Contenidos digitales: fomento del producto, del productor o de la producción

Una de las noticias más importantes que ha dado la edición de 2010 del Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD) es la que presentaba el ministro de industria Miguel Sebastián cuando afirmaba que la industria de contenidos digitales superó los 8.000 millones de euros en 2009.

Estos datos, publicados con todo detalle en el último Informe Anual de los Contenidos Digitales en España, son los que avalan la estrategia del ministro de crea(r) un plan de contenidos digitales con 200 millones para 2011 de forma que se contribuya a que en 15 años las TIC (sean) el segundo sector más importante del país, después del turismo.

En mi opinión esto son un cúmulo de buenas noticias. Por una parte, porque el sector de las TIC tiene mucho más futuro que otros sectores, como el vilipendiado sector de la construcción, las manufacturas industriales u otras industrias de bajo valor añadido. Por otra parte, porque además del impacto directo en la economía, los sectores tecnológicos tienen impactos indirectos mucho mayores, atraen y generan capital humano, o son más sostenibles por sus más intensivas estrategias de I+D+i, por mencionar algunos aspectos. Por último, porque en el momento en el que se encuentra España, el desarrollo de la Sociedad de la Información pasa por incentivar la demanda de contenidos y servicios digitales, algo en lo que el sector de los contenidos impactará de lleno.

Cabe, sin embargo, y ahondando especialmente en este último punto, tener en cuenta algunas consideraciones.

Sobre todo que no todo contenido en Internet es industria de contenidos.

En cambio, para incentivar esa demanda y, con ella, un más rápido y mejor desarrollo de la Sociedad de la Información, sí todo contenido digital tiene su impacto, en muchos casos, precisamente, aquel cuyo origen no proviene de la industria.

Hay tres grandes formas de incentivar los contenidos digitales. Pueden parecer similares, pero los detalles que las diferencian son relevantes:

  1. El primero, al que se refiere el ministro, es apoyar a la industria, es decir, apoyar al productor profesional. El fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, el cierre de contenidos tras barreras tecnológicas, como el DRM o la promoción de iniciativas como el Proyecto Escuela 2.0 y sus libros de texto digitales son medidas que protegen al sector, le conceden ventajas competitivas que le permiten generar músculo y, en consecuencia, hacer crecer el sector de forma que permita arrojar dividendos y crear empleo. Por supuesto, también genera contenidos, pero el objetivo aquí es la industria y su impacto económico.
  2. En el otro extremo encontramos las políticas centradas en el producto digital, es decir, aquellas cuyo objetivo es que haya tanto contenido digital como sea posible. A diferencia de las anteriores, de lo que aquí se trata es de facilitar en extremo la máxima difusión y uso de dichos contenidos: licencias libres, repositorios abiertos, contenidos abiertos con estándares abiertos que permitan su consulta en mutiplicidad de dispositivos, fomento de la creación de obras derivadas, etc. Seguramente el modelo de negocio no está tan claro… posiblemente porque el negocio no es el objetivo. El objetivo no es el impacto económico, sino el impacto social.
  3. A medio camino podemos identificar iniciativas que promueven la producción. No se trata de fomentar los contenidos ni la industria, sino fomentar la creación de herramientas y estrategias que permiten la generación de contenidos digitales. El fomento del programario de creación colaborativa de documentos, de las herramientas de autor, de la capacitación (sí, capacitación) en edición digital de cualquier tipo de contenidos o de la formación en lenguajes de programación son formas de fomentar la generación de contenidos digitales sin ser tan finalistas como el fomento del contenido en sí o del productor/industria.

¿Ejemplos?

  1. Apoyo al productor: creación de un programa educativo cuyos libros de texto serán desarrollados exclusivamente por la industria de los contenidos educativos. Favorecerá la modernización del sector y su fortalecimiento frente a otros competidores extranjeros.
  2. Apoyo al producto: subvenciones a la traducción y adaptación de contenidos educativos extranjeros de alta calidad para utilizarlos en el aula.
  3. Apoyo a la producción: creación de un kit de producción colaborativa de contenidos educativos (p.ej. preinstalación de página web + blog + wiki) y capacitación a profesores y alumnos para que lo utilicen en clase.

