Antes de que dispusiéramos de herramientas digitales que permitían la información, deliberación, negociación, sufragio o evaluación de forma descentralizada, los Parlamentos eran seguramente la herramienta más eficiente y eficaz para hacer política «de verdad». No obstante, esa necesaria institucionalización de la política también tenía sus riesgos: dejarse a los ciudadanos fuera de la actividad política, desterrándolos al yermo político en los cuatro años que iban de unas elecciones a otras.
Un interesante factor de corrección de esta situación eran las Iniciativas Legislativas Populares: mediante esta figura, lo que se permite es que un grupo significativo de ciudadanos pueda hacer Proposiciones de Ley que entren en la actividad parlamentaria normal, sean debatidas en las cámaras y, si según el resultado final de las deliberaciones y votaciones, acaben formando parte del corpus legal del país. Llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular requiere seguir una serie de procedimientos que vienen a, básicamente, legitimar la propuesta buscando un amplio apoyo social, de la misma forma que una propuesta de un grupo parlamentario viene tácitamente legitimada por el poder que este obtuvo en las urnas.
La Iniciativa Legislativa Popular, en el inicio de su andadura, debe ser admitida por la Mesa del Congreso de los Diputados. Esto es lógico dado que en este punto se vetan iniciativas que están explícitamente excluidas de esta figura (p.ej. abolir los impuestos). La Junta Electoral Central, por su parte, vela por que todo el proceso sea transparente y válido. Y si todo se ha cumplido según lo estipulado, la ILP vuelve al Congreso para su:
- Consideración a trámite, es decir, que se acepte tramitar la Proposición de Ley, a pesar de que técnicamente ya ha superado todas las validaciones de la Mesa y de la Junta Electoral.
- El trámite en sí de la Propuesta de Ley, que terminará en una votación donde se pueda o no aceptar dicha Proposición de Ley.
Este primer punto merece, en mi opinión, especial atención. Porque de lo que se trata en el punto de consideración a trámite, insistamos en ello, no es votar la Proposición de Ley (que se hace durante su trámite), ni tampoco cotejar que el procedimiento ha sido correcto (que se ha realizado durante los nueve a quince meses precedentes por la Mesa del Congreso y la Junta Electoral). De lo que se trata en el punto de consideración a trámite es del derecho a vetar el diálogo.
A menudo, se sugiere que la única política que cuenta es la que sucede en el Parlamento. Se instauran, entonces, sistemas largos y farragosos para que la ciudadanía pueda participar de la actividad parlamentaria e incluso hacer propuestas. Sucede, no obstante, que casi un año y 1.402.854 firmas después (sería la cuarta fuerza política en las Elecciones Generales de 2011), puede que una ILP no llegue a discutirse, a debatirse el problema que la ha impulsado, a evaluarse las reflexiones y propuestas que en ella se hacen porque sin tan solo llegue a tramitarse por no superar una suerte de filtro que, en sentido estricto, no obedece a ninguna función. Porque formalmente la ILP es impecable o no habría llegado hasta este punto. Porque técnicamente la votación «real» sucederá después, durante su tramitación.
Nos encontramos, una vez más, ante un acto de desposesión de los derechos políticos de los ciudadanos. Transparencia, legitimidad, representatividad son palabras huecas cuando se veta el diálogo, sea del tipo que sea, en las cámaras de representantes de la democracia. Porque, recordemos, la consideración a trámite de una ILP no es un juicio de valor sobre lo que dicha ILP propone, sino sobre el hecho mismo de proponerla, sobre el hecho de que un grupo de ciudadanos se erija en representante, por unos momentos, de una comunidad o de un sentir de sus conciudadanos.
Lo peor — si es que hay algo peor que vetar el ejercicio de las libertades políticas a un grupo de ciudadanos y, por extensión a todos a los que estos representan — es el talento que se pierde al censurar el debate de cualquier Proposición de Ley en el Parlamento. Mejor o peor, el largo proceso que recogida de firmas no consiste, únicamente, en la compilación de apoyos uno por uno en un papel pautado. En lo que consiste, también, ese largo proceso, es en una escucha intensa de la voz de los ciudadanos, en una ponderación de los miles de realidades que en agregado configuran la Proposición de Ley que presenta una Iniciativa Legislativa Popular. En los nueve meses de campaña, se hacen emerger datos, se matizan afirmaciones, se afinan propuestas y soluciones, se consideran condiciones y excepciones, se debate con posicionamientos escépticos, opuestos e incluso contrarios. Todo ese conocimiento literalmente se pierde — al menos a efectos prácticos — si la ILP jamás llega a debatirse en los plenos de las cámaras.
Mientras el CIS, los partidos y sus consultoras se gastan verdaderas fortunas en sondeos de opinión, barómetros y estudios y análisis sobre distintas cuestiones, las ILP suponen investigaciones ad hoc, en primerísima persona, sobre esas mismas cuestiones — y a un coste económico irrisorio la mayor parte de las veces.
¿Cuál es, pues, el argumento para vetar la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular? ¿Cuál? Ha seguido las normas del juego parlamentario; ha conseguido un apoyo significativo de la población; ha recabado información de inconmensurable valor; ha identificado una demanda real de las «personas reales» que necesita ser tratado por los representantes políticos y lo ofrece en bandeja. ¿Cuál es, repetimos, el argumento para vetar la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular? ¿Cuál?
La respuesta, por negación. No importan las normas del juego parlamentario: si quieren algo, tráiganlo al Congreso
, falso. No importa el apoyo de la población: esta cámara está legitimada por las urnas
, falso. No importa la información sobre una problemática: tomaremos una decisión informada…
, falso. No importan ni las demandas reales ni las personas que hay tras ellas: sabemos lo que el pueblo de España necesita, que es…
, falso. Por favor, atrévanse a debatir las cosas como los representantes electos que se supone que son. Sea la que sea la ILP que llegue a sus manos.
Transparencia, legitimidad, representatividad. Palabras, palabras, palabras. Y desposesión, desposesión, desposesión.
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