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El Gobierno de España publicó el pasado 27 de marzo el Anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y ha animado a los ciudadanos a hacer comentarios al Anteproyecto de Ley durante los 15 días siguientes a dicha publicación.

No han sido pocos los que se han animado a publicar sus comentarios en blogs, columnas de opinión y demás canales. Y, sin haberlos leído todos (por supuesto), en mayor o menor medida las observaciones (críticas) se centran en la poca ambición del Anteproyecto y, algunos, se animan a proponer algunas mejoras al texto, manteniendo, eso sí, su estructura y puntos principales — que es lo que precisamente permite el formulario de comentarios creado por el mismo Gobierno.

En mi opinión, no caben comentarios sino negar la mayor. El texto se basa en una asunción completamente extemporánea en una sociedad digital: el ciudadano pide y la Administración responde. O, dicho de otro modo, la Administración es reactiva y acaba publicando. Lo natural sería todo lo contrario: la Administración debería trabajar digitalmente, en abierto, de forma constante y en tiempo real y los datos ser accesibles por defecto y para todos los ciudadanos. Y solamente las excepciones — pocas y necesarias — requerirían una solicitud expresa y su pertinente resolución.

Vayamos por partes.

• Publicar o trabajar en abierto: En una sociedad industrial, predigital, publicar información significa poner recursos (en materiales, tiempo y dinero) para que dicha publicación sea posible: copiar informes en papel, recopilar datos y pasarlos a papel, etc. En una sociedad digital, tiene sentido hablar de publicar, y de restringir la publicación, porque ello es más eficiente. En una sociedad digital sin apenas costes de publicación, lo eficiente es trabajar directamente en la red, en abierto. No ha lugar publicación alguna, porque todo sucede en la Red, se trabaja en la Red.
• Documentos o bases de datos: El documento es la herramienta de trabajo básica de la sociedad industrial. De nuevo, es más eficiente y eficaz compilar los datos en un informe compacto, manejable, fácilmente transferible. En una sociedad digital, el dato es la unidad de medida. Si el dato es libre, la agregación puede realizarse de distintas formas y por distintos agentes. Mientras el Anteproyecto habla de documentos y de información, lo que el ciudadano y la naturaleza del s.XXI piden es el acceso directo al dato, a las bases de datos.
• Estadísticos agregados o acceso a los microdatos: En la misma línea de lo anterior, la elaboración de estadísticos requiere añadir recursos y, además, perder información en el proceso de elaboración. Cuando el acceso a los microdatos, no tiene coste alguno y permite mucho más detalle, no tiene sentido añadir capas de procesos y costes.
• Portales de transparencia o acceso a las aplicaciones: Después de los informes y los estadísticos agregados, el Anteproyecto propone — con toda lógica — una plataforma para distribuirlos: el portal de la transparencia. Si bien esto tiene mucha lógica dentro del planteamiento de la futura Ley de Transparencia, no la tiene a la luz de lo dicho anteriormente. Lo que hay que proporcionar es acceso directo a las mismas aplicaciones que utiliza la administración, aunque, por supuesto, con distintos perfiles. El ejemplo más claro está en la universidad: la aplicación que gestiona los expedientes permite a un profesor poner notas, a un estudiante consultarlas y a la gestión académica generar un título si se reúnen ciertos requisitos; pero la aplicación es exactamente la misma. No hay que hacer más informes: hay que digitalizar la Administración y abrir una ventana al ciudadano.
• De la solicitud de información a la recepción de información: Si se abre dicha ventana al ciudadano, se hace posible que este no tenga que solicitar información alguna, sino simplemente ir a por ella. De hecho, con la tecnología existente, es incluso posible que sea la información la que vaya al ciudadano, a través de correos electrónicos de alerta (el CIS ya los utiliza, por ejemplo) o de canales RSS que informen en tiempo real de aquella información que se ha actualizado.
• De la transparencia a la Administración abierta: En el fondo, no se trata de abrir una ventana al ciudadano, sino una puerta, una puerta que dé la posibilidad al ciudadano no de consultar datos sino de aportar datos que él haya generado o recogido, cerrando así el círculo.

