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Hay convocada para mañana, 29 de marzo de 2012, una huelga general para protestar contra la reciente aprobación de una reforma laboral, cuyo objetivo es, y cito más o menos textualmente, corregir las debilidades del modelo laboral español que la crisis que atraviesa España desde 2008 ha puesto de manifiesto.

A diferencia de lo que decidí hace justo un año y medio, cuando se convocó otra huelga general contra la anterior refoma laboral — ver Huelga de la huelga — esta vez sí ejerceré mi derecho a la huelga.

No obstante, no será la reforma laboral el principal motivo por el que secunde la huelga: considero que la reforma laboral es un síntoma cuyas causas son las que requieren ser denunciadas y ser opuestas. A continuación, pues, expondré mis motivos.

(un paréntesis sobre la reforma laboral)

La reforma laboral es, a mi entender, una mala reforma. Comparto que el mercado laboral español necesita una reforma y comparto que gran parte de dicha reforma pasa por la flexibilidad. Incluso comparto que dicha flexibilidad pueda pasar por limitar ciertos derechos que, por otra parte, solamente disfruta una parte de la población cuya situación laboral es una determinada. No obstante, uno espera que una cierta cesión de ventajas sociales sirva para, por otra parte, ganar otras ventajas sociales que, a la larga, compensen la pérdida de las primeras. No parece ser así con esta reforma: la pérdida de ventajas no parece que vaya a compensarse, por dos motivos básicos: la prácticamente ausente política de protección al trabajador así como las prácticamente ausentes (e ineficaces) políticas de creación de empleo. Con dos pilares ausentes, debilitar el tercero a cambio de nada se antoja, en el mejor de los casos, como una política parcial cuyos resultados serán negativos a corto plazo y, a lo sumo, inciertos a largo.

No queda otra opción

Durante el último año y medio — o durante los últimos cuatro años si situamos el origen en la crisis, o durante el tiempo que cada uno considere que hace que dura la desfachatez — los gobiernos de todos los niveles — desde el municipal hasta el comunitario y “la comunidad internacional”, pasando por el autonómico y el estatal — han afirmado que las medidas que se proponen — e inmediatamente se toman — “son las únicas que se pueden tomar”, “no queda más remedio que tomarlas” y, a lo sumo, “la ciudadanía debe actuar con responsabilidad” aunque “a lo mejor no se han sabido explicar bien las políticas”.

Apelar a la responsabilidad de quien administra solamente su hogar, en lugar de apelar a la responsabilidad de quien administra los bienes públicos es casi surrealista. Confundir el no compartir una opinión con no comprenderla es entre condescendiente y cínico.

En el fondo, no son más que latiguillos para la razón de fondo que no cabe admitir: la falta de voluntad de defender las políticas propuestas por un gobierno o partido, de argumentarlas, de fundamentarlas con evidencias. Tenemos unos políticos (no todos, pero sí los que tienen más voz o más alta) que, presos del pánico a la impopularidad, secuestrados por los sondeos de opinión, son incapaces de defender aquello que proponen, derivando en el “no hay otra” por todo fundamento. El yermo de ideas, o los arrestos para defenderlas, es devastador.

Si hay algo cierto en política o en economía es que no existe la solución, sino una solución en función del contexto, de los beneficios y beneficiarios que se persigan, de los costes que uno quiera o pueda soportar y, sobre todo, del enfoque dado o y del punto de partida.

Crisis de las ideas

Si bien no existe la solución sino unas soluciones determinadas, es también cierto que sí conocemos, muy a menudo, lo que no es una solución. Dicho de otro modo: si el rango de soluciones puede ser diverso e incierto, sí solemos saber qué no es una solución y qué no funciona y lo tenemos bien acotado.

Además de carecer del valor o del conocimiento para fundamentar sus propuestas, otro hábito de quienes ostentan cargos públicos es no leer. No leer la producción científica, no leer los informes técnicos, no escuchar a los especialistas, no escuchar a los afectados por una política, no cotejar con quienes lo intentaron en el pasado o en otro lugar. Solamente la ignorancia y la desidia — a veces acompañada por una pésima preparación — valen para explicar algunas decisiones tomadas no ya contra el sentido común, sino contra la más objetiva de las evidencias.

