ICTlogy

Internet primero; después lo que convinimos a llamar Web 2.0; luego las redes sociales o las aplicaciones para tableta y móvil. Todo ello, unido con el descontento hacia el sistema de democracia representativa, parece conjurarse para reivindicar algo de soberanía para el ciudadano a base de recuperar la vieja democracia directa de la Antigua Grecia.

Esa democracia directa se edificó sobre dos fuertes bases: la primera, que el mundo era en cierto modo comprensible para un individuo, dada su relativamente baja complejidad; la segunda, que los ciudadanos podían dedicarse a tomar decisiones, a gestionar lo común, a la política porque una gran parte de la sociedad no estaba compuesta por ciudadanos con plenos derechos políticos: mujeres, metecos y esclavos.

Tras varios siglos de regímenes no democráticos, la democracia es paulatinamente recuperada por las nuevos estados liberales, pero con un añadido: los distintos estratos de instituciones intermediadoras. No en vano, en el siglo XVIII el mundo era ya enormemente complejo y el número de ciudadanos (formalmente) libres y con derechos políticos demasiados como para hacer eficiente y eficaz la implicación directa en la toma de decisiones.

¿Hasta qué punto estamos ahora en condiciones de tomar lo mejor de los dos mundos? ¿Podemos devolver soberanía al ciudadano a la vez que minimizamos los costes asociado la gestión colectiva gracias a las distintas tecnologías y espacios digitales?

Democracia directa y voto electrónico

Parece que del párrafo anterior se deriva, necesariamente, que el voto electrónico vendrá a sanear nuestra democracia —como el emprendimiento vendrá a sanear nuestra economía—. Votamos más, nos representan menos: todo bueno.

La buena noticia es que el voto electrónico goza ya de una salud formidable —al menos en términos técnicos—. No en vano, la gestión del voto tradicional ya es electrónica en muchas de sus fases.

Sabemos que el voto electrónico permite una mejor gestión del voto, —rapidez en el recuento, ahorros en términos logísticos (especialmente una vez la primera inversión está hecha)—, se facilita el acceso al voto a colectivos en riesgo de exclusión del proceso —expatriados, algunos colectivos de discapacitados—, permite mayor flexibilidad a la hora de votar —incluyendo cambiar el voto (sea esto bueno o malo)—, disminuye errores en las transiciones entre etapas, etc.

Sabemos, además, que en muchos aspectos es incluso más seguro que el voto presencial. Aunque las democracias más avanzadas han dejado de lado muchas prácticas ilegítimas, todavía son habituales en muchos comicios la compra de votos, obligar o prohibir un determinado sentido del voto, el robo o sustitución de papeletas, la manipulación del voto emitido…

Al voto electrónico se le atribuyen tres grandes debilidades: la posibilidad de la manipulación a gran escala; la introducción de una capa tecnológica que, como tal, puede introducir una nueva tipología de errores (tanto de hardware como de software); la mayor dificultad de auditar el proceso así como la concurrencia de nuevos actores al mismo.

Estos riesgos no son menores, ni mucho menos, pero cada vez son más relativos. La cuestión de la nueva tecnología y los nuevos actores es cada vez menos relevante en la medida en que esa tecnología y actores ya permean en el resto del proceso. En referencia a la manipulación a gran escala, sigue siendo un gran riesgo, pero los avances en cifrado, así como el desarrollo de modelos basados en blockchain pueden minimizar, a corto plazo, estos riesgos.

En el fondo, a menudo le pedimos a lo digital lo que no hacemos con lo presencial: ¿son los apoderados honestos? ¿pueden manipular papeletas? ¿y los miembros de la mesa? ¿qué pasa desde que el presidente abandona la mesa hasta que llega a la sede electoral municipal? ¿y con las urnas?

En el fondo, el gran problema del voto electrónico es el siguiente: ni aumenta la participación ni fomenta un voto más informado o reflexionado. Simplemente —aunque es mucho— hace más barato votar varias veces por sus claras economías de escala.

¿Es esto suficiente? ¿Justifican las alforjas este camino?

Democracia deliberativa y herramientas de participación

Hay algo que la democracia directa requiere y ni las mejores herramientas nos van a proporcionar por mucho que optimicen el proceso: tiempo. La democracia pasa por ejercer un voto bien informado, lo que a efectos prácticos requiere: un diagnóstico de la situación; una deliberación entre los actores afectados por un tema, sus distintas aproximaciones y las posibles soluciones al mismo; y una negociación donde se identifiquen escalas de valores, prioridades y consensos posibles. Todo ello antes de —o tan siquiera sin— votar.

La democracia deliberativa —asistida por diferentes herramientas de participación electrónica— permite precisamente trabajar estas tres fases —diagnóstico, deliberación, negociación— sin necesariamente fijarse en la toma de la decisión final (sea voto directo o a través de representantes electos).