A todo esto cabría añadir una cuestión más filosófica sobre el acceso a la información pública y la naturaleza de los cargos públicos: ¿a quién pertenece la información pública y quién trabaja para quién en la Administración y el Gobierno? Considero que la respuesta correcta es ni la información pública es de la Administración ni los ciudadanos trabajan para cargos públicos, sino que la información pública pertenece al ciudadano, y que los cargos públicos trabajan para aquél y a aquél deben rendir cuentas. No tienen sentido, pues (salvo contadísimas excepciones) cuestiones como facilitar la identidad de quién solicita la información o con qué motivo o para qué fines la solicita. En todo caso, hay que regular únicamente cuándo, por qué y para quién no se facilitará una información en particular.

Es por estos motivos que comentar el Anteproyecto de Ley título por título, capítulo por capítulo o artículo por artículo se me antoja perderse entre el follaje sin haber sido capaces de ver el bosque.

En mi opinión, sería mucho más ambicioso — aunque difícil de cumplir, por supuesto, sobre todo a corto plazo — redactar una ley de máximos. Una Ley de Transparencia que no fuese tal, sino de Gobierno Abierto: de trabajo de Gobiernos y Administraciones de forma 100% digital, de forma 100% online, con plataformas abiertas e interoperables. Hay algunas bases para ello, como la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que podría servir como punto de partida a una, ya no modernización, sino actualización de la forma de gobernar y administrar. La tecnología ya existe. Solamente hace falta un poco más de competencia digital, ambición y voluntad política.

Hay convocada para mañana, 29 de marzo de 2012, una huelga general para protestar contra la reciente aprobación de una reforma laboral, cuyo objetivo es, y cito más o menos textualmente, corregir las debilidades del modelo laboral español que la crisis que atraviesa España desde 2008 ha puesto de manifiesto.

A diferencia de lo que decidí hace justo un año y medio, cuando se convocó otra huelga general contra la anterior refoma laboral — ver Huelga de la huelga — esta vez sí ejerceré mi derecho a la huelga.

No obstante, no será la reforma laboral el principal motivo por el que secunde la huelga: considero que la reforma laboral es un síntoma cuyas causas son las que requieren ser denunciadas y ser opuestas. A continuación, pues, expondré mis motivos.

(un paréntesis sobre la reforma laboral)

La reforma laboral es, a mi entender, una mala reforma. Comparto que el mercado laboral español necesita una reforma y comparto que gran parte de dicha reforma pasa por la flexibilidad. Incluso comparto que dicha flexibilidad pueda pasar por limitar ciertos derechos que, por otra parte, solamente disfruta una parte de la población cuya situación laboral es una determinada. No obstante, uno espera que una cierta cesión de ventajas sociales sirva para, por otra parte, ganar otras ventajas sociales que, a la larga, compensen la pérdida de las primeras. No parece ser así con esta reforma: la pérdida de ventajas no parece que vaya a compensarse, por dos motivos básicos: la prácticamente ausente política de protección al trabajador así como las prácticamente ausentes (e ineficaces) políticas de creación de empleo. Con dos pilares ausentes, debilitar el tercero a cambio de nada se antoja, en el mejor de los casos, como una política parcial cuyos resultados serán negativos a corto plazo y, a lo sumo, inciertos a largo.

No queda otra opción

Durante el último año y medio — o durante los últimos cuatro años si situamos el origen en la crisis, o durante el tiempo que cada uno considere que hace que dura la desfachatez — los gobiernos de todos los niveles — desde el municipal hasta el comunitario y “la comunidad internacional”, pasando por el autonómico y el estatal — han afirmado que las medidas que se proponen — e inmediatamente se toman — “son las únicas que se pueden tomar”, “no queda más remedio que tomarlas” y, a lo sumo, “la ciudadanía debe actuar con responsabilidad” aunque “a lo mejor no se han sabido explicar bien las políticas”.

Apelar a la responsabilidad de quien administra solamente su hogar, en lugar de apelar a la responsabilidad de quien administra los bienes públicos es casi surrealista. Confundir el no compartir una opinión con no comprenderla es entre condescendiente y cínico.