O eso u otros intereses particulares. No entraremos en ese terreno por obvio, fácil y, en cierta medida, más perteneciente a lo penal que a la política en sentido estricto.

Ausencia de diálogo

Quién no lee es difícil que escuche.

Pero el problema no es la ausencia de debate.

El problema es la negación del diálogo como herramienta de generación de conocimiento y, peor todavía, el dificultar el diálogo por ser algo superfluo, frívolo, que hace perder el tiempo.

El diálogo, el debate, el intercambio, el ágora son percibidos desde quien gobierna como algo incómodo. Se niega la posibilidad de la disensión, de la disensión honesta, y cualquier oposición a una idea se ve como instrumentada, partidista o electoralista. Siempre la vista puesta en los agentes y jamás en las ideas.

La transparencia, el gobierno abierto, la toma de decisiones compartida, los datos accesibles, la rendición de cuentas, la opinión pública, las iniciativas populares, las consultas son lugares comunes que viven en manifiestos que jamás se convierten en norma operativa.

Desmontar la gobernanza del sistema

Sin ideas, sin conocimientos y sin diálogo solamente queda dar la puntilla a la libertad efectiva de elección.

Vaciar de posibilidades la educación y la sanidad, a la vez que se vacían de legitimidad la justicia, los gobiernos y los parlamentos es la negación última de la construcción de un proyecto compartido y, con ello, instaurar la ley del más fuerte.

La aparentemente creciente libertad de actuar dentro de un sistema gracias a mayores cuotas de consumo (basado en el endeudamiento) y acceso a actividades de evasión mental es un espejismo que oculta la cada vez más difícil libertad de cambiar ese sistema, de recuperarse de una caída, o de salir del hoyo en el que uno tuvo la (mala) suerte de caer al nacer.

La regresión a las primeras décadas de la revolución industrial, basadas en salarios de subsistencia en aras del progreso es, no una realidad, sino una tendencia que se acelera al ritmo de la nueva revolución digital, con más y nuevos excluidos.

La reforma laboral es un síntoma de un cúmulo de estas muchas otras enfermedades.

Es contra esta claudicación de la razón a la fuerza de la superchería y el márqueting político, contra esta falta de ideas, contra la ausencia de diálogo, contra la renuncia a mayores cuotas de justicia social e igualdad, contra este sálvese quien pueda, es contra este diálogo de sordos que yo, personalmente, haré huelga el próximo 29 de marzo de 2012.

La Fundación Esplai acaba de lanzar un proyecto Ciudadanía y ONG: Desde la indignación y la resistencia inteligente para abrir un debate dentro del Tercer Sector sobre cuál debe ser el papel de la sociedad civil organizada en un momento de cambio como el que estamos viviendo.

Después del estupor y parálisis con el que la mayor parte de las organizaciones sin ánimo de lucro vivieron eventos como la Primavera Árabe, el 15M o Occupy Wall Street, esta iniciativa se plantea generar un debate que acabe plasmándose en un documento colaborativo de reflexión.

El punto de partida son cuatro textos — en la redacción de uno de los cuales he participado — y, a partir de ellos, un cuestionario abierto a todo el mundo para ir identificando los puntos más calientes de los temas tratadados.

Después de este cuestionario, se elaborará un documento de síntesis sobre el que se generarán unos foros abiertos para discutir, de forma menos estructurada, los temas sugeridos tanto en los textos como a partir de las respuestas a los cuestionarios.

El proyecto:

• Ciudadanía y ONG
• Responder al cuestionario

Leer los textos:

• Desde la indignación y la resistencia inteligente, por Enrique Arnanz.
• Lo intergeneracional, los esfuerzos por una sociedad más justa y las organizaciones no gubernamentales, por Carlos Giménez.
• Participación transformadora por Imanol Zubero.
• Civilización digital: Nuevas instituciones para ciudadanos digitales, por Ismael Peña-López.

