ICTlogy

El día 2 de mayo, a partir de las 19h en la sede de la UOC en Sevilla (Virgen de Luján, 12), participaré en la segunda jornada de [sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La inscripción puede realizarse en el formulario del evento. Los usuarios de Twitter, pueden seguir #debateSIC. Habrá también streaming de vídeo.

La sesión está más pensada como debate que como una conferencia magistral. Marc Bogdanowicz — líder de grupo de Análisis de la Economía Digital del Centro Común de Investigación del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea — hará una breve introducción titulada Sociedad de la Información: ¿hacia dónde vamos? ¿y con quién?. Mi introducción pretende ser una crítica a la persistente fijación de las políticas con las infraestructuras, cuando, si bien necesarias y todavía en fase de despliegue, ya no deberían ser, en mi opinión, la principal prioridad.

Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:

Más que cables. Indicadores de la sociedad de la información

Los conceptos “autopistas de la información” y “brecha digital” se acuñan a mediados de la década de 1990 para definir, por una parte, el gran potencial de Internet y, por otra, los riesgos de quedarse rezagado en lo que ha venido a denominarse la Revolución Digital.

Pasados casi 20 años, da la impresión de que algunos conceptos quedaron fijados en el pasado, mientras que la realidad cambia a ojos vista. Un ejemplo claro es la definición de “banda ancha”, que se fijó a nivel internacional en 256 Kbps hace más de 10 años y la definición sigue vigente. Aunque España actualizó el concepto en 2011 y consideró la velocidad de 1Mbps como servicio universal a partir del 1 de enero de 2012, es probable que esa velocidad sea considerada ya obsoleta para acceder cómodamente a muchos de los actuales servicios de Internet.

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No obstante, el problema no es la poca actualización de los indicadores tecnológicos sino, precisamente, el absoluto sesgo hacia indicadores tecnológicos o relativos a la infraestructura. Así, todavía muchas de las decisiones públicas y políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información se centran en el acceso a las infraestructuras dejando de lado, por ejemplo, cuestiones fundamentales como la competencia digital (que da lugar a la ya llamada segunda brecha digital), la existencia de contenidos y servicios de Sociedad de la Información, o la actualización del marco legal y regulatorio para acomodarlo a la creciente digitalización de la economía y la sociedad.

A medida que la penetración de Internet avanza y su uso está cada vez más extendido es necesario completar los indicadores de infraestructuras con otros indicadores de adopción y uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y, en base a dichos indicadores, diseñar e implementar políticas de fomento de la Sociedad de la Información que respondan a las necesidades reales de la población y no a los intereses o presiones de determinados sectores industriales.

La Fundación Esplai acaba de lanzar un proyecto Ciudadanía y ONG: Desde la indignación y la resistencia inteligente para abrir un debate dentro del Tercer Sector sobre cuál debe ser el papel de la sociedad civil organizada en un momento de cambio como el que estamos viviendo.

Después del estupor y parálisis con el que la mayor parte de las organizaciones sin ánimo de lucro vivieron eventos como la Primavera Árabe, el 15M o Occupy Wall Street, esta iniciativa se plantea generar un debate que acabe plasmándose en un documento colaborativo de reflexión.

El punto de partida son cuatro textos — en la redacción de uno de los cuales he participado — y, a partir de ellos, un cuestionario abierto a todo el mundo para ir identificando los puntos más calientes de los temas tratadados.

Después de este cuestionario, se elaborará un documento de síntesis sobre el que se generarán unos foros abiertos para discutir, de forma menos estructurada, los temas sugeridos tanto en los textos como a partir de las respuestas a los cuestionarios.

El proyecto:

• Ciudadanía y ONG
• Responder al cuestionario

Leer los textos:

• Desde la indignación y la resistencia inteligente, por Enrique Arnanz.
• Lo intergeneracional, los esfuerzos por una sociedad más justa y las organizaciones no gubernamentales, por Carlos Giménez.
• Participación transformadora por Imanol Zubero.
• Civilización digital: Nuevas instituciones para ciudadanos digitales, por Ismael Peña-López.