En el fondo, no son más que latiguillos para la razón de fondo que no cabe admitir: la falta de voluntad de defender las políticas propuestas por un gobierno o partido, de argumentarlas, de fundamentarlas con evidencias. Tenemos unos políticos (no todos, pero sí los que tienen más voz o más alta) que, presos del pánico a la impopularidad, secuestrados por los sondeos de opinión, son incapaces de defender aquello que proponen, derivando en el “no hay otra” por todo fundamento. El yermo de ideas, o los arrestos para defenderlas, es devastador.

Si hay algo cierto en política o en economía es que no existe la solución, sino una solución en función del contexto, de los beneficios y beneficiarios que se persigan, de los costes que uno quiera o pueda soportar y, sobre todo, del enfoque dado o y del punto de partida.

Crisis de las ideas

Si bien no existe la solución sino unas soluciones determinadas, es también cierto que sí conocemos, muy a menudo, lo que no es una solución. Dicho de otro modo: si el rango de soluciones puede ser diverso e incierto, sí solemos saber qué no es una solución y qué no funciona y lo tenemos bien acotado.

Además de carecer del valor o del conocimiento para fundamentar sus propuestas, otro hábito de quienes ostentan cargos públicos es no leer. No leer la producción científica, no leer los informes técnicos, no escuchar a los especialistas, no escuchar a los afectados por una política, no cotejar con quienes lo intentaron en el pasado o en otro lugar. Solamente la ignorancia y la desidia — a veces acompañada por una pésima preparación — valen para explicar algunas decisiones tomadas no ya contra el sentido común, sino contra la más objetiva de las evidencias.

O eso u otros intereses particulares. No entraremos en ese terreno por obvio, fácil y, en cierta medida, más perteneciente a lo penal que a la política en sentido estricto.

Ausencia de diálogo

Quién no lee es difícil que escuche.

Pero el problema no es la ausencia de debate.

El problema es la negación del diálogo como herramienta de generación de conocimiento y, peor todavía, el dificultar el diálogo por ser algo superfluo, frívolo, que hace perder el tiempo.

El diálogo, el debate, el intercambio, el ágora son percibidos desde quien gobierna como algo incómodo. Se niega la posibilidad de la disensión, de la disensión honesta, y cualquier oposición a una idea se ve como instrumentada, partidista o electoralista. Siempre la vista puesta en los agentes y jamás en las ideas.

La transparencia, el gobierno abierto, la toma de decisiones compartida, los datos accesibles, la rendición de cuentas, la opinión pública, las iniciativas populares, las consultas son lugares comunes que viven en manifiestos que jamás se convierten en norma operativa.

Desmontar la gobernanza del sistema

Sin ideas, sin conocimientos y sin diálogo solamente queda dar la puntilla a la libertad efectiva de elección.

Vaciar de posibilidades la educación y la sanidad, a la vez que se vacían de legitimidad la justicia, los gobiernos y los parlamentos es la negación última de la construcción de un proyecto compartido y, con ello, instaurar la ley del más fuerte.

La aparentemente creciente libertad de actuar dentro de un sistema gracias a mayores cuotas de consumo (basado en el endeudamiento) y acceso a actividades de evasión mental es un espejismo que oculta la cada vez más difícil libertad de cambiar ese sistema, de recuperarse de una caída, o de salir del hoyo en el que uno tuvo la (mala) suerte de caer al nacer.

La regresión a las primeras décadas de la revolución industrial, basadas en salarios de subsistencia en aras del progreso es, no una realidad, sino una tendencia que se acelera al ritmo de la nueva revolución digital, con más y nuevos excluidos.

La reforma laboral es un síntoma de un cúmulo de estas muchas otras enfermedades.

Es contra esta claudicación de la razón a la fuerza de la superchería y el márqueting político, contra esta falta de ideas, contra la ausencia de diálogo, contra la renuncia a mayores cuotas de justicia social e igualdad, contra este sálvese quien pueda, es contra este diálogo de sordos que yo, personalmente, haré huelga el próximo 29 de marzo de 2012.