Lo que sigue a continuación es un ejercicio de la mejor demagogia y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

La infografía — el término está de moda, aunque para ser exactos es un diagrama de flujo — que aquí se representa viene a ilustrar cómo se toma una decisión pública en una determinada administración. La infografía es compatible para cualquier nivel de la administración — desde la comunidad de vecinos hasta las organizaciones internacionales — y presenta a los principales agentes de la toma de decisiones públicas: el político en el gobierno y el ciudadano (la oposición está incluida en esta última categoría o en la primera, a conveniencia del lector y de la política a tratar).

El final es el de la bancarrota — de los ayuntamientos, diputaciones, autonomías, estados y supraestados — con la contribución conjunta de políticos y ciudadanos. Probablemente una ley de transparencia y gobierno abierto servirían para dibujar una infografía si no diferente en el final (el hombre propone…), sí, al menos, en sus procesos intermedios.

No somos optimistas. Ni en lo uno ni en lo otro.

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En El copago no es repago: es privatización argumentaba que el repago es técnicamente imposible: dado que no se puede pagar dos veces por la misma cosa, el copago es, técnicamente, un camino hacia la privatización de la Sanidad.

En el debate que se ha generado posteriormente hemos acabado hablando de si la Sanidad es, en efecto, un bien público o se trata, en cambio, de un bien privado ofrecido como un servicio público.

La definición ortodoxa de bien público lo caracteriza como el bien cuyo consumo no es rival — que uno consuma no priva al otro del consumo: no hay límite en el número de personas que pueden sintonizar una emisora, a diferencia de lo que ocurre con comerse una manzana — y donde no hay posibilidad de excluir a nadie de su comsumo — el ejemplo clásico, la defensa de un país, donde todos sus ciudadanos son defendidos por su ejército lo quieran o no, paguen o no, a diferencia de un teatro, que puede cerrar sus puertas a quien no pague.

El sistema sanitario como bien público.

Desde una aproximación muy simple de la sanidad, la provisión de servicios sanitarios es sin duda un bien privado: un médico no puede atender a un número infinito de pacientes (hay, pues rivalidad) y quien no paga al médico no es atendido por él (hay, pues, posibilidad de exclusión).

No obstante, si tomamos la sanidad no como un servicio asistencial sino como un sistema de salud, este último toma rápidamente características de un bien público.

Una primera cuestión que podemos contemplar son las políticas de prevención, fundamentadas, básicamente, en la difusión de información entre la población: información sobre prácticas saludables, información sobre detección prematura de enfermedades, etc. A ello habría que añadirle toda la información referida al cuidado de enfermos o bien a estrategias paliativas de la sintomatología de determinadas enfermedades, especialmente las crónicas. La información sanitaria es, claramente, no-rival ni obedece al principio de exclusión. Es, pues, un bien público.

En el otro extremo de la divulgación de información encontramos su fuente: la investigación médica. Una vez más, los resultados de la investigación son aplicables tanto si se ha pagado por ella como si no, y es prácticamente imposible (salvo caso de patentes, tan criticadas en el ámbito de la industria farmacéutica) excluir a nadie de los descubrimientos científicos.

Dentro del ámbito más puramente asistencial, hay muchos aspectos que dependen no únicamente del trato que reciba el paciente sino también su entorno. El más claro es el de la vacunación, donde es tan importante la inmunidad del individuo a través de su vacunación como alcanzar una buena inmunidad de grupo a través de la vacunación de los demás. Parecido a lo que sucede con la vacunación ocurre con el tratamiento psicológico de determinados trastornos, especialmente los asociados con tramas con fuerte componente colectivo (el más claro, la asistencia en casos de catástrofes humanitarias — atentados terroristas incluidos). Efectos colaterales derivados a los cuidadores de enfermos crónicos o con elevados grados de minusvalía son también cuestiones que trascienden lo estrictamente individual.

Los ejemplos donde un sistema sanitario se comporta como un bien público — no rivalidad, no exclusión — son múltiples y variados.

La provisión de los servicios sanitarios como monopolio natural.

De la misma forma que ocurre con la definición de bien público, podemos considerar los provisión de servicios sanitarios como un servicio más que puede ser regulado eficientemente por el mercado o, por contra, como un monopolio natural.