Son tres estrategias distintas cada una con objetivos convergentes en el límite pero también muy, muy diferentes en el proceso, como cada uno podrá deducir.

Y acabamos como empezábamos: es de celebrar tanto el desarrollo de una industria de contenidos como que el gobierno quiera apoyarla desde el ministerio correspondiente.

No obstante, los contenidos (y servicios) digitales son, a mi parecer, demasiado estratégicos como para que sus políticas se aborden desde un único ministerio o desde una aproximación parcial, no comprehensiva, no articulada con otras líneas. Creo, pues, que la noticia debería ser que el gobierno impulsará los contenidos digitales y no (o no solamente) la industria de contenidos digitales. Esperemos que así sea.

De monopolios y oligopolios en Internet: ISP, telecos y servicios

Parece que donde dije digo digo Diego y que el Gobierno da marcha atrás en su intención de regular Google.

Parece también que se van aclarando (o no) las razones por las cuales el ministro Miguel Sebastián defendió la mordida de las operadoras a los proveedores de servicios por Internet, a saber, que había que luchar contra el riesgo de prácticas monopolísticas por parte de estos últimos.

Se me escapa la lógica de luchar contra prácticas monopolísticas favoreciendo el oligopolio de las operadoras de telecomunicaciones, que no beneficiará al consumidor, sino que trasladaremos el beneficio de un mercado imperfecto a otro de tan o más imperfecto.

Hay algunas frases del artículo de El País que merecen ser comentadas. Vamos allá.

Una propuesta para regular por primera vez a los buscadores y permitir de paso a las compañías de telefonía que obtuvieran ingresos adicionales proveyendo servicios de información similares a los de las empresas de Internet estaba contenida en el primer informe.

Es decir, vamos a hacer que el beneficio que el monopolio sustrae del consumidor se lo repartan entre todos. Entre todas las grandes corporaciones del sector TIC, claro. No tiene nada que ver controlar un monopolio con repartirse sus beneficios. De hecho, son conceptos totalmente opuestos: o intentamos que el mercado sea más competitivo, o nos repartimos el pastel. En la nueva versión del documento parece que, por fin, se centra en combatir el riesgo de monopolio (de Google, que lo hay).

Según el informe, estos intermediarios gozan de una situación de ventaja puesto que no tienen prácticamente ningún coste, en particular el de captación de clientes, que sí tienen que afrontar los operadores de acceso a Internet que, además, mantienen las infraestructuras de telecomunicaciones.

Bien, vayamos por partes. Los intermediarios sí deben captar clientes: sus clientes, los clientes que usan sus servicios. Google, como otras empresas, seguro tiene una estrategia (y unos costes asociados) para captar clientes para sus productos. En ningún caso, sin embargo, su producto es que la gente se conecte a la Red, sino que, una vez se han conectado usen su buscador y no otro.

Por otra parte, las telecos deben conseguir que la gente se conecte a Internet (a lo que contribuye mucha publicidad del gobierno, por cierto, cosa que celebro), usen o no Google, Yahoo o Bing.

Es como si un hospital se quejara que el bar de urgencias se lucra a costa de sus “clientes”. Cada cual a lo suyo.

Respecto las infraestructuras, el ejemplo del hospital sigue siendo válido: ¿debe el bar de urgencias pagar el equipo de la UCI? Al fin y al cabo, a mejores UCI, más gente en su bar… ¿no?

Pero pongamos un ejemplo más serio. Las universidades suelen tener tecnología punta para hacer su investigación: microscopios, espectrómetros, salas blancas, etc. Instalaciones que suelen alquilar (con o sin personal) a empresas que necesitan hacer experimentos o tests. La universidad calcula el coste de amortizar dichas infraestructuras y carga un tanto en la tarifa por utilizar el servicio. Si el microscopio vale más dinero, tanto más cuesta utilizarlo.