Anuncia el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que hoy ha tenido lugar la constitución del Grupo de Expertos de Alto Nivel para la Agenda Digital, grupo qoe propondrá y tutelará las medidas más adecuadas para desarrollar la estrategia del Gobierno en telecomunicaciones y Sociedad de la Información denominada como Agenda Digital Español.

En mi opinión, el Gobierno vuelve a pasar por alto la diferencia entre Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, al menos en lo que se infiere de la composición de dicho grupo.

Las actuaciones de la Agenda Digital sí tienen una aproximación bastante comprehensiva de lo que uno entiende por Sociedad de la Información:

• Generalizar el uso avanzado de las herramientas de la Sociedad de la Información en las empresas.
• Extender las redes fijas y móviles de nueva generación.
• Potenciar el uso avanzado de las nuevas tecnologías por los ciudadanos en su vida cotidiana: Reforzando la seguridad y la protección de la privacidad de las personas.
• Fomentar la creación de contenidos digitales en español.
• Utilizar las herramientas digitales en los servicios públicos en los que sea eficiente su aplicación Avanzando hacia el apagón del papel en la Administración.

Aunque con algo de desorden, esos objetivos vienen a cubrir infraestructuras, contenidos, uso por ciudadanos, uso por parte del sector privado y uso por parte del sector público. No es todo, pero es una parte importante de lo que comprendemos por Sociedad de la Información.

La composición del grupo, no obstante, tiene un preocupante y absoluto sesgo a favor de la industria de las telecomunicaciones. Y recalcamos los sustantivos: industria, telecomunicaciones.

De los por ahora 14 miembros del Grupo:

• 9 provienen de la industria de las telecomunicaciones y/o de los servicios tecnológicos (Acens, AMETIC, Ericsson, Google, IBM, Indra, Telefónica, Vodafone);
• 3 son acédemicos o pertenecientes al mundo de la ingenieria (COIT, COTEC, ETSI-UPM, Real Academia de Ingeniería);
• y 1 restante representa a asociaciones de empresas con una pluralidad de intereses y perfiles (ADIGITAL).

Resumiendo, 13 tecnólogos y 1 perfil más plural, aunque también pertenecientes a la industria digital.

Las carencias del Grupo de Expertos de Alto Nivel para la Agenda Digital

Es para mí obvio, vistos los objetivos de la Agenda Digital y la composición del Grupo de Expertos de Alto Nivel que quedan fuera aspectos relevantes de la sociedad de la información.

Para empezar, no están los usuarios. O, mejor dicho, no está la demanda. El grupo está copado por las infraestructuras y, en menor representación, por el lado de la oferta. Ni los usuarios a título individual, ni las administraciones, ni las empresas en cuanto a usuarias de tecnología están representadas en absoluto.

Toda la cuestión relativa a la regulación brilla también por su ausencia. Si bien es cierto que el representante de Telefónica es el Director corporativo de Regulación, creo que haría falta o bien más pluralidad de puntos de vista o, simplemente, un representante más neutral.

Respecto al apartado de “contenidos”, habría que saber a qué exactamente se refiere dicho concepto. Visto el historial de la Administración y la industria en este país, es de suponer que hablamos de contenidos-contenidos, es decir, los “tangibles” de la industria cultural. Sin embargo, no parece ser que estén incluidos los servicios: juegos, comercio electrónico, educación en línea, plataformas de redes sociales y otras plataformas, etc. son parte importante de la industria digital que parece estar también ausente en dicho grupo.

Falta, por último, y para quien escribe mucho más importante, no están las políticas. Es decir, los fines, los objetivos, la estrategia. Pero no las políticas de “Sociedad de la Información” en tanto en cuanto a desarrollo de esta, sino las políticas de “Sociedad de la Información para”. Dicho de otro modo, el grupo carece de visión (formal, sobre el papel, por supuesto) en materia de brecha digital, inclusión, desarrollo económico y social, competitividad y productividad en la empresa, cambio organizativo y gestión del cambio, nuevos liderazgos, competencias digitales, etc. etc. etc. Dicho de otro modo, queda claro que queremos más y mejores cables, pero no para qué. Lo que es totalmente coherente con la invisibilidad de los usuarios, la regulación y los servicios.