En su acepción más simple, la sanidad puede ser administrada por el mercado: el precio de inyectarse una vacuna dependerá de la oferta (de médicos, de viales) y de la demanda (cuánta gente quiere vacunarse).

Pero, como se ha dicho, el sistema sanitario es mucho más que la asistencia sanitaria personal.

Se considera un monopolio natural aquella producción de un bien o un servicio cuya provisión es más eficiente que sea hecha por un único proveedor en lugar de múltiples agentes en una economía de mercado. El motivo es que los costes de hacerlo en una economía de mercado serían mucho más elevados y, en el límite, impedirían la provisión de dicho bien o servicio. Se llama natural porque, a diferencia del monopolio creado legalmente — por ejemplo a través de la explotación de una patente o una concesión administrativa — es la naturaleza misma del bien la que crea dicha situación de monopolio. Mandar al hombre a la Luna, por ejemplo, es prácticamente imposible en una economía de mercado habida cuenta de las ingentes inversiones a realizar (y, dicho sea de paso, el bajo retorno de la inversión esperado). Monopolios naturales más habituales son autopistas o ferrocarriles: no sale a cuenta — no es eficiente — que haya varios proveedores montando autopistas o vías de tren en paralelo.

A pequeña escala, la provisión de servicios de salud puede darse en una economía de mercado. A gran escala, tomando el sistema en su conjunto, es fácil ver cómo emergen características de monopolio natural.

La primera, y en la línea argumental anterior, es la investigación. Especialmente si tomamos como referencia la investigación básica — de la que derivará la investigación aplicada y, por fin, la innovación y desarrollo de nuevas técnicas biosanitarias — esta es solamente posible en un régimen de monopolio natural, donde un único proveedor (en este caso, la comunidad científica internacional) se beneficia de los esfuerzos y resultados de los demás. Sin esta comunidad científica internacional, ni el mejor laboratorio privado sería capaz de sobrevivir.

La segunda son los elevados costes de inversión de determinadas técnicas, tecnologías e infraestructuras. Si la administración de inyecciones tiene cabida dentro de una economía de mercado, más difícilmente lo tendrá un trasplante de corazón, donde la dificultad empieza por montar un sistema de donantes y receptores cuyo éxito empieza por su nivel de penetración entre la ciudadanía.

Tanto en la investigación como en las infraestructuras, se trata de inversiones que, con mucha probabilidad, acabarían dotándose por debajo del óptimo en caso de una economía de mercado. Ha sucedido ya históricamente en los sectores energéticos, sector de las telecomunicaciones, gestión de los recursos naturales o los transportes públicos por poner solamente cuatro ejemplos.

¿Sanidad Pública o Privatización?

Dejando al margen consideraciones de equidad, dejando al margen el conocido problema de la selección adversa, dejando al margen cuestiones éticas de discriminación en función de indicadores indirectos de salud, todo ello al margen, existen motivos poderosos por los cuales un sistema de sanidad — que no una atención sanitaria puntual — sería más beneficioso que se gestionase como un servicio público que no como un servicio privado.

Y cuando hablamos de copago o repago, que suponen la parcial y paulatina privatización del sistema sanitario, habría que ver si los beneficios de dicha política (el supuesto abuso del sistema) no acabarán siendo superiores a los costes de la misma. Al menos en términos económicos — en términos de equidad, uno ya da por perdida la batalla.

Las cargas policiales a raíz de las manifestaciones de los estudiantes del Instituto Luis Vives de Valencia no son sino una reedición de la violencia que ya sufrieron, por ejemplo, los acampados en la Plaza Catalunya de Barcelona, quienes protestaron por la visita del Papa Benedicto XVI en Madrid, o aquellos que se han pronunciado contra algunas decisiones gubernamentales a lo largo del último año — de distintos niveles y colores de gobierno, vale la pena aclarar.

No obstante, las cargas policiales tienen una limitada importancia en sí mismas. Son graves, por supuesto, pero, insisto, en sí mismas, no son sino una cuestión de formas. De malas formas, de pésimas formas, pero una cuestión formal al fin y al cabo.