Pero jamás de los jamases (salvo que haya un convenio de colaboración, claro) se quedará la universidad un tanto por ciento de los beneficios que una empresa externa tenga por haber utilizado dicho servicio. Y mucho menos tendrá derecho a quedarse con las patentes que pudiesen derivarse de ello.

Si las telecos creen que deben invertir demasiado en infraestructuras, que carguen los costes de la inversión y su amortización en las tarifas. Lo hace todo el mundo, los transportistas los primeros, cuya actividad es harto parecida a la de las telecos.

Y si el Gobierno cree que los servicios que prestan los intermediarios se enmarcan en un mercado con competencia imperfecta, que actúe sobre ese mercado.

El resto, en mi opinión, es mezclar las cosas.

Neutralidad en la Red: ¿a quién beneficia?

O mejor dicho, ¿a quién beneficia la no neutralidad en la Red?

Afirman las operadoras de telecomunicaciones que los buscadores no pagan por sus infraestructuras. Puede ser que no paguen suficiente (cada uno sabrá su plan de negocios y su estructura de costes), pero:

  • Los buscadores, así como todas las empresas que trabajan con Internet como plataforma (universidades virtuales, tiendas en línea, banca electrónica y un larguísimo etcétera) contratan ancho de banda, tanto de subida como de bajada, para poder responder al tráfico entrante y saliente a sus servidores. El ancho de banda contratado tiene un coste, como se puede suponer, mayor cuanto más ancho se contrata.

Que usted cree que pagan poco, suba el precio. ¿A quién? A nadie en concreto, sino al producto o a un producto específico.

Afirma el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que si la opción es que acabemos con un uso más barato, un uso más eficiente y una mejora para los usuarios de Internet, que tengan Internet de más calidad y más barato, entonces será una buena opción para estudiar. Sinceramente, me gustaría saber en qué se basa el ministro para hacer dicha afirmación.

Creo que hemos dejado claro ya que las telecos operan en una situación de monopolio, o como mucho, de oligopolio.

La literatura económica muestra también que los servicios de telecomunicaciones tienen una demanda bastante inelástica (y, me atrevería a añadir, más inelástica a medida que aumenta la intensividad de uso, especialmente en las empresas y, por supuesto, en el sector de las TIC). ¿Qué significa inelasticidad de la demanda? (Simplificando) que, por mucho que suba el precio, vamos a consumir igual.

  • Resumiendo: un mercado imperfecto (monopolio u oligopolio) y una demanda inelástica son las condiciones ideales para que ningún, absolutamente ningún beneficio (reducción de costes, incremento de ingresos, etc.) que tenga la empresa se traslade al consumidor. Ninguno. Repito: ninguno.

Lo diré de otro modo: las afirmaciones del ministro Sebastián contradicen años y años de teoría económica y de experiencia práctica. O estos beneficios a los consumidores van regulados por ley (como la que obliga a las telecos a destinar parte de sus beneficios a la sociedad, y de ahí Fundación Telefónica y similares) o el ministro sabe algo que no sabemos los demás. Por supuesto, no aplica aquí desconocimiento del tema, ya que el ministro es doctor en Economía y Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico (una cuarta opción es que quién esté en error sea yo, todo puede ser: ahí están los comentarios para sacarme de él).

Así pues, si las empresas que basan su actividad en Internet ya pagan por los servicios que contratan, y si el consumidor no va a ser partícipe de los beneficios derivados de subir el precio a aquellos, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quién se beneficia de distorsionar el mercado y discriminar unos usos de otros? Y, más importante, ¿quién se perjudica con ello?

En mi opinión, se lucran únicamente los accionistas, que son minoría en una sociedad. Y se perjudica a toda esta y a sus derechos.