Una propuesta para mejorar el Grupo de Expertos de Alto Nivel para la Agenda Digital

Me voy a permitir la osadía de sugerir algunos nombres para completar dichas carencias. La lista no solamente es parcial, sino totalmente subjetiva, aunque intentaré justificar los nombres. He intentado priorizar una aproximación neutral — aunque comprometida — con los temas, así como un profundo conocimiento de los mismos.

• Usuarios: un representante de la Fundación Esplai (se me ocurren varios y no puedo decidirme por uno); Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios; y Paco Prieto, de la Fundación CTIC. Todos ellos — junto a muchas más instituciones: ¡no caben todas! — representan mejor que nadie a los usuarios, a la pluralidad de usuarios y enfoques y necesidades de ese 90% que no habla de blogs, ni Twitter, ni márqueting online, ni el último chacharrito que ha salido al mercado.
• Servicios, Industria: Julio Alonso, Fundador y Director General de Weblogs SL, con una visión poco neutral del mundo de Internet, pero interesantísima por ser precisamente muy complementaria a la actual composición del Grupo de Expertos de Alto Nivel.
• Servicios, Administración: la referencia a Josema Alonso en materia de Administración y TIC es, para mí, obligada. Para completar con un perfil más aplicado, incluiría también a un representante de Autoritas, la consultora sobre Gobierno y Política electrónicos (con el equipo que tienen también se hace difícil escoger a una persona en concreto).
• Servicios, Salud: quien no ha oído hablar de Paco Lupiáñez, no sabe de sistema sanitario y sociedad de la Información. Internacionalmente. Fue compañero mío en la UOC y profeso por él profunda y sincera admiración. Ahora es investigador del IPTS de la Unión Europea.
• Servicios, Educación: aunque habría aquí también una larga lista de candidatos, seguramente Jordi Adell sería una apuesta segura por el amplísimo consenso que genera en la comunidad educativa.
• Servicios, Economía: la segunda aportación de mi universidad sería Joan Torrent, con dilatada experiencia en el ámbito del impacto de las TIC en la empresa, especialmente las PYMES, el gran tejido empresarial de este país.
• Regulación: Miquel Peguera, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (y van tres ;), especialista en ese amplio abanico de sub-disciplinas que solemos agrupar como Derecho de Internet. Referencia tanto para académicos como para practicantes.
• Políticas públicas: Ismael Peña-López, es decir, yo mismo, que suplo mi evidente falta de modestia (al fin y al cabo, es mi lista) con experiencia teórica y práctica en, precisamente, el “para qué” una Sociedad de la Información y los distintos efectos que puede tener un diseño u otro en las políticas públicas de desarrollo digital.

Como se suele decir, son todos los que están, pero no están todos los que son. Mis sinceras disculpas a los que crean que debieran estar en esa lista: seguramente yo también crea que deban estar, pero ni mi memoria es ya lo que era ni la mesa donde sentarse puede ser infinita. Habría que echar a los que hay, y no se trata en absoluto de eso: se trata de compensar la ineludible necesidad de representar a infraestructuras e industria con la inexcusable prioridad de incluir a los sujetos de las estrategias de desarrollo de la Sociedad de la Información.

(No, mi inclusión en la lista no es broma: al fin y al cabo, el contribuyente paga con sus impuestos mi sueldo para que, entre otras cosas, me haga merecedor de estar en esa lista. Si no merezco estar, probablemente tampoco merezca ocupar mi puesto de trabajo.)

La Fundación Esplai acaba de lanzar un proyecto Ciudadanía y ONG: Desde la indignación y la resistencia inteligente para abrir un debate dentro del Tercer Sector sobre cuál debe ser el papel de la sociedad civil organizada en un momento de cambio como el que estamos viviendo.

Después del estupor y parálisis con el que la mayor parte de las organizaciones sin ánimo de lucro vivieron eventos como la Primavera Árabe, el 15M o Occupy Wall Street, esta iniciativa se plantea generar un debate que acabe plasmándose en un documento colaborativo de reflexión.

El punto de partida son cuatro textos — en la redacción de uno de los cuales he participado — y, a partir de ellos, un cuestionario abierto a todo el mundo para ir identificando los puntos más calientes de los temas tratadados.