En la democracia deliberativa no es tan relevante la decisión final, sino identificar qué temas son más relevantes para la agenda pública así como cartografiarlos extensivamente para que no se escape ningún matiz y sea más fácil aislar los puntos de coincidencia para construir consensos.

La principal asunción de la democracia deliberativa es el paso de la toma de decisiones puntual al debate continuo, a preferir procesos largos de construcción que la gestión de conflictos en procesos a menudo interminables y generalmente deslegitimadores.

Muchas de las herramientas de la tecnopolítica van en esta dirección, además de dotarse de canales de sincronización con otras herramientas de la democracia deliberativa tradicional.

Para empezar, la deliberación electrónica pone especial énfasis en escuchar más que en hablar: trabaja para que herramientas y plataformas faciliten la detección de comportamientos emergentes, el reconocimiento de patrones o la caracterización de tendencias. ¿Clicktivismo? No, punta del iceberg: lo que importa es lo que está debajo.

Las nuevas plataformas de participación electrónica y deliberación facilitan también bajar los costes de participar al posibilitar aportaciones sobre la marcha, en el lugar y momento adecuados. Y, sobre todo, en el tema adecuado: atrás queda la cuestión de tener que participar en todo (imposible) y tener que saber de todo (todavía más imposible): se trata aquí de hacer aportaciones cualitativas, fruto de la propia experiencia y formación, y que la suma del todo sea mayor que las partes. Algoritmos estadísticos o de inteligencia artificial nos van a ayudar en ello.

La democracia deliberativa, por tanto, no buscará que participe “todo el mundo” (aunque sería deseable) sino que participe “todo el mundo relevante en una cuestión”. Ese “relevante” es el eslabón débil del sistema: ¿quién lo define? ¿cómo sabemos que el grupo es significativo y representativo?

Democracia líquida, democracia híbrida

Entre la democracia directa, que puede decidirlo todo sin pensar, y la democracia deliberativa, que puede asamblearizarlo todo sin decidir nada, nos encontramos con la democracia líquida, que pretende recoger lo mejor de ambos mundos.

La democracia líquida consiste en delegar el voto de forma temporal —por norma general para cada decisión o voto a realizar a un intermediario a cuyo voto se añadirá el de todo aquél que haya delegado en él.

Aunque el concepto no es nuevo en ciencia política, tomó especial relevancia al ponerla en práctica el Partido Pirata alemán mediante la plataforma LiquidFeedback. De nuevo, la tecnología contribuye a hacer “fácil” conceptos que antes eran difícilmente sostenibles y, sobre todo, escalables.

Aunque técnicamente es muy prometedor, adolece de males parecidos a la democracia directa y la organización asamblearia: quién más tiempo tiene para dedicarse a la política, más fácil le resulta acaparar votos (o delegaciones de voto) y, con ello, poder. Nada que ya no conociéramos.

Una alternativa —aunque técnicamente se trataría de una des-delegación de voto— es la que propone Democracia 4.0: en su modelo, se funciona con una base de democracia representativa pero es posible rescatar el voto para posibilitar la democracia directa a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen para todas las decisiones que, en su lugar, tomaría el órgano representativo pertinente (p.ej. el Parlamento). Por cada voto “rescatado” del representante se le resta a éste una porción de dicho voto, de forma que, en el límite, si todos los ciudadanos votasen, el Parlamento no tendría ningún poder.

Una opción intermedia a ambos modelos sería el modelo de democracia híbrida, que añade un delegado (temporal) al esquema combinado de democracia representativa (en un extremo) y de democracia directa (en el otro extremo). Así, para cada votación tendríamos tres opciones: dejar que nuestros representantes electos voten por nosotros, votar directamente, o bien delegar en un tercero (un amigo, un experto, un cuñado) nuestro voto para dicha decisión.

Modelo híbrido de democracia directa-representativa

Este modelo permite que cada ciudadano acomode sus preferencias de participación a distintos modelos para cada situación que se plantee. Y, probablemente, relativiza el poder de los recolectores de voto hiperactivos al poder seguir confiando en las instituciones como último (o primer) recurso.

El mayor inconveniente para su aplicación —al menos en España— es la forma como se eligen los representantes electos: para que podamos “restar” una fracción de voto al representante es necesario poder identificar al votante con “su” representante. Ello solamente es posible cuando cada distrito elige únicamente a un único representante, como ocurre con los distritos uninominales británicos. (Aunque técnicamente podría realizarse con cualquier sistema electoral, podría dar serios problemas de inconsistencia que llevaran a penalizar, injustamente, la opción de confiar en los representantes electos).

Repensar la participación, repensar las instituciones

Lo que la tecnología nos permite, hoy en día, es que podamos volver a pensar en el ciudadano apartando temporalmente el foco de las herramientas. O, dicho de otro modo, que podamos volver a diseñar sistemas de votación donde el ciudadano pueda rescatar su soberanía sin estar sometidos a las barreras de espacio y tiempo, de información y de comunicación, que antaño constreñían el diagnóstico de la voluntad del pueblo, la deliberación, la negociación y la toma de decisiones.