Hay algunas posturas que, simplemente, se me escapan. Los mismos que claman contra el cierre de Megaupload, ahora justifican la política de Twitter de bloquear el acceso a determinados mensajes. En el primer caso, acusan, el cierre de Megaupload va contra la libertad de expresión; en el segundo caso, defienden, no es censura sino que Twitter cumple con la ley vigente en cada país, ajustando los contenidos de los mensajes al marco legal de cada país.

Eso son dos medias verdades, igual que la siguiente afirmación: la restricción al acceso a determinados mensajes de Twitter va contra la libertad de expresión, de la misma forma que el cierre de Megaupload solamente perseguía el cumplimiento de las distintas leyes internacionales de propiedad intelectual.

En el fondo, analizar lo que está ocurriendo no deja de ser un ejercicio de poca profundidad: en mi opinión, habría que ir también al cómo y, sobre todo, al porqué de los asuntos.

Así, es perfectamente compatible decir que el cierre de Megaupload es, a la vez, ataque contra la libertad de expresión y cumplimiento de la ley de propiedad intelectual. Está en el qué — delitos contra la propiedad intelectual — la más que justificada decisión de precintar Megaupload, mientras que la forma cómo se hizo es la que vulneró, con mucha probabilidad, libertad de expresión así como provocó daños materiales a quienes perdieron sus archivos. Si podría haberse cerrado o no de otra forma, es decir, por qué se cerro de esa forma, es otra cuestión. O, de hecho, la cuestión.

Con Twitter sucede — o sucederá — lo mismo. Twitter debe cumplir la ley vigente en cada territorio donde opera. Sin embargo, hay muchas formas de hacer cumplir esa ley y algunas de las opciones existentes se llevarán por delante la libertad de expresión, serán censura.

En el fondo, esto no es sino el n-ésimo ejemplo que ya puso de manifiesto la Ley Sinde-Wert: una ley que pretende hacer cumplir la regulación vigente y que, sin embargo, en su redactado, ofrece serias dudas sobre la observancia de otros muchos derechos de los ciudadanos. Con el añadido de que, en el caso de la Sinde-Wert, lo que se quiere hacer cumplir es el espíritu de una Ley con un texto basado en un mundo pre-digital que acaba diciendo lo que no quería decir. Y esto último es el porqué: por qué hace falta (o no) una Ley Sinde, al margen de lo bien o mal que esté redactada.

Que en unos casos pongamos el ojo en el fondo, en otros en las formas y en otros en los aspavientos, dice mucho del largo camino que nos queda todavía para tener un debate sosegado y constructivo, para acercar posturas y para acabar en un consenso que permita a ciudadanos, consumidores e industrias de un lado y del otro tener un terreno de juego con las reglas claras.

El viernes 30 de diciembre sabíamos que el nuevo gobierno de España aprobaba el reglamento de la «ley Sinde». Esto sucedía alrededor del mediodía y, pocas horas después, la plataforma NoLesVotes proponía un boicot a las obras artísticas e intelectuales de autores, productores, agentes o directivos que se manifestaron explícitamente, o participaron en los grupos de presión de la redacción y aprobación de la conocida como «ley Sinde».

Aunque comparto muchísimos de los motivos de indignación que han desembocado en el boicot (Ley de Protección Intelectual caduca, «solución» que agrava el problema con la pésima «ley Sinde», etc.), no comparto ni la iniciativa del boicot, ni el papel que han jugado los medios en sus primeras horas, ni la adhesión al misma a menudo ciega que han realizado muchas personas. Estas son mis razones.

El papel de los organizadores

Creo que hacer una llamada al boicot es una acción legítima y cualquiera debería tener total libertad de iniciar uno o adherirse a él. Sin embargo, y en mi humilde opinión, el boicot de la plataforma NoLesVotes adolece de un grado superlativo de incoherencia, al menos en dos frentes.

