Cuando oímos hablar de reformar la democracia, es habitual ver el debate centrado en si hay que tener más o menos democracia directa o participativa en detrimento de la actual democracia representativa. La mayoría de propuestas van en esta línea o se dirigen a ese nivel de reformas. Dado que no se aborda el por qué son necesarias dichas reformas, el análisis de estas acaba siendo cómo alteraría cada nueva propuesta el reparto de escaños en el arco parlamentario. En mi opinión, esto es solamente la punta del iceberg y perdemos la mayor parte del impacto por el camino.
Un poco de historia
En la Edad del Hierro, la participación en política de un agricultor gallego seguramente se limitaba a sentarse en el edificio comunal del castro junto con sus «conciudadanos». En el debían dirimirse las cuestiones menores referentes a la convivencia en el castro, la defensa del mismo, y probablemente poco más. La persona se representa a sí misma.
2.000 años después, en la España del s.XIX, si ese mismo agricultor quiere participar en política para defender sus intereses, no le queda otra que participar en los distintos niveles políticos/administrativos existentes, dado que las decisiones que se toman en otras ciudades, y en los grupos de ciudades, también le afectan.
Una opción sería que todos los agricultores se reuniesen una vez por semana en un lugar común — pongamos que hablo de Madrid — y debatir y decidir sobre las cuestiones comunes. Para facilitar el proceso, con anterioridad se han puesto sobre papel todas las cuestiones y propuestas (y las leyes que las gobiernan), se han copiado y se han distribuido (a caballo) por toda la península. Una vez se haya llegado a una decisión, se establecerá cómo se llevarán a cabo todas y cada una de las propuestas y cómo se verificará su cumplimiento. Los acuerdos también se escriben, se imprimen, se copian y se distribuyen por todo el territorio.
En términos estrictamente económicos, la democracia representativa nace para hacer más eficaz y, sobre todo, más eficiente la gestión de la cosa pública. En lugar de tener que ir a Madrid una vez por semana y hacer miles de copias de la documentación legal y política, esta (y unas pocas copias) residen en un archivo central, al que acceden nuestros representantes electos que se dedican, en exclusiva, a informarse, a deliberar y a decidir por nosotros. Esto es la democracia representativa y es muchos órdenes de magnitud más eficaz y eficiente que representarse uno mismo. Los costes de realizar gestiones políticas (costes de transacción), así como los costes de divulgar la información (fijada en un recurso escaso: el papel impreso) hacen impensable otra alternativa. Hasta la llegada de la digitalización de las comunicaciones y la información.
El fin de los costes
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han acabado con los costes de transacción y con la escasez:
- Para estar informado sobre una cuestión, ya no hace falta acceder físicamente al archivo de papeles y legajos.
- Para debatir un asunto con los conciudadanos ya no hace falta reunirse bajo un mismo techo.
- Aún con democracia representativa, para entrevistarse con un diputado ya no hace falta ir a su despacho.
- Ni siquiera hay que estar en el Parlamento o el Ayuntamiento durante un pleno para saber qué se habla en él.
- Tampoco hace falta meter un papel en una urna para emitir un voto.
La democracia representativa, tal y como la conocemos, era más eficiente y eficaz que otras alternativas por los costes de informarse, deliberar y decidir en una sociedad industrial, donde hablar significaba viajar, e informarse significaba acceder al papel. Ambas restricciones han desaparecido en una sociedad digital. Edificamos nuestra democracia representativa sobre unos conceptos de eficiencia y eficacia que ya no son válidos.
Hay, sin embargo, un recurso que sigue siendo finito, escaso, y que la digitalización todavía no ha resuelto: el tiempo. Informarse, deliberar y decidir sigue tomando tiempo, mucho tiempo. Cuando pensemos en un nuevo modelo, tenemos que tener en cuenta que el recurso tiempo es caro y lo será cada vez más en relación a otros bienes. Es por el factor tiempo que una prenda de vestir cada vez es más barata en relación a una obra de teatro (el tiempo de un actor) o una cura de urgencias (el tiempo de un médico).
Una democracia más participada
Al margen del coste del tiempo, sabemos que una democracia más participada es más eficaz porque:
- Permite hablar en primera persona, sin mediaciones, sin simplificaciones, sin tergiversaciones.
- Implica un mayor compromiso con la gestión de la cosa pública, fortaleciendo la comunidad.
- Posibilita la definición de una agenda más inclusiva, más comprehensiva, donde los aspectos, demandas o peticiones no es tan fácil que queden fuera.
- Facilita la articulación de lo global con lo local, dado que todas las perspectivas pueden incluirse
- Hace factible la concurrencia de más actores, más puntos de vista, más conocimiento arrojado sobre un problema, con lo que se aumentan la cantidad y la calidad de las soluciones propuestas.
- Dificulta la manipulación, los errores por carencia de información, al aumentarse la transparencia y la rendición de cuentas.
Si hasta ahora hemos tenido democracias menos participadas es porque — seguramente con buen criterio — priorizábamos el factor de la eficiencia (económica). Cuando este factor cae en picado, es hora de volver a poner sobre la mesa el factor eficacia. Hacer más y mejor política, no solamente más barata. Necesitamos una Ley de actualización del ejercicio de la democracia en la Sociedad de la Información. O, al menos, hacer el camino hacia algo parecido.
En caso contrario, la combinación de barato y de peor calidad es lo que conocemos como saldo. Que es la democracia que tenemos ahora: de mercadillo.
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