Las instituciones se han convertido, con los años, en centros de poder, en actores en sí mismos. Podemos ahora, con cuidado y sin romper nada, intentar que vuelvan a tener ese papel de caja de herramientas, de plataforma ciudadana, de ágora para la gestión colectiva de lo público.

La revolución digital ha puesto en nuestras manos toda una nueva caja de herramientas para la gestión de la información y las comunicaciones. Esta nueva caja de herramientas, sin embargo, tiene un potencial tan extraordinario que ya hoy está transformando —y no sólo reformando— muchísimas de las tareas y actividades que las personas hacemos, especialmente aquellas que suponen la interacción de varios actores. Como la toma de decisiones colectivas.

Este enorme potencial transformador viene de dos características de estas nuevas herramientas. Por un lado, hacen que aquello con lo que trabajamos para la toma de decisiones tenga un coste mucho menor que sin estas herramientas. Así, el acceso a la información y la posibilidad de generar debate a su alrededor se han vuelto dramáticamente menos costosos que cuando teníamos que coincidir en el tiempo y en el espacio, así como distribuir la información en soportes físicos, como el papel. Por otra parte, porque las herramientas mismas tienen un coste también dramáticamente inferior a sus contrapartes del mundo analógico: toda la infraestructura física necesaria para informarse, tomar decisiones y evaluarlas está ahora al alcance de cualquier persona gracias a su virtualización.

Podemos afirmar, sin exagerar demasiado, que se han democratizado las herramientas de la democracia. El diagnóstico de las necesidades de una comunidad puede ser hoy mucho más plural a través de las pequeñas pero numerosas contribuciones personales de sus miembros, más allá de las que puedan hacer sus portavoces y representantes. La identificación y ponderación de las posibles alternativas para cubrir una necesidad puede ser hoy mucho más rica a través de la concurrencia en la deliberación de más actores, mejor informados y con sus razones mejor fundamentadas. La evaluación final del impacto, eficacia y eficiencia de las decisiones tomadas puede ser hoy mucho más transparente y precisa gracias a la facilidad para publicar tanto los protocolos seguidos como los datos de los indicadores para hacer las diferentes valoraciones.

Esta nueva caja de herramientas sigue necesitando la facilitación de las instituciones. Más que nunca.

Las instituciones deben aportar el contexto que nos permita comprender mejor las necesidades y soluciones en relación a los diferentes actores implicados, y en consecuencia, a elegir mejor las herramientas a utilizar para la toma de decisiones.

Las instituciones deben facilitar la creación de espacios de deliberación, tanto físicos como virtuales —o mejor aún, híbridos— que permitan una deliberación informada y de consenso.

Las instituciones deben contribuir a fomentar la toma de decisiones colectivas, allí donde sea más adecuado que pasen —de forma centralizada o distribuida—, en los mejores espacios y con el contexto adecuado. Y deben hacerlo aportando los recursos necesarios y que a menudo sólo están a su alcance: datos e información, conocimiento y capital humano, infraestructuras, recursos materiales y financieros.

De entre todas las herramientas de esta nueva caja, hay que destacar especialmente el software libre y los datos abiertos.

Ambos permiten tres cuestiones capitales en una toma de decisiones que cada vez será más globalizada e interdependiente.

Por un lado, favorecen la escalabilidad. Permiten poder adaptar el tamaño de las herramientas a la medida del proyecto, pudiendo verter los recursos poco a poco, sin sufrir ninguna limitación en su crecimiento.

Por otra, favorecen la replicabilidad. Permiten poder repetir las experiencias de éxito en otra parte, aprovechando los conocimientos e infraestructuras y así optimizando las inversiones.

Por último, favorecen la interoperabilidad. Permiten los recursos y los actores pueda aplicarse allí donde hacen falta, sin tener que duplicar, trabajando horizontalmente y de forma distribuida pero para un mismo fin global.

Las cajas de herramientas, sin embargo, no aparecen de la nada. Que las haya, que circulen o que sean accesibles y fácilmente reutilizables será uno de los papeles fundamentales —como lo ha sido desde que tenemos democracias modernas— de las instituciones. Así, las instituciones han contribuido a la creación y mantenimiento de todo un ecosistema de infraestructuras para la democracia compuesto por gobiernos, administraciones, parlamentos, partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Del mismo modo las instituciones, en beneficio de los ciudadanos y en el suyo propio, harán bien de invertir en las nuevas infraestructuras de la democracia: el software libre y los datos abiertos. Una nueva caja de herramientas para una nueva democracia. Un nuevo ecosistema que, más allá del cumplimiento de las leyes, debe comportar una nueva manera de hacer ajustada al nuevo paradigma de la Sociedad de la Información: el Gobierno Abierto.