El primero es de fondo: uno de los motivos para el boicot es que la Ley Sinde pone en riesgo la libertad de expresión. Sorprendentemente, la lista negra del boicot se basa en las declaraciones que algunas personas hicieron bien sobre la Ley Sinde bien sobre las descargas, determinadas prácticas en Internet y similares. Se pretende pagar con la misma moneda a quienes quieren coartar la libertad de expresión. Un gran ejercicio de coherencia.

El segundo es de forma: en mi opinión, toda protesta debe ir firmada, y más si lo que pretende es la adhesión. La transparencia en una acción cívica es necesaria para contrastar la legitimidad de la acción misma. Solamente si sabemos quién hay detrás es posible dirimir si sus intenciones son honestas. ¿Cómo saber, si no, que detrás del boicot no está una editorial, productora cinematográfica o discográfica que pretende dañar a la competencia?

Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, se han realizado 173 ediciones del texto del boicot por 48 usuarios. De ellos solamente 7 lo hacen con un pseudónimo (aunque algunos son fácilmente identificables) y dos con nombre propio (uno es el propietario del dominio, el otro soy yo): el resto han dejado únicamente la IP como toda firma.

El papel de los medios

Durante los acontecimientos del 15M se criticó duramente a la prensa o bien por silenciar el movimiento o bien por no entender qué estaba pasando e inútilmente buscar la sala de prensa. Se criticó también a los medios de comunicación o bien por no cubrir las manifestaciones o bien por trivializarlas y minimizarlas.

Los medios que cubrieron — y siguen cubriendo — la llamada al boicot se pasaron de frenada — y siguen pasándose de frenada — con la cobertura de la convocatoria.

En apenas unas horas de generarse la página, hacerse la difusión «oficial» de la misma y con tan solo unos pocos centenares de adhesiones, ya había varios titulares sobre la convocatoria. Lo que me genera dos objeciones.

La primera es de forma y versa sobre el calibre de la convocatoria: unos cientos de adhesiones (Twitter daba menos de 2.000 usuarios entre los que se adherían y quiénes lo censuraban) y unos pocos autores materiales del manifiesto del boicot (en las primeras 40h no llegaban a tres docenas) es una cifra ridícula en comparación con los 23 millones de usuarios que tiene Internet en España (mayores de 10 años que se conectan casi a diario, 27 millones con medidas más laxas). Me parece precipitado como para darle cobertura nacional y rango de cuestión de estado.

La segunda es, de nuevo, una de fondo: aunque ya se ha ido corrigiendo, el titular más manido fue el de «la Red organiza un boicot» o «los internautas organizan un boicot». Titulares así solamente son posibles desde la más extrema ignorancia de la adopción de Internet en España o desde la más extrema soberbia de quien se cree la élite de la vanguardia digital. Hablar de «Red» o «internautas» como categoría es un despropósito tal como decir que «la Carretera» o «los conductores» organizaron un boicot: se calcula que hay 26 millones de conductores en España, más personas que las que votaron en las últimas elecciones, y a nadie se le ocurriría decir que «los votantes de las últimas elecciones organizaron un boicot». De juzgado de guardia.

El papel de los que se adhirieron

Si creo que el boicot no es coherente y los medios se extralimitaron en su papel de voceros, es también escalofriante el papel(ón) de algunos de los que manifestaron apoyar el boicot.

El 31 de diciembre por la tarde añadí mi propio nombre a la lista negra con el texto siguiente:

Nombre	Profesión	Manifestaciones	Obras
Ismael Peña-López	Profesor de Universidad	Aunque cree que la Ley de Propiedad Intelectual está rota, legitima la defensa de la propiedad intelectual como un derecho, afirma que el copyleft es lo mismo que el copyright e incluso osó criticar el documental de Fanetin.	Obras

Todo ello lo hice abiertamente, añadiendo en el historial el motivo — me pregunto dónde está la línea que separa los boicoteables de los no tan boicoteables o de los no boicoteables en absoluto — así como una aclaración en mi perfil de usuario en el wiki.