El problema de fondo, en mi opinión, no es si la policía carga mucho o poco, sino porqué y, sobre todo, qué cobertura política — si no responsabilidad directa — se da al incidente. Y, de nuevo, por qué.

Estoy convencido de que las cargas policiales indiscriminadas son, ni más ni menos, la consecución lógica de un proceder político que tiene en las ruedas de prensa sin preguntas su ejemplo paradigmático.

En los últimos años hemos visto como, en los partidos, los gabinetes de programa daban paso a los gabinetes de comunicación. La comunicación política se ha convertido en un fin, supeditando a un papel de comparsa a los programas y a las ideologías, a las propuestas, a las misiones, a las visiones de futuro.

Esa comunicación política, hueca, vociferante y unidireccional ha interferido en el debate, en la deliberación y, sobre todo, en la disensión. Las cosas son así o no hay otra opción, son los lemas a utilizar cuando se puede; no hemos sabido explicarnos, no se nos entiende, el discurso cuando no se puede. Las dos caras de la misma moneda: la moneda de la falta de argumentos, de lo irreflexivo e impulsivo, de las políticas abovedadas ricas en ecos.

Añadamos — hagamos acto de contrición también — un pueblo medio idiotizado. Algunos por la alta tasa de abandono escolar — con distintos motivos, pero con iguales consecuencias —, otros porque comieron el pan de las burbujas que los mantuvieron en éxtasis durante años, todavía otros porque sus espejos son catódicos o visten calzón corto.

Cuando, por fin, alguien es capaz de contestar lo incontestable, el estupor inicial desemboca en incredulidad, negación y, en el límite, desprecio por la oposición. Así de llano se ha pavimentado el camino de la política de discurso sin ideas, de mítines litúrgicos a figurantes y escaladores del mismo camino hacia la cima.

Se ha visto en el ejercicio de descrédito contra los movimientos ciudadanos, siempre en la línea de las formas, jamás sobre el fondo.

Se ha visto en el desprecio hacia los medios de comunicación, a quienes se ha manipulado o incluso comprado o, en caso de no poder hacerlo, a quienes se ha ninguneado e insultado en su condición de boca y orejas de los ciudadanos.

Y se ve a diario en los hemiciclos del Congreso, los Parlamentos y los plenos de los Ayuntamientos entre insultos a supuestos oponentes que apenas hablan de lo que tienen en común: la gestión de los intereses públicos. Siempre hablando de ellos mismos en condición de sus patéticas mismidades.

El ágora, el diálogo, las ideas, las propuestas, las alternativas han sido negados y violados sistemáticamente en su esencia por muchos en quien habíamos delegado nuestra representación. Por ellos y por quienes, cómplices, han callado la negación y la violación de ese parlamento entre ciudadanos, entre sus representantes, y entre estos con aquellos.

Que, ante la petición de recuperar la palabra con contenido, se opte por el uso de la porra sin sustancia es lo de menos.

Lo realmente importante es cómo hemos llegado hasta aquí.

El viernes 30 de diciembre sabíamos que el nuevo gobierno de España aprobaba el reglamento de la “ley Sinde”. Esto sucedía alrededor del mediodía y, pocas horas después, la plataforma NoLesVotes proponía un boicot a las obras artísticas e intelectuales de autores, productores, agentes o directivos que se manifestaron explícitamente, o participaron en los grupos de presión de la redacción y aprobación de la conocida como “ley Sinde”.

Aunque comparto muchísimos de los motivos de indignación que han desembocado en el boicot (Ley de Protección Intelectual caduca, “solución” que agrava el problema con la pésima “ley Sinde”, etc.), no comparto ni la iniciativa del boicot, ni el papel que han jugado los medios en sus primeras horas, ni la adhesión al misma a menudo ciega que han realizado muchas personas. Estas son mis razones.

El papel de los organizadores

Creo que hacer una llamada al boicot es una acción legítima y cualquiera debería tener total libertad de iniciar uno o adherirse a él. Sin embargo, y en mi humilde opinión, el boicot de la plataforma NoLesVotes adolece de un grado superlativo de incoherencia, al menos en dos frentes.