Capítulo en PDF:
Peña-López, I. (2016). “Les noves infraestructures de la democràcia”. En Xarxa d’Innovació Pública (Coord.), Programari lliure i de codi obert – Societat lliure i govern obert, 6-7. Barcelona: Xarxa d’Innovació Pública.

Libro entero en PDF:
Xarxa d’Innovació Pública (Coord.) (2016). Programari lliure i de codi obert – Societat lliure i govern obert. Barcelona: Xarxa d’Innovació Pública.

El Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de noche

La pasada Semana Santa la terminamos en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, también conocido como Can Ruti, por una neumonía del peque (2años y dos meses). La noticia no es ésta — «nada grave» que no se puediese curar a corto y medio plazo — sino algunas reflexiones que fueron posibles gracias al montón de horas para observar y pensar que tienen tres días con sus tres noches en una habitación de hospital de la planta de pediatría.

La primera reflexión es de agradecimiento. De doble agradecimiento, de hecho. Un primer agradecimiento por la profesionalidad de unos equipos que funcionaron como un reloj, que demostraron ser unos muy buenos profesionales. El segundo agradecimiento por unos equipos que nos trataron siempre con amabilidad, que demostraron ser, además de unos muy buenos profesionales, unas muy buenas personas.

Sólo dos datos para contextualizar. El promedio de personas que había en urgencias la tarde que fuimos a ver qué pasaba con aquella fiebre que no se iba fue de 140-150. No me puedo imaginar qué debe suponer manejar esto con profesionalidad y, sobre todo, con amabilidad. El segundo dato es que fuimos a urgencias pediátricas, para luego pasar a la planta de pediatría: todo lleno de niños muchos de ellos menores de cinco, cuatro, tres años. No me puedo imaginar qué debe suponer gestionar este tipo de paciente con profesionalidad (todo pequeño, todo se mueve) y, sobre todo, con amabilidad.

Profesionales y personas de Can Ruti: muchísimas gracias.

La segunda reflexión es para la sanidad pública. Nos atendieron, como mínimo, equipos de siete ámbitos:

• Urgencias.
• Diagnóstico por la imagen.
• Análisis médicos.
• Pediatría.
• Residentes.
• Neumología.
• Pediatría del Centro de Atención Primaria.

Sí, nos atendieron todos ellos. Algunos no directamente, pero nos consta que sí indirectamente. Es probable que no haya hecho la categorización de forma correcta: seguro que me equivoco a la baja. Un hospital universitario es un gigante. Si además lo cosemos a un sistema sanitario — como la atención primaria — lo que tenemos es un ejército de gigantes. No hay sistema privado que pueda aguantar esto. Ni pagando. La creación de un gigante, quizá sí. El ejército de gigantes, bien coordinados, no. Si añadimos la docencia y la investigación, la cosa se complica. Si añadimos la universalidad en su acceso, es totalmente imposible.

Esta reflexión no es nueva. Los datos que tenemos sobre los sistemas públicos de sanidad son contundentes. Pero vivirlo en primera persona añade una nueva capa: la que pasa de la teoría a la práctica. La que hace que pienses qué hubieras hecho — o podido hacer, o no podido hacer — en otras circunstancias.

Cuando te va en ello la vida de los hijos — oh, sí, he dicho que no era «nada grave»: las comillas son porque fuimos al Hospital de Can Ruti, que hicieron que lo que era grave pasara a ser «nada grave» — mucha de la literatura económica y sobre políticas públicas te pasa por delante tintada de otro color.

Sanidad pública: sí, por favor.

La tercera reflexión es para los defraudadores fiscales. Unos grandes profesionales (y personas) de un gran sistema público sólo se sostienen de una forma: impuestos. Sí, claro, los profesionales ponen ganas e ilusión y compromiso por encima de su obligación, seguro. Pero también tienen alquileres o hipotecas que pagar. Por no hablar de las instalaciones, aparatos, fungibles, comidas y un larguísimo etcétera que seguro que no puedo ni imaginar — el número de todos los movimientos de mi cuenta corriente en marzo no llegó a cien: estoy seguro de que en tres días en el hospital generamos más.

Si estamos de acuerdo en que son grandes profesionales, que lo hacen bien y que nos tratan bien, y si estamos de acuerdo en que nosotros solos no nos lo podríamos pagar, debemos admitir que nos sale a cuenta pagar impuestos. Si nos sale a cuenta pagar impuestos, todavía nos sale más a cuenta velar para que todo el mundo lo haga. Porque si no, tal vez, no habrá ni profesionales ni gigantes la próxima vez.

Y no, mis pensamientos no se han ido a los grandes corruptos que hacen titulares en los periódicos. No. O no solamente. He pensado especialmente en los mecánicos de los talleres que no me quieren facturar el IVA. Y el que lo acepta. O en el instalador de la carpintería de aluminio de la galería. O en el amigo que sé que. O en el otro amigo que sé que también. Lo peor de todo es que cuando se saca el tema, uno es el malo. Cuando se intenta desenmascarar las mil excusas, uno es lo que genera mal ambiente.