Lo que en un principio no pretendía ser sino una crítica «desde dentro» al boicot, acabó siendo un experimento sociológico la mar de interesante. El texto se mantuvo en la página durante poco menos de 23 horas, hasta que uno de los administradores, alertado por otros usuarios y promotores, eliminó el texto de la lista negra. Durante prácticamente un día:

• Cientos de personas se adhirieron a un boicot que ponía en la picota a alguien que, si bien atacaba la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Sinde, había «osado» criticar a uno de los críticos con la Ley Sinde, «uno de los nuestros» (aunque, como ha aclarado a posteriori Stéphane Grueso, él mismo está en contra del boicot). No sé si es más preocupante que no pocos de los que suscribieron la lista, jamás la leyeron, o bien que sí la leyeron y, sin embargo, les pareció bien lapidar a los tibios y equidistantes.
• Hubo un buen número de ediciones de la lista. Algunas para añadir nombres. Otras para corregir ediciones anteriores o eliminar vandalismos. A ninguno de estos editores le pareció mal que alguien me hubiese añadido a la lista, aunque sí repararon en faltas de ortografía y otras cuestiones formales.
• De los que repararon en mi nombre, 143 leyeron mi crítica al documental ¡Copiad, malditos! (crítica que tampoco era una oposición a las tesis del mismo, dicho sea de paso), 29 leyeron un artículo de fondo sobre el copyleft y 10 otro artículo sobre la libertad de expresión (estos dos últimos de mucho más calado que la crítica al documental). Únicamente 11 usuarios se tomaron la molestia de acceder a mi obra para ver, por sí mismos, la magnitud de mi producción maligna.

Si en Twitter y redes sociales: el lobby descentralizado defendía el uso de medios sociales para la participación política, mi involuntario experimento reforzó el temor que allí también manifestaba: todavía no hemos construido, en los medios digitales, espacios para la reflexión y la deliberación calmada, informada y, sobre todo, reputada. La adhesión al boicot ha sido, en no pocos casos — por supuesto los habrá habido de totalmente legítimos — un claro ejemplo de oclocracia de la más básica.

No quiero cerrar estas palabras sin pedir una disculpa pública a los impulsores del boicot en general por el pequeño vandalismo que realicé en su página, así como a Stéphane M. Grueso por utilizarlo como figura agraviada por mí. Como he intentado explicar, me movió un espíritu de crítica constructiva y jamás de ridiculización o de boicot al boicot.

Interesante artículo de Carmen Mañana para El País en Esclavos del ‘trending topic’ en el que describe y ejemplifica cómo la actividad en las redes sociales en general, y en concreto Twitter, están teniendo cada vez mayor influencia en un creciente número de decisiones empresariales, editoriales y políticas.

El tema de fondo: la legitimidad — o, de hecho, la falta de legitimidad — de esta forma de opinión (o, a veces, presión) en una democracia representativa, una cuestión que el artículo va dejando caer y que Román Gubern, en su columna adjunta Vocerío digital vs. democracia, hace más que explícita.

Vayamos por partes.

Hay que empezar aclarando que ni son las redes sociales las que se pronuncian sobre un tema determinado, ni son tampoco unos «internautas» quienes lo hacen. Las «redes sociales» son una mala traducción del inglés «social networking sites», «social networking platforms» o «social networking services». Nótese que, en la traducción, nos llevamos por delante el substantivo original (sitio, plataforma, servicio) y atribuimos el fondo a la forma, en una metonimia con consecuencias semánticas nada desdeñables. Los sitios de redes sociales siempre fueron medios, jamás entes.

Son los mal llamados «internautas» quienes actúan en las redes sociales. Pero este término es también engañoso. No son los «internautas» éteres pensantes, sino personas de carne y hueso y ciudadanos de pleno derecho: el medio que utilicen no debería ser, en absoluto, su atributo definitorio.

¿Son buenas las redes sociales como plataforma ciudadana para opinar y ejercer presión política?

