Parece que donde dije digo digo Diego y que el Gobierno da marcha atrás en su intención de regular Google.
Parece también que se van aclarando (o no) las razones por las cuales el ministro Miguel Sebastián defendió la mordida de las operadoras a los proveedores de servicios por Internet, a saber, que había que luchar contra el riesgo de prácticas monopolísticas por parte de estos últimos.
Se me escapa la lógica de luchar contra prácticas monopolísticas favoreciendo el oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones, que no beneficiará al consumidor, sino que trasladaremos el beneficio de un mercado imperfecto a otro de tan o más imperfecto.
Hay algunas frases del artículo de El País que merecen ser comentadas. Vamos allá.
Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe
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Es decir, vamos a hacer que el beneficio que el monopolio sustrae del consumidor se lo repartan entre todos. Entre todas las grandes corporaciones del sector TIC, claro. No tiene nada que ver controlar un monopolio con repartirse sus beneficios. De hecho, son conceptos totalmente opuestos: o intentamos que el mercado sea más competitivo, o nos repartimos el pastel. En la nueva versión del documento parece que, por fin, se centra en combatir el riesgo de monopolio (de Google, que lo hay).
Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones
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Bien, vayamos por partes. Los intermediarios sí deben captar clientes: sus clientes, los clientes que usan sus servicios. Google, como otras empresas, seguro tiene una estrategia (y unos costes asociados) para captar clientes para sus productos. En ningún caso, sin embargo, su producto es que la gente se conecte a la Red, sino que, una vez se han conectado usen su buscador y no otro.
Por otra parte, las telecos deben conseguir que la gente se conecte a Internet (a lo que contribuye mucha publicidad del gobierno, por cierto, cosa que celebro), usen o no Google, Yahoo o Bing.
Es como si un hospital se quejara que el bar de urgencias se lucra a costa de sus «clientes». Cada cual a lo suyo.
Respecto las infraestructuras, el ejemplo del hospital sigue siendo válido: ¿debe el bar de urgencias pagar el equipo de la UCI? Al fin y al cabo, a mejores UCI, más gente en su bar… ¿no?
Pero pongamos un ejemplo más serio. Las universidades suelen tener tecnología punta para hacer su investigación: microscopios, espectrómetros, salas blancas, etc. Instalaciones que suelen alquilar (con o sin personal) a empresas que necesitan hacer experimentos o tests. La universidad calcula el coste de amortizar dichas infraestructuras y carga un tanto en la tarifa por utilizar el servicio. Si el microscopio vale más dinero, tanto más cuesta utilizarlo.
Pero jamás de los jamases (salvo que haya un convenio de colaboración, claro) se quedará la universidad un tanto por ciento de los beneficios que una empresa externa tenga por haber utilizado dicho servicio. Y mucho menos tendrá derecho a quedarse con las patentes que pudiesen derivarse de ello.
Si las telecos creen que deben invertir demasiado en infraestructuras, que carguen los costes de la inversión y su amortización en las tarifas. Lo hace todo el mundo, los transportistas los primeros, cuya actividad es harto parecida a la de las telecos.
Y si el Gobierno cree que los servicios que prestan los intermediarios se enmarcan en un mercado con competencia imperfecta, que actúe sobre ese mercado.
El resto, en mi opinión, es mezclar las cosas.
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