Pequeños defraudadores, por favor, pensadlo dos veces. Especialmente aquéllos que lo que «ahorráis» no es para llenar el plato, sino a llenar un depósito de gasolina de mayor capacidad, para añadir una llave al llavero, o para ir un poco más lejos de vacaciones.

Y si me decís que estoy haciendo chantaje emocional perdonad que os diga que ya estáis buscando excusas: recuperadlas cuando tengáis que pasar tres noches en el hospital sin sufrir por nada más que por el dolor de riñones de la silla-cama.

Sesc Pompéia, São Paulo, costesía de Renata Santoniero.

Ocurre en la policía.
Ocurre en la escuela.
Ocurre en la Iglesia.
Ocurre en los partidos.
Ocurre entre amigos.
Ocurre entre parejas.
Ocurre en todas partes.

Ocurre en la policía cuando un policía actúa brutalmente dentro o fuera de la comisaría.
Ocurre en la escuela cuando un profesor se extralimita, o los matones de turno asedian a su chivo expiatorio.
Ocurre en la Iglesia cuando a un religioso se le van las manos y lo demás.
Ocurre en los partidos cuando un político mete mano a bolsas, bolsos y bolsillos.
Ocurre entre amigos cuando uno admite entre sonrisas cómplices que defrauda el IVA, por activa o por pasiva.
Ocurre entre parejas cuando uno se impone al otro con algo más que habilidosa persuasión.
Ocurre en todas partes.

Es un caso aislado.
No se volverá a repetir.
Ha sido un error de control, un despiste, un momento de debilidad.
Puede corregirse.
No ha ocurrido casi nada.

Y así, se tapa. No haremos norma de la excepción. No haremos peligrar el cesto por una manzana podrida. Hay que proteger a la institución, el importantísimo papel que desempeña, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí.

No debilitemos el cuerpo de policía para que se imponga al crimen.
Hay que proteger el papel educador de la escuela.
Con lo que ha hecho la Iglesia por los pobres.
Mejor los partidos y el orden que el caos y la ley de la selva.
No arriesgaremos nuestra larga amistad por eso, comparado con lo que hacen otros.
Tampoco es tanto y los niños serían los más perjudicados.
Todo el rato, en todas partes.

Y así se fija la manzana podrida. Y se extiende la podredumbre. Y una cosa lleva a la otra. Y acaba siendo un no parar. Y vamos echando capas para tapar una con la siguiente, y la siguiente con la posterior. Y se da uno cuenta de que se ha ido muy, muy, pero que muy lejos. Pero ahora es tarde. Ahora hay que seguir. Ya se irá apagando solo el fuego. O no. Yo qué sé.

Y se destapa.
Y se sabe.
Y se destapa y se sabe todo. Lo tapado, lo anejo y lo relacionado.

Y se reinterpreta lo que a lo mejor, quizás, probablemente estaba limpio y se hizo bien y funcionaba perfectamente, porque estaba como aislado. Funcionando perfectamente. Pero se reinterpreta a la luz de la duda. De la suspicacia. De la sospecha. Una sospecha que lo tinta todo de su mismo color, lo blanco y lo negro ahora todo gris. Gris oscuro, gris sucio. El gris verdoso de la basura, del hedor, de la duda de la suspicacia de la sospecha. Del hartazgo de la ira de la revancha de la venganza de la reyerta de la purificación a fuego y sangre. Que no se salve nada. Que no quede nada en pie. Nada.

Y así quedan las instituciones protegidas, reforzadas, legitimadas en su tan necesario papel.

Tras tres meses y medio de negociaciones después de las elecciones legislativas catalanas del 27 de septiembre de 2015, las candidaturas de la CUP y Junts pel Sí llegaron por fin a un acuerdo y por fin se ha investido el 130º presidente de Catalunya.

El sentimiento generalizado que transmiten análisis, prensa y tertulias es que se ha andado mucho para nada, y que las cosas prácticamente no han cambiado. Gobernará Mas y la CUP se han inmolado sin éxito alguno. Estoy de acuerdo que la CUP ha tenido que ceder. Es lógico: no solamente tenía una séptima parte de los escaños independentistas en el Parlament — y por tanto era improbable, por no decir injusto, que pudiese imponer todas las condiciones — sino que además se trataba de una negociación, donde, por definición, ambas partes suelen ceder algo para no renunciar a aquello que les resulta esencial.

Lejos de intentar presentar aquí un balance de ganadores y perdedores, sí querría ponderar el resultado final del acuerdo. Y querría hacerlo porque creo que se entenderá mejor el proceso de negociación, y se entenderá mejor lo que está por venir. Por supuesto, esta es mi opinión personal, no libre de sesgos, pero tan objetiva como me ha sido posible.

