas las «e-derivadas» de la mayoría de bienes y servicios de una economía: la educación en línea, el comercio electrónico, la e-salud, la administración y el gobierno electrónicos, el entretenimiento (que, además de entretener, también crea lugares de trabajo)… y así, hasta todos o casi todos los aspectos de la vida que uno pueda imaginar.
La bibliografía — científica, basada en datos y pruebas, no en especulaciones o impresiones personales — sobre el impacto positivo de la banda ancha en la economía es abundante. Dicha literatura va desde lo más cauto — tiene un impacto directo en el sector de las telecomunicaciones e indirecto en los sectores asociados — hasta el más eufórico — tiene un impacto directo e indirecto en todos los ámbitos de la economía —, pasando por los prudentes pero asertivos — puede que no tenga impacto positivo diferencial, pero la ausencia de banda ancha sí tiene un impacto negativo de dimensiones catastróficas.
Dejo, a continuación, 30 referencias sobre el impacto económico de la banda ancha. No están todas, hay muchísimas más (dejando al margen que hay impactos que no son económicos: en equidad, en justicia, en calidad democrática, en educación, en…). Estas responden, únicamente, a una búsqueda rápida en mi propia bibliografía por las palabras «broadband» o «banda». Hay más referencias bajo las categorías Infraestructuras TIC, TIC para el desarrollo o Brecha Digital.
Cerremos con la premisa que debería regir todo análisis: son los usos, no las herramientas, quienes son o no delictivos.
Pequeña bibliografía sobre el impacto económico de la Banda Ancha
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2011). Banda ancha para el desarrollo y la inclusión. Documento para la Sexta Cumbre de las Américas, Cartagena de Indias, Colombia, 14 y 15 de abril de 2012. Santiago de Chile: CEPAL.
European Commission (2006). Bridging the Broadband Gap. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
European Commission (2008). Development of broadband access in Europe. Accompanying document to the Communication on future networks and the internet. Brussels: European Commission.
European Commission (2008). Indexing Broadband Performance. Accompanying document to the Communication on future networks and the internet. Brussels: European Commission.
Wu, T. (2003). “Network Neutrality, Broadband Discrimination”. In Journal of Telecommunications and High Technology Law, 2, 141-176. Boulder: University of Colorado at Boulder.
La sesión está más pensada como debate que como una conferencia magistral. Marc Bogdanowicz — líder de grupo de Análisis de la Economía Digital del Centro Común de Investigación del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea — hará una breve introducción titulada Sociedad de la Información: ¿hacia dónde vamos? ¿y con quién?. Mi introducción pretende ser una crítica a la persistente fijación de las políticas con las infraestructuras, cuando, si bien necesarias y todavía en fase de despliegue, ya no deberían ser, en mi opinión, la principal prioridad.
Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:
Más que cables. Indicadores de la sociedad de la información
Los conceptos “autopistas de la información” y “brecha digital” se acuñan a mediados de la década de 1990 para definir, por una parte, el gran potencial de Internet y, por otra, los riesgos de quedarse rezagado en lo que ha venido a denominarse la Revolución Digital.
Pasados casi 20 años, da la impresión de que algunos conceptos quedaron fijados en el pasado, mientras que la realidad cambia a ojos vista. Un ejemplo claro es la definición de “banda ancha”, que se fijó a nivel internacional en 256 Kbps hace más de 10 años y la definición sigue vigente. Aunque España actualizó el concepto en 2011 y consideró la velocidad de 1Mbps como servicio universal a partir del 1 de enero de 2012, es probable que esa velocidad sea considerada ya obsoleta para acceder cómodamente a muchos de los actuales servicios de Internet.
No obstante, el problema no es la poca actualización de los indicadores tecnológicos sino, precisamente, el absoluto sesgo hacia indicadores tecnológicos o relativos a la infraestructura. Así, todavía muchas de las decisiones públicas y políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información se centran en el acceso a las infraestructuras dejando de lado, por ejemplo, cuestiones fundamentales como la competencia digital (que da lugar a la ya llamada segunda brecha digital), la existencia de contenidos y servicios de Sociedad de la Información, o la actualización del marco legal y regulatorio para acomodarlo a la creciente digitalización de la economía y la sociedad.
A medida que la penetración de Internet avanza y su uso está cada vez más extendido es necesario completar los indicadores de infraestructuras con otros indicadores de adopción y uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y, en base a dichos indicadores, diseñar e implementar políticas de fomento de la Sociedad de la Información que respondan a las necesidades reales de la población y no a los intereses o presiones de determinados sectores industriales.
El perfil de Adsuara no está relacionado con las telecomunicaciones ni, de hecho, con ninguna de las disciplinas normalmente asociadas con el ámbito de la ingeniería. Tiene lo que se suele llamar un perfil «de letras». Esto es especialmente relevante si lo comparamos con su antecesor en el cargo, Sebastián Muriel (Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, MBA) o, por ejemplo, con el actual Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en la Generalitat de Catalunya, Carles Flamerich, también Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.
¿Es esto bueno o malo?
Pues, simplemente, no es ni bueno ni malo.