• Los medios sociales han democratizado la generación de opinión y la creación de grupos de presión. Atrás queda la necesidad de crear costosas infraestructuras como partidos, sindicatos, medios de comunicación (tradicionales), asociaciones, etc. Que los representantes sindicales, los lobbies de la patronal o los columnistas de los medios puedan sentirse agraviados por el «intrusismo» de las «redes sociales» y vean su opinión perder peso e influencia no es sino un ejemplo más de la crisis de las instituciones en una Sociedad Red.
• Los medios sociales hacen más eficaz y eficiente la acción colectiva, ya sea para hacer una reivindicación ciudadana ya sea para compartir recetas de cocina. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son eso y no más: hacen más eficiente (menos recursos en infraestructuras y tiempo para el mismo fin) y más eficaz (conseguir más objetivos) todo lo relacionado con informar e informarse y todo lo relacionado con comunicarse unos con otros. Y eso es, en esencia, el ejercicio de la ciudadanía y la base de una buena democracia. Oponerse al uso de las redes sociales en el ámbito de lo público es preferir una democracia menos eficaz y menos eficiente.
• Por último, y eso lo conocen perfectamente los enfermos crónicos de enfermedades raras, los medios sociales consiguen generar masa crítica allí donde en términos estrictamente geográficos hubiese sido imposible. Lo que era marginal en una comunidad puede acabar siendo relevante si conseguimos aglutinar a todos los interesados: y eso, los medios sociales lo están consiguiendo en todos los terrenos. Se hace posible el conocido mantra de pensar globalmente y actuar localmente, así como el repetido hay que gobernar para todos, para la mayoría y para las minorías.

Por supuesto, no todo son ventajas. Los retos no son menores y, en gran medida, esa eficiencia y eficacia de los medios sociales como plataformas para la acción ciudadana estarán en entredicho hasta que aquellos se superen. Entre los retos, creo que hay que destacar dos, uno conocido y relativo a la democracia directa, y otro nuevo, y relacionado con la mencionada crisis de las instituciones.

• El primer gran reto de los medios sociales es, paradójicamente, su inmediatez. A menudo identificamos el ejercicio de la democracia con el sufragio. Sin embargo, una buena democracia se caracteriza por un acceso a la información, cuidar la fase de deliberación, negociar las preferencias, votar y rendir cuentas. Los medios sociales están demostrando ser buenos instrumentos para lo inmediato, pero todavía están verdes para lo reposado, para la deliberación (aunque hay ya buenos ejemplos, creo que no tenemos aún un «protocolo estandarizado»). Lo urgente prevalece sobre lo importante, y resulta difícil distinguir qué es lo relevante ante tal aluvión de opiniones, propuestas y llamadas a la movilización.
• Ese primer gran reto no es nuevo, y hasta ahora se había resuelto a través de la mediación y la representación: determinadas instituciones (partidos, organizaciones, medios de comunicación) marcaban la agenda identificando los temas relevantes, así como diseñaban los procedimientos para decidir sobre ellos. Y estas instituciones tenían la legitimidad porque, entre otras cosas, representaban la mejor forma de hacer lo que hacían: mediar entre la información y los ciudadanos posibilitando la comunicación. Los medios sociales suponen la obsolescencia de muchas instituciones, pero no han proporcionado todavía un sistema de reputación válido para substituirlas. La mayoría de los llamados sistemas de reputación de los medios sociales son meras agregaciones de variables cuantitativas. Si bien la capacidad de transmitir un mensaje es muy importante, tanto o más importante es qué mensaje se transmite. Los futbolistas más famosos tienen un número de seguidores en Twitter de 7 cifras; el Nobel de Economía Paul Krugman, de seis cifras; el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, de cinco cifras; otros Nobel, tienen muchos menos seguidores o, simplemente, no utilizan las redes sociales — pero su influencia o la de su trabajo se refleja, día a día, en el devenir de la economía internacional… y en la economía doméstica de todos y cada uno de nosotros.

Volvamos ahora a la pregunta implícita del artículo original: ¿debería la actividad vehiculada por los medios sociales afectar a un creciente número de decisiones empresariales, editoriales y políticas?

Y la respuesta es, necesariamente, y por qué no. Utilicemos los medios sociales para ser ciudadanos más eficaces y más eficientes, sin olvidar los riesgos y puntos oscuros que la participación democrática por estas vías todavía no ha resuelto.

Pero una cosa sí hay que tener siempre presente: mientras las debilidades de los nuevos medios sociales están siempre a la vista, listas ser mejoradas mediante la acción colectiva, las fortalezas de la representatividad tradicional se mantienen casi siempre en la oscuridad, alejadas de la luz y los taquígrafos. Y puesto que el loco conocido nos está dando cada vez más disgustos, a lo mejor es hora de darle una oportunidad al sabio por conocer, aunque sea con todas las cautelas que se tengan a bien considerar.

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) invitan a las personas interesadas del mundo académico, profesional y de las políticas públicas a participar en el VIII Congreso Internacional Internet Derecho y Política: Entretenimiento online y retos para el futuro de Internet enviando comunicaciones que aborden, desde una perspectiva jurídica o política, cuestiones relacionadas con:

• El entretenimiento online y sus implicaciones en campos como el régimen jurídico de la comunicación audiovisual, responsabilidad de los intermediarios, aspectos legales de publicidad, el derecho de los videojuegos y de las apuestas online, redes sociales, publicidad basada en comportamiento, privacidad y protección de datos, difamación y violación del derecho a la intimidad, protección de menores, propiedad intelectual, nuevos modelos de distribución de contenidos, contenidos creados por los usuarios, contenidos ilícitos y nocivos, neutralidad de la red y oportunidades de difusión de contenidos, posición de dominio en el mercado o redes de nueva generación entre otros.

Es posible también enviar comunicaciones sobre:

• Aspectos jurídicos relevantes para el estado actual y futuro de Internet, como la privacidad online, la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad de los prestadores de servicios, la libertad de expresión, la publicidad online, el comercio electrónico o la delincuencia informática, entre otros.
• Cuestiones relativas al gobierno y la administración electrónica, como el acceso a los datos (open data), la reutilización de la información del sector público, la participación política en la red, la contratación administrativa electrónica o el gobierno de Internet, entre otros.

Las personas interesadas en participar deberán enviar en primer lugar un resumen del contenido de su comunicación, de aproximadamente 300 palabras, expresando con claridad el objeto y alcance de la comunicación, así como su título provisional. El plazo máximo para enviar este resumen es el 20 de diciembre de 2011. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 10 de enero de 2012 se notificará si han sido aceptados.

Los autores de los resúmenes aceptados deberán entregar el texto definitivo de su comunicación no más tarde del día 26 de marzo de 2012. Las comunicaciones no podrán exceder de 8.000 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Para elaborar las comunicaciones deberá usarse la plantilla que se pondrá a disposición en la página web del congreso. Las comunicaciones se someterán de nuevo a un proceso de revisión, cuyo resultado se comunicará el 16 de abril de 2012. El plazo para entregar el texto final con las modificaciones que en su caso sean necesarias finalizará el 30 de abril de 2012.

Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el libro electrónico de las actas del congreso, que tendrá el correspondiente número de ISBN. Las comunicaciones podrán, además, ser seleccionadas para su presentación oral en el congreso.

Fechas clave

• Envío de resúmenes (300 palabras): 20 de diciembre de 2011.
• Notificación de aceptación de los resúmenes: 10 de enero de 2012.
• Envío de la comunicación completa: 26 de marzo de 2012.
• Notificación de aceptación de la comunicación completa (con o sin requerimiento de modificaciones): 16 abril 2012.
• Envío comunicaciones revisadas (camera ready): 30 de abril de 2012.

Todos los envíos deberán realizarse por correo electrónico, en formato .ODT o .DOC a la dirección uoc.idp2012@gmail.com