Puntos de partida

Empecemos por hacer algunos supuestos. Creo que es aquí donde empiezan a diverger la mayoría de análisis.

Creo entender que la CUP ponía sobre la mesa dos cuestiones fundamentales:

1. Que el Proceso de independencia era prioritatio. Es decir, que el gobierno debía trabajar para hacer avanzar el proceso de independencia.
2. Y que el presidente saliente Artur Mas no podía liderar dicho proceso.

Añado aquí dos cuestiones más:

3. Que el proceso de independencia, en la etapa actual iniciada alrededor del 10 de julio de 2010, es un proceso con fuerte liderazgo de la sociedad civil, a la que se le han ido añadiendo, después, los partidos políticos.
4. Que la XI Legislatura del Parlament de Catalunya es considerada, al menos por parte de los diputados independentistas, como una legislatura eminentemente constitutyente.

Lo importante de estos supuestos no es tanto si cada uno los comparte o no, sino si sus protagonistas los comparten y, en consecuencia, guían sus actos.

Sobre el candidato

La primera discusión contra la CUP es que Carles Puigdemont no difiere mucho de Artur Mas: al fin y al cabo, es de Convegència Democràtica de Catalunya.

Esta afirmación, creo, no tiene en cuenta algunos de los supuestos anteriores, especialmente el cuarto. Si nos creemos que la cuestión de Mas no iba tanto de quién iba a gobernar, como de quién iba a diseñar un proceso constitutyente, los nombre propios son relevantes aunque pertenezcan al mismo partido.

• Frente a las acusaciones de que Artur Mas no era independentista de verdad, sino de pose, Carles Puigdemont ha demostrado serlo desde un buen comienzo, entre otras cosas presidiendo la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
• Aunque Artur Mas no tiene cuentas pendientes con la justicia, sí muchos le achacan responsabilidades políticas respecto a los varios casos de corrupción (especialmente de financiación ilegal) de CDC. Ante la duda, és lógico que se quiera apartar a quien haya podido tener responsabilidades en casos de corrupción, poniendo a alguien que difícilmente las ha tenido, por haber estado apartado tanto del Govern como de la gestión del partido.
• La experiencia de Mas es la típica de un escaldor de partido. No así la de Puigdemont, que viene del municipalismo. Salvando las distancias, es fácil que la CUP se vea más cercana del perfil del segundo que no del primero.
• Por último, el compromiso y experiencia de Puigdemont en la sociedad civil es extensa, además de reforzar su perfil independentista. Y aunque parecerá una frivolidad, muchos conocieron a Carles Puigdemont en su activismo digital, especialmente a raíz de la iniciativa del ex-presidente del Parlament Ernest Benach de abrir el Parlament a las reces y que acabó llamándose Parlament 2.0. Fue la actividad aperturista de diputados como Puigdemont — entre otros — lo que constituyó un cambio radical en la forma en que la institución informó y comunicó su actividad con los ciudadanos.

En todos estos puntos es importante no quedarse en lo que Mas y Puigdemont coinciden, sino en lo que no coinciden. Por supuesto, cada uno valorará si las diferencias son mayores que las similitues. A lo que me remitiría al segundo supuesto: la CUP no quería a Mas. Y no lo quería, probablemente, por las diferencias con Puigdemont. Dentro de los parecidos, Mas y Puigdemont son dos animales políticos muy distintos.

Anticapitalismo o Procés

¿Cuánta influencia sobre el proceso de independencia ha sacrificado la CUP pidiendo el reemplazo de Mas, y cuánto consigue con el mismo? Esta es una pregunta cuya respuesta jamás sabremos. Los pareceres parecen decantarse hacia que la CUP podría haber desplegado mejor su programa manteniendo su fuerza en el hemiciclo.

Sin defender lo contrario, creo que me inclino a, al menos, matizar la fuerza con lo que se afirma la cuestión.

De nuevo la clave del asunto es el cuarto supuesto: si la XI Legislatura es una normal — y por lo tanto se necesita un presidente que gobierne — o bien si es una legislatura consituyente — y por tanto el papel del presidente es el de diseñar y construir las instituciones del futurible estado catalán.

Ello, unido al primer gran compromiso de la CUP de trabajar por el proceso de independencia, hacen que no esté tan claro dónde había que hacer más incidencia.

Y esto es, precisamente, lo que llevó a la CUP a consultar a su asamblea: ante dos objetivos aparentemente contradictorios — o Mas o Proceso —, ¿qué escoger? Y la asamblea no supo decidir. Y los órganos de representación de la lista optaron por el reemplazo de Mas o intentarlo en las urnas.

Con el reemplazo de Mas y el acuerdo, se consiguen los dos primeros objetivos.