El primero es de fondo: uno de los motivos para el boicot es que la Ley Sinde pone en riesgo la libertad de expresión. Sorprendentemente, la lista negra del boicot se basa en las declaraciones que algunas personas hicieron bien sobre la Ley Sinde bien sobre las descargas, determinadas prácticas en Internet y similares. Se pretende pagar con la misma moneda a quienes quieren coartar la libertad de expresión. Un gran ejercicio de coherencia.

El segundo es de forma: en mi opinión, toda protesta debe ir firmada, y más si lo que pretende es la adhesión. La transparencia en una acción cívica es necesaria para contrastar la legitimidad de la acción misma. Solamente si sabemos quién hay detrás es posible dirimir si sus intenciones son honestas. ¿Cómo saber, si no, que detrás del boicot no está una editorial, productora cinematográfica o discográfica que pretende dañar a la competencia?

Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, se han realizado 173 ediciones del texto del boicot por 48 usuarios. De ellos solamente 7 lo hacen con un pseudónimo (aunque algunos son fácilmente identificables) y dos con nombre propio (uno es el propietario del dominio, el otro soy yo): el resto han dejado únicamente la IP como toda firma.

El papel de los medios

Durante los acontecimientos del 15M se criticó duramente a la prensa o bien por silenciar el movimiento o bien por no entender qué estaba pasando e inútilmente buscar la sala de prensa. Se criticó también a los medios de comunicación o bien por no cubrir las manifestaciones o bien por trivializarlas y minimizarlas.

Los medios que cubrieron — y siguen cubriendo — la llamada al boicot se pasaron de frenada — y siguen pasándose de frenada — con la cobertura de la convocatoria.

En apenas unas horas de generarse la página, hacerse la difusión “oficial” de la misma y con tan solo unos pocos centenares de adhesiones, ya había varios titulares sobre la convocatoria. Lo que me genera dos objeciones.

La primera es de forma y versa sobre el calibre de la convocatoria: unos cientos de adhesiones (Twitter daba menos de 2.000 usuarios entre los que se adherían y quiénes lo censuraban) y unos pocos autores materiales del manifiesto del boicot (en las primeras 40h no llegaban a tres docenas) es una cifra ridícula en comparación con los 23 millones de usuarios que tiene Internet en España (mayores de 10 años que se conectan casi a diario, 27 millones con medidas más laxas). Me parece precipitado como para darle cobertura nacional y rango de cuestión de estado.

La segunda es, de nuevo, una de fondo: aunque ya se ha ido corrigiendo, el titular más manido fue el de “la Red organiza un boicot” o “los internautas organizan un boicot”. Titulares así solamente son posibles desde la más extrema ignorancia de la adopción de Internet en España o desde la más extrema soberbia de quien se cree la élite de la vanguardia digital. Hablar de “Red” o “internautas” como categoría es un despropósito tal como decir que “la Carretera” o “los conductores” organizaron un boicot: se calcula que hay 26 millones de conductores en España, más personas que las que votaron en las últimas elecciones, y a nadie se le ocurriría decir que “los votantes de las últimas elecciones organizaron un boicot”. De juzgado de guardia.

El papel de los que se adhirieron

Si creo que el boicot no es coherente y los medios se extralimitaron en su papel de voceros, es también escalofriante el papel(ón) de algunos de los que manifestaron apoyar el boicot.

El 31 de diciembre por la tarde añadí mi propio nombre a la lista negra con el texto siguiente:

Nombre	Profesión	Manifestaciones	Obras
Ismael Peña-López	Profesor de Universidad	Aunque cree que la Ley de Propiedad Intelectual está rota, legitima la defensa de la propiedad intelectual como un derecho, afirma que el copyleft es lo mismo que el copyright e incluso osó criticar el documental de Fanetin.	Obras

Todo ello lo hice abiertamente, añadiendo en el historial el motivo — me pregunto dónde está la línea que separa los boicoteables de los no tan boicoteables o de los no boicoteables en absoluto — así como una aclaración en mi perfil de usuario en el wiki.

Lo que en un principio no pretendía ser sino una crítica “desde dentro” al boicot, acabó siendo un experimento sociológico la mar de interesante. El texto se mantuