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Decíamos en Ley de Transparencia: de la publicación de datos al trabajo en abierto que, siendo generosos, el entonces Anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno era apenas una leve mejora a la situación actual en materia de (perdón por la redundancia) transparencia, rendición de cuentas y depuración de responsabilidades. Sí, se agilizaban algunos trámites (básicamente, se digitalizaba la comunicación y entrega de documentos); y sí, se penalizaban algunas conductas poco legales (muchas de ellas explícita o implícitamente incluidas ya dentro del actual código penal y todas ellas dentro de la ética más elemental).

Los motivos para un Anteproyecto de Ley tan poco ambicioso (simplemente malo, en palabras de muchos) recorrían, como en toda acción que no comprendemos o desaprobamos, la distancia que separa la ignorancia de la mala fe. ¿Era el Anteproyecto un quiero y no puedo por incapacidad de quien lo impulsaba o se quedaba en nada por interés de que así fuese? El texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012 dio fuerza a esta última tesis: si, después de más de 3000 aportaciones de los ciudadanos en la ronda de comentarios del Anteproyecto, el texto apenas si había cambiado (a efectos prácticos) un par de comas, solamente un firme interés en tener una Ley de poco recorrido podía estar detrás de ese sostenella y no enmendalla.

Las últimas noticias vienen a confirmar esta sospecha:

El Gobierno ha invitado al PSOE a desplazarse al Palacio de la Moncloa para consultar las alegaciones presentadas por los ciudadanos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ya que contienen información privada y si se remiten al Congreso se podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, según han informado fuentes gubernamentales.

Hay, al menos, tres despropósitos en la propuesta que hace el Gobierno: que los ciudadanos hacen alegaciones, que se invite a un partido a consultarlas y que se utilicen los datos personales como coartada a la transparencia.

Alegatos

La palabra «alegato», aunque bastante neutral en sus diferentes acepciones, siempre tiene una connotación de desacuerdo, de ataque (o de defensa), de confrontación. No dudo que algunos de los comentarios que los ciudadanos hicieron en su debido momento al Anteproyecto de Ley eran alegatos, incluso enmiendas. Pero seguro que la mayoría fueron, efectivamente, comentarios, probablemente muchos de ellos constructivos. Este es el tono, por lo general, de quienes trabajan en transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, gobierno abierto y demás.

Pensar que los comentarios de los ciudadanos son alegatos o enmiendas, que van a la contra, que son algo molesto, es ponerse a la defensiva y pensar en el ciudadano como un adversario. Y, aunque los todos y cada uno de los comentarios fuese, efectivamente, una crítica, ese es precisamente el espíritu de una Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública: la participación, con diferentes grados, de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Compartir la información con un partido

El segundo despropósito es compartir la información con (a) un partido político y (b) con un único partido político. Por una parte es irrelevante que la solicitud de acceder a los comentarios al Anteproyecto de Ley la hiciese ese partido político: si un partido político va a tener acceso a determinada información pública, todos los partidos merecen dicho «privilegio», lo pidiesen o no.

Pero es todavía más importante hacer notar que se trata de una Ley para acercar la acción de gobierno a la ciudadanía: después de año y medio de manifestaciones y protestas para mejorar la democracia, con la legitimidad de gobiernos y partidos por los suelos, después de estar diseñando una ley para supuestamente mejorar todo esto, no puede la información darse dosificadamente a unos pocos diputados. Hay que hacerla pública en su totalidad y para toda la ciudadanía.

La coartada de la protección de datos

Dejando al margen que el formulario de comentarios era, como poco, simple, eliminar los (pocos) datos personales cuando estos se guardan en una base de datos es un ejercicio básico. O, dicho de otra forma, compartir solamente los contenidos de los comentarios sin desvelar la identidad de sus autores es de una simpleza elemental.

Escudarse en la protección de datos para no publicar los comentarios merece, al menos, dos comentarios.

El primero, de carácter técnico: si realmente el motivo son los datos personales, significa que no solamente no se está preparado para llevar a cabo las tareas de gestión de bases de datos más simples, sino que todavía menos se está preparado para los futuros retos que conllevará la futura Ley de Transparencia, incluso en su modalidad menos ambiciosa. Se impone, pues, renovación del equipo técnico y/o político, en función de donde esté la persona o personas poco capaces para trabajar en la cosa pública en el s.XXI.

El segundo, de carácter mucho más político y que daba título a esta reflexión: si el motivo no son realmente los datos personales, cabe negar la mayor. La Ley de Transparencia se ve desvirtuada en el proceso mismo de su diseño y debate en abierto. Una Ley de Transparencia que no admite comentarios — ahí está la resistencia a hacerlos públicos y ahí está el texto final del Proyecto de Ley sin prácticamente modificaciones de fondo — es una Ley que nace contra sí misma. Un anteproyecto que podía servir de prueba piloto para un gobierno transparente, abierto y participado acaba engendrando un aborto en su propia concepción.

Y, lo peor de todo, parecen disiparse los motivos para semejante aborto: a medida que avanza el tiempo, salen de la ecuación las razones que apuntaban a la incompetencia y queda sobre la mesa, únicamente, las razones que apuntan hacia la mala fe: el Gobierno jamás quiso una Ley de Transparencia. Y si es así, al menos no nos hagan perder el tiempo.

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