¿Y el anticapitalismo? ¿No queda en segundo plano? Es claro que queda en segundo plano en términos parlamentarios, pero no así en el diseño de las instituciones, dado que se veía a Mas como un mayor escollo a la hora de diseñar instituciones más igualitarias y justas — no mis palabras, sino lo que se infiere del ideario de la CUP.

¿Y el «secuestro de diputados rehenes» de la CUP que ahora participarán en Junts pel Sí? Se hace difícil ver hasta qué punto es secuestro o no.

Para empezar, lo normal habría sido incorporar a la CUP en el gobierno, para así desactivar totalmente su oposición. Entiendo que las experiencias del Tripartit, así como la propia estructura orgánica de la CUP lo desaconsejaban: hubiese supuesto, de facto, meter en el gobierno a la asamblea de la CUP. Para bien, y para mal.

Por otra parte, participando la CUP de Junts pel Sí especialmente en temas del proceso de independencia se ata a sí misma al dictado de la mayoría, pero también interviene en el diseño y decisiones desde su misma gestación, mucho antes de que lleguen (totalmente desvirtuadas) a los pasillos del Parlament.

En la medida en que se consiga que el diseño constituyente se lleve a la sociedad civil — a través de una comisión mixta, por ejemplo — el Parlamento perderá peso.

Todo esto no significa que no haya podido haber una total rendición de la CUP. Sino que, simplemente, está por ver el resultado final, dado que hay argumentos para todos los gustos.

Y, recordemos, las dos condiciones no negociables eran Mas y el Proceso.

El proceso democrático

Un último apunte sobre todo el proceso como la CUP ha gestionado el acuerdo. Muchos ahora dudan de la calidad democrática del mismo. ¿Si había que consultarlo todo, por qué no consultar lo de Puigdemont? En principio, porque no hacía falta.

La CUP apareció en escena, como el resto de listas, con un programa. Un programa donde había las famosas líneas rojas de cada partido, así como las que no eran tan rojas. ¿Cuáles eran? Recordemos los dos primeros supuestos: Mas no, Procés sí.

A la asamblea se llegó, como se ha dicho, por una aparente incompatibilidad de objetivos programáticos que los diputados no estaban en condición de solucionar. De ahí que se trasladase la decisión a las bases.

Puigdemont, no siendo Mas, no era objeto de debate, ya que la CUP ya había acordado investir a todo aquél que no fuese Mas.

Vale la pena hacer un último apunte para comprender el proceso de independencia en Catalunya. A pesar de las luchas fraticidas en pasillos y redes sociales, la sociedad civil ha conseguido una cosa importante: centrarse en lo que une a los independentistas, y dejar para más adelante lo que los separa.

En los momentos críticos aparecen las diferencias, claro, pero cuando se cierran las aguas, se aprietan las filas. Es lo que sería previsible ver ahora, tanto en la calle como en el Parlament como incluso dentro de las listas, la CUP la primera.

Condicionar el per sempre a una legislatura, cortesía de Gargotaire

Esta mañana la CUP se reúne en asamblea para decidir si acepta la propuesta de pacto de Junts pel Sí, lo que incluye la investidura como president de la Generalitat de Artur Mas.

A pesar de las tremendas diferencias entre los dos momentos en el tiempo, así como las diferencias entre sus protagonistas, existen ciertas similitudes en el proceso que puede iniciarse esta mañana en Catalunya con el que tuvo lugar en 1978 en España. En muchos sentidos, hoy puede iniciarse la andadura hacia un proceso constituyente. Y es en este sentido desde el que creo que es más fácil explicar las renuncias que tiene que afrontar la CUP.

(Abro paréntesis para insistir, otra vez, en las diferencias: es evidente que ni lo que deja atrás Catalunya es una dictadura, ni mucho menos Convergència Democràtica de Catalunya — CDC — tiene nada que ver con el franquismo. Hecha esta aclaración, prosigamos.)

A grandes rasgos, las opciones que hay sobre la mesa son dos:

1. Primero el Estado, y después ya veremos. Esta es la opción de quienes defienden el acuerdo y la presidencia de Mas. El principal argumento es que la consecución de un estado propio es de caudal importancia, pudiendo quedar en segundo término otras cuestiones. Añade, además, el argumento, que el «color» de la política que se dará en dicho nuevo estado dependerá en cada caso del resultado de las futuribles elecciones legislativas en dicho estado.
2. La segunda opción es el veto a Mas — y, en cierta medida, a CDC — como condición sine qua non para un pacto. Y, en caso contrario, arriesgarse a ir a unas nuevas elecciones, con el riesgo de que arrojen resultados peores para el independentismo, que ahora tiene mayoría absoluta en el Parlament.

Este último punto, escrito como mera oposición a una persona, tiene sin duda algo de caricaturesco. Incluso de antojo. Y así ha sido presentado en prensa y debates diversos a menudo. Tiene, no obstante, mucho fundamento — que puede compartirse o no, claro está — si se pone en contexto. Y ahí viene el paralelismo con el proceso constituyente que entre 1977 y 1978 condujo a la aprobación de la Constitución Española de 1978.

Hay dos grandes críticas que se hacen a dicho proceso constituyente, críticas que se arrastran hoy en día y que, en muchos aspectos, son lo que genera un creciente malestar sobre sus efectos y la dificultad de paliarlos:

1. Que se hizo sin pasar cuentas con el pasado, porque lo que entonces convenía era salir hacia adelante como fuese.
2. Que tuvo un diseño muy determinado precisamente por esas cuentas del pasado sin saldar.

Estos dos puntos son, precisamente, los que muchos simpatizantes de la CUP traen ahora a colación ante el nombramiento de Artur Mas, actualizados a la Catalunya de 2015 y, por supuesto (y como se ha dicho antes) con actores distintos (y mucho mejores) que los que protagonizaron la dictadura fascista.

1. El primer punto no es baladí: la CUP está (casi) en las antípodas de CDC en materia de economía y sociedad. La lista de reproches a la gestión de CDC desde la CUP es extensa y, en muchos casos, profunda — la gestión de Interior, los suministros energéticos o de agua o la gestión de la Sanidad no son para nada matices menores a la hora de ver las cosas entre ambos partidos. Parece lógico que se quieran pasar cuentas con el pasado, con la legislatura pasada, especialmente cuando se da el caso que, por ir en coalición con ERC, la rendición de cuentas fue esquiva durante la campaña electoral.

   Se añade a la evaluación de la gestión en el gobierno la cuestión de la corrupción de CDC y CiU. Si bien no hay casos abiertos contra el mismo Artur Mas, no son pocos los que le achacan, como mínimo, la responsabilidad política de algunos casos, especialmente los vinculados a la financiación del propio partido.

2. Dicho lo anterior, el segundo punto cobra especial relevancia. Visto en perspectiva independentista, de lo que aquí se trata no es de darle un color u otro a una legislatura, sino de determinar quién va a diseñar las instituciones del hipotético estado catalán. Es decir, de cómo va a ser el proceso constituyente. Si el independentismo catalán (y vasco) lleva 40 años quejándose del diseño salido de 1978, es lógico que no quiera cometer el mismo error en 2015. De ahí la insistencia contra Mas — y contra CDC — y de ahí que lo que ilustra la viñeta que encabeza este apunte probablemente no refleje todos los complejos matices del momento. Un proceso constituyente es de todo menos neutral, y va a marcar el futuro de todas las legislaturas, no solamente la primera.

Pals a les rodes, cortesía de Adrià Fontcuberta

Este segundo punto es, a mi parecer, el más importante. Y el que marca la diferencia con aproximaciones estrictamente coyunturales — una legislatura no puede marcar un estado — de otras mucho más estructurales — hay que hacer el proceso constitucional con el máximo de garantías posibles: ni corrupción ni sesgos ideológicos sin contrapeso.

Así es, el dilema que ante sí tiene la CUP es prácticamente insalvable: puede que para no encallar el proceso de independencia tenga que renunciar a contrapesar el proceso mismo; y puede que para tener un proceso constituyente sin rémoras del pasado, tenga que renunciar al proceso. Este es el dilema, y no el tratar de imponer o no determinadas condiciones de coyuntura económica y social.

Dicho esto, no deja de sorprender que la CUP no haya propuesto — al menos no de forma clara y directa, aunque ha habido alguna aproximación tangencial — lo que podría ser el golpe de sable sobre el nudo gordiano: desposeer al gobierno y al parlamento del poder constituyente, y hacer recaer todo el poder constituyente en la sociedad civil.

Al fin y al cabo, muchas de las cuestiones más delicadas del proceso de preparación del estado propio van a transitar por una delgada línea entre la legalidad y la alegalidad — cuando no en la total ilegalidad. Dado el estrecho margen de actuación legal, así como el compromiso en el que se van a poner las instituciones catalanas, sería doblemente beneficioso descargar — como ya ha sucedido en otras fases del proceso independentista — buena parte del peso sobre la sociedad civil. Habría que renunciar, sí, a liderar el proceso, así como a poder conducirlo políticamente hacia los varaderos del interés de cada partido; pero por otra parte sería un proceso mucho más legitimado por ser más participado, y haría de la desobediencia civil un instrumento también más legítimo, por realizarse por individuos (que es la esencia de la desobediencia civil) y no por instituciones, lo que siempre conlleva un problema de representatividad.

A menudo se compara la CUP con el movimiento del 15M y a menudo el veredicto es que tienen parecidos pero también diferencias. Esta es una: a la CUP todavía le cuesta demasiado el (admitámoslo: muy difícil) equilibrio entre la calle y las instituciones. La CUP es asemblearia, sí, pero está lejos de actuar con lógica de red, donde las instituciones son un nodo de la misma: no más, pero tampoco menos.