Después de este cuestionario, se elaborará un documento de síntesis sobre el que se generarán unos foros abiertos para discutir, de forma menos estructurada, los temas sugeridos tanto en los textos como a partir de las respuestas a los cuestionarios.

El proyecto:

• Ciudadanía y ONG
• Responder al cuestionario

Leer los textos:

• Desde la indignación y la resistencia inteligente, por Enrique Arnanz.
• Lo intergeneracional, los esfuerzos por una sociedad más justa y las organizaciones no gubernamentales, por Carlos Giménez.
• Participación transformadora por Imanol Zubero.
• Civilización digital: Nuevas instituciones para ciudadanos digitales, por Ismael Peña-López.

Lo que sigue a continuación es un ejercicio de la mejor demagogia y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

La infografía — el término está de moda, aunque para ser exactos es un diagrama de flujo — que aquí se representa viene a ilustrar cómo se toma una decisión pública en una determinada administración. La infografía es compatible para cualquier nivel de la administración — desde la comunidad de vecinos hasta las organizaciones internacionales — y presenta a los principales agentes de la toma de decisiones públicas: el político en el gobierno y el ciudadano (la oposición está incluida en esta última categoría o en la primera, a conveniencia del lector y de la política a tratar).

El final es el de la bancarrota — de los ayuntamientos, diputaciones, autonomías, estados y supraestados — con la contribución conjunta de políticos y ciudadanos. Probablemente una ley de transparencia y gobierno abierto servirían para dibujar una infografía si no diferente en el final (el hombre propone…), sí, al menos, en sus procesos intermedios.

No somos optimistas. Ni en lo uno ni en lo otro.

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En El copago no es repago: es privatización argumentaba que el repago es técnicamente imposible: dado que no se puede pagar dos veces por la misma cosa, el copago es, técnicamente, un camino hacia la privatización de la Sanidad.

En el debate que se ha generado posteriormente hemos acabado hablando de si la Sanidad es, en efecto, un bien público o se trata, en cambio, de un bien privado ofrecido como un servicio público.

La definición ortodoxa de bien público lo caracteriza como el bien cuyo consumo no es rival — que uno consuma no priva al otro del consumo: no hay límite en el número de personas que pueden sintonizar una emisora, a diferencia de lo que ocurre con comerse una manzana — y donde no hay posibilidad de excluir a nadie de su comsumo — el ejemplo clásico, la defensa de un país, donde todos sus ciudadanos son defendidos por su ejército lo quieran o no, paguen o no, a diferencia de un teatro, que puede cerrar sus puertas a quien no pague.

El sistema sanitario como bien público.

Desde una aproximación muy simple de la sanidad, la provisión de servicios sanitarios es sin duda un bien privado: un médico no puede atender a un número infinito de pacientes (hay, pues rivalidad) y quien no paga al médico no es atendido por él (hay, pues, posibilidad de exclusión).

No obstante, si tomamos la sanidad no como un servicio asistencial sino como un sistema de salud, este último toma rápidamente características de un bien público.

Una primera cuestión que podemos contemplar son las políticas de prevención, fundamentadas, básicamente, en la difusión de información entre la población: información sobre prácticas saludables, información sobre detección prematura de enfermedades, etc. A ello habría que añadirle toda la información referida al cuidado de enfermos o bien a estrategias paliativas de la sintomatología de determinadas enfermedades, especialmente las crónicas. La información sanitaria es, claramente, no-rival ni obedece al principio de exclusión. Es, pues, un bien público.

En el otro extremo de la divulgación de información encontramos su fuente: la investigación médica. Una vez más, los resultados de la investigación son aplicables tanto si se ha pagado por ella como si no, y es prácticamente imposible (salvo caso de patentes, tan criticadas en el ámbito de la industria farmacéutica) excluir a nadie de los descubrimientos científicos.

