Afirman las operadoras de telecomunicaciones que los buscadores no pagan por sus infraestructuras. Puede ser que no paguen suficiente (cada uno sabrá su plan de negocios y su estructura de costes), pero:

• Los buscadores, así como todas las empresas que trabajan con Internet como plataforma (universidades virtuales, tiendas en línea, banca electrónica y un larguísimo etcétera) contratan ancho de banda, tanto de subida como de bajada, para poder responder al tráfico entrante y saliente a sus servidores. El ancho de banda contratado tiene un coste, como se puede suponer, mayor cuanto más ancho se contrata.

Que usted cree que pagan poco, suba el precio. ¿A quién? A nadie en concreto, sino al producto o a un producto específico.

Afirma el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que si la opción es que acabemos con un uso más barato, un uso más eficiente y una mejora para los usuarios de Internet, que tengan Internet de más calidad y más barato, entonces será una buena opción para estudiar. Sinceramente, me gustaría saber en qué se basa el ministro para hacer dicha afirmación.

Creo que hemos dejado claro ya que las telecos operan en una situación de monopolio, o como mucho, de oligopolio.

La literatura económica muestra también que los servicios de telecomunicaciones tienen una demanda bastante inelástica (y, me atrevería a añadir, más inelástica a medida que aumenta la intensividad de uso, especialmente en las empresas y, por supuesto, en el sector de las TIC). ¿Qué significa inelasticidad de la demanda? (Simplificando) que, por mucho que suba el precio, vamos a consumir igual.

• Resumiendo: un mercado imperfecto (monopolio u oligopolio) y una demanda inelástica son las condiciones ideales para que ningún, absolutamente ningún beneficio (reducción de costes, incremento de ingresos, etc.) que tenga la empresa se traslade al consumidor. Ninguno. Repito: ninguno.

Lo diré de otro modo: las afirmaciones del ministro Sebastián contradicen años y años de teoría económica y de experiencia práctica. O estos beneficios a los consumidores van regulados por ley (como la que obliga a las telecos a destinar parte de sus beneficios a la sociedad, y de ahí Fundación Telefónica y similares) o el ministro sabe algo que no sabemos los demás. Por supuesto, no aplica aquí desconocimiento del tema, ya que el ministro es doctor en Economía y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico (una cuarta opción es que quién esté en error sea yo, todo puede ser: ahí están los comentarios para sacarme de él).

Así pues, si las empresas que basan su actividad en Internet ya pagan por los servicios que contratan, y si el consumidor no va a ser partícipe de los beneficios derivados de subir el precio a aquellos, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quién se beneficia de distorsionar el mercado y discriminar unos usos de otros? Y, más importante, ¿quién se perjudica con ello?

En mi opinión, se lucran únicamente los accionistas, que son minoría en una sociedad. Y se perjudica a toda esta y a sus derechos.

Consideraciones al margen sobre cobrar por partida doble lo que los consumidores ya pagan en su factura, el problema que aquí enfrentamos es que las infraestructuras no deberían ser suyas, de Telefónica; las infraestructuras no deberían ser privadas, sino públicas, siendo (o pudiendo ser) únicamente su explotación lo que es privado.

Las redes de infraestructuras — pensemos en carreteras, un símil válido y mucho menos abstracto que unas redes de telecomunicaciones — son estratégicas para todas las actividades de un país. Por carreteras y vías circulan camiones con alimentos o gasolina, corren las ambulancias, se desplazan las fuerzas de seguridad o nos atascamos los domingueros para “disfrutar” de un fin de semana en la conchinchina.

Esas carreteras, que son de todos, puede administrarlas el Estado directamente o, como sucede con las autopistas, conceder su administración/explotación a una empresa privada. Ocurre lo mismo con muchos parques y jardines en las ciudades, la limpieza de las mismas, la gestión de los aeropuertos, etc.

Telefónica era un monopolio del Estado (es decir, era “nuestro”) que gestionaba la red de telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica — a un precio de risa — no solamente se privatizó la gestión de las “autopistas de la información”, sino que también se privatizaron estas. Los problemas de esta decisión son, como mínimo, tres:

1. Como las infraestructuras son de una única empresa que antes era un monopolio (la llamada incumbente), y no de todos, la empresa que quiere entrar en el mercado tiene que alquilar la red a la incumbente. Como esta tiene un monopolio de facto, pone el precio que le da la gana (en Europa ya nos han amonestado por ello) o le alquila por debajo de sus necesidades o en absoluto la red a la competencia (aunque esté regulado, el cumplimiento de la ley en este tema ha sido ya materia de demandas en España). La consecuencia es, como en todo monopolio, precios más altos que paga el consumidor.
2. La alternativa es, claro está, que la competencia monte sus propias redes. Así, nos encontramos años atrás una España con todas las calles levantadas para replicar varias veces la red de telecomunicaciones. Con ello, se hacen inversiones redundantes que son muchas veces innecesarias y que, además, habrá que amortizar, amortización que se hará cargando en los precios del consumidor final.
3. Por último, como lo que da dinero es el servicio de telecomunicaciones, no “echar cable”, es fácil que toda la ingeniería social, el I+D+i, la modernización de procesos, etc. recaiga sobre lo que da dinero, es decir, la provisión de servicios, dejando las infraestructuras desatendidas. Es lo que ha ocurrido en los ferrocarriles británicos y las eléctricas norteamericanas. Infraestructuras desatendidas significa menor eficiencia y eficacia, lo que, una vez más, redunda en peor calidad de servicio y mayores precios para los consumidores.

En mi opinión, las redes de telecomunicaciones deberían ser del Estado, por ser una cuestión estratégica y de interés público. Y la compañía que quisiera usarlas pagaría un alquiler a las arcas públicas, dinero que iría destinado, básicamente, al mantenimiento y la modernización de esas mismas redes. Tendríamos redes más eficientes, precios menores y no deberíamos aguantar las declaraciones de César Alierta que, en lugar de pensar en sus consumidores, piensa en sus accionistas y en cómo arañar codiciosamente beneficios ajenos. Ya sabrá él qué mano le da de comer.