Uno puede aproximarse a la Sociedad de la Información desde sus dos componentes básicos: un perfil tecnológico puede completarse con una aproximación más social, y un perfil más social puede (y debe) comprender los fundamentos tecnológicos básicos sobre los que edificar su propuesta de políticas públicas. Hay buenos ejemplos de ambos tipos de perfil u aproximación — incluso me atrevería a decir que son más los tecnólogos que han hecho el esfuerzo de «humanizar» su perfil, que no los humanistas que se han esforzado en comprender la tecnología.
Pero la apuesta por un perfil «de letras» en un ámbito todavía copado por «ingenieros» manda un mensaje claro: agotada una primera fase donde se entendían las telecomunicaciones como el desarrollo de un determinado tipo de infraestructuras, se pasa a una fase donde lo prioritario es el uso de dichas infraestructuras, el desarrollo de una Sociedad de la Información.
Las formas cuentan.
Y si no, valga como muestra el decreto por el cual la Generalitat de Catalunya creaba y definía las funciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (punto 4.2 del DOGC núm. 5791 – 07/01/2011, traducción automática al castellano).
Los 7 puntos que describen la misión de la Dirección General hablan de «impulsar el sector de las tecnologías»; «promover […] las infraestructuras»; «coordinar […] los prestadores de servicios y operadores de tecnologías»; regular, inspeccionar y sancionar; «dirigir la política de infraestructuras de telecomunicaciones»; «coordinar(se) con los órganos competentes en el ámbito estatal»; o «cualquier otra función de naturaleza análoga». Si, por si había alguna duda del tono a seguir, se nombra a un ingeniero como director general es difícil pensar que dentro de esa Dirección General vayan a caber determinados aspectos con un fuerte componente social.
No pertenecen a las infraestructuras sino a la Sociedad de la Información cuestiones de mucha trascendencia como la telemedicina, la democracia electrónica, los ordenadores en las aulas (o no), los contenidos digitales abiertos, la reforma de la ley de propiedad intelectual para acomodarse a la revolución digital, la e-Administración y tantas y tantas cosas que no pertenecen, en absoluto, al mundo de las infraestructuras (aunque dependan totalmente de estas, por supuesto).
Cuando uno celebra — como es mi caso — que no se ponga a un ingeniero al frente de la política de la Sociedad de la Información no es (ni mucho menos) porque un ingeniero no pueda o deba ser quien la dirija, sino porque, en mi opinión, manda un mensaje muy claro a la ciudadanía: la Sociedad de la Información está aquí para quedarse, es mucho más que cables y es hora que se le dé la visión estratégica y transversal que merece. Y este mensaje apenas se ha dado en España desde que el mundo es digital. Y ya tocaba.
«En 1996, siendo subsecretario de Fomento, iniciamos un proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, que en ese momento tuvo alguna contestación y demostró que lo que hacía era liberalizar un potencial de crecimiento fundamental para la economía española», ha subrayado Calvo-Sotelo, quien ha añadido que hoy el sector es «mucho más amplio, potente y eficaz».
En mi opinión, el nuevo Secretario de Estado confunde las críticas al qué por las críticas al cómo. O, dicho de otro modo, confunde las críticas a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones por las críticas a la privatización de Telefónica. Dos cuestiones relacionadas pero muy distintas.
No comparto la forma como se llevó a cabo la privatización de Telefónica por varias razones, todas ellas con un factor común: se privatizaron tanto las infraestructuras como la provisión de los servicios de telecomunicaciones.
Mientras la abundante literatura científica es contundente sobre la bonanza de liberalizar la provisión de servicios de telecomunicaciones — a mayor oferta mayor competencia, mejores servicios y mejores precios — también la literatura advierte del riesgo de privatizar las infraestructuras: primero, porque, por su carácter estratégico, deberían permanecer en manos públicas; segundo, porque por precisamente ser de propiedad pública, suponen un patrimonio que no habría que malvender y/o renunciar a las rentas que pueda generar en un futuro; tercero, y más importante, porque los nuevos propietarios en el sector privado no tendrán incentivos para mantenerlas y mejorarlas, como se demostró en el sistema ferroviario del Reino Unido o la red eléctrica norteamericana.
Por otra parte, la liberalización de hizo de forma parcial — como, de hecho, no podía ser de otra forma, al venir el sector de un monopolio natural con un único operador incumbente. Llevamos 15 años desde el inicio del proceso y todavía el mercado de telecomunicaciones español dista mucho de ser un mercado en competencia perfecta. Las multas por prácticas contra la competencia que Telefónica suma en su haber y, ante todo, el panorama de precios (de los peores de la OCDE) son la prueba más fehaciente.
Así, las contestaciones a las que Víctor Calvo-Sotelo se refiere no fueron al hecho en sí de liberalizar el mercado de telecomunicaciones — que se ha demostrado que es positivo —, sino a la forma de hacerlo — que se ha demostrado que fue pésima. No comprender esto es condenarnos a seguir en un mercado de las telecomunicaciones caro, ineficiente y poco eficaz. Como el que tenemos ahora.
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