Dentro del ámbito más puramente asistencial, hay muchos aspectos que dependen no únicamente del trato que reciba el paciente sino también su entorno. El más claro es el de la vacunación, donde es tan importante la inmunidad del individuo a través de su vacunación como alcanzar una buena inmunidad de grupo a través de la vacunación de los demás. Parecido a lo que sucede con la vacunación ocurre con el tratamiento psicológico de determinados trastornos, especialmente los asociados con tramas con fuerte componente colectivo (el más claro, la asistencia en casos de catástrofes humanitarias — atentados terroristas incluidos). Efectos colaterales derivados a los cuidadores de enfermos crónicos o con elevados grados de minusvalía son también cuestiones que trascienden lo estrictamente individual.

Los ejemplos donde un sistema sanitario se comporta como un bien público — no rivalidad, no exclusión — son múltiples y variados.

La provisión de los servicios sanitarios como monopolio natural.

De la misma forma que ocurre con la definición de bien público, podemos considerar los provisión de servicios sanitarios como un servicio más que puede ser regulado eficientemente por el mercado o, por contra, como un monopolio natural.

En su acepción más simple, la sanidad puede ser administrada por el mercado: el precio de inyectarse una vacuna dependerá de la oferta (de médicos, de viales) y de la demanda (cuánta gente quiere vacunarse).

Pero, como se ha dicho, el sistema sanitario es mucho más que la asistencia sanitaria personal.

Se considera un monopolio natural aquella producción de un bien o un servicio cuya provisión es más eficiente que sea hecha por un único proveedor en lugar de múltiples agentes en una economía de mercado. El motivo es que los costes de hacerlo en una economía de mercado serían mucho más elevados y, en el límite, impedirían la provisión de dicho bien o servicio. Se llama natural porque, a diferencia del monopolio creado legalmente — por ejemplo a través de la explotación de una patente o una concesión administrativa — es la naturaleza misma del bien la que crea dicha situación de monopolio. Mandar al hombre a la Luna, por ejemplo, es prácticamente imposible en una economía de mercado habida cuenta de las ingentes inversiones a realizar (y, dicho sea de paso, el bajo retorno de la inversión esperado). Monopolios naturales más habituales son autopistas o ferrocarriles: no sale a cuenta — no es eficiente — que haya varios proveedores montando autopistas o vías de tren en paralelo.

A pequeña escala, la provisión de servicios de salud puede darse en una economía de mercado. A gran escala, tomando el sistema en su conjunto, es fácil ver cómo emergen características de monopolio natural.

La primera, y en la línea argumental anterior, es la investigación. Especialmente si tomamos como referencia la investigación básica — de la que derivará la investigación aplicada y, por fin, la innovación y desarrollo de nuevas técnicas biosanitarias — esta es solamente posible en un régimen de monopolio natural, donde un único proveedor (en este caso, la comunidad científica internacional) se beneficia de los esfuerzos y resultados de los demás. Sin esta comunidad científica internacional, ni el mejor laboratorio privado sería capaz de sobrevivir.

La segunda son los elevados costes de inversión de determinadas técnicas, tecnologías e infraestructuras. Si la administración de inyecciones tiene cabida dentro de una economía de mercado, más difícilmente lo tendrá un trasplante de corazón, donde la dificultad empieza por montar un sistema de donantes y receptores cuyo éxito empieza por su nivel de penetración entre la ciudadanía.

Tanto en la investigación como en las infraestructuras, se trata de inversiones que, con mucha probabilidad, acabarían dotándose por debajo del óptimo en caso de una economía de mercado. Ha sucedido ya históricamente en los sectores energéticos, sector de las telecomunicaciones, gestión de los recursos naturales o los transportes públicos por poner solamente cuatro ejemplos.

¿Sanidad Pública o Privatización?

Dejando al margen consideraciones de equidad, dejando al margen el conocido problema de la selección adversa, dejando al margen cuestiones éticas de discriminación en función de indicadores indirectos de salud, todo ello al margen, existen motivos poderosos por los cuales un sistema de sanidad — que no una atención sanitaria puntual — sería más beneficioso que se gestionase como un servicio público que no como un servicio privado.

Y cuando hablamos de copago o repago, que suponen la parcial y paulatina privatización del sistema sanitario, habría que ver si los beneficios de dicha política (el supuesto abuso del sistema) no acabarán siendo superiores a los costes de la misma. Al menos en términos económicos — en términos de equidad, uno ya da por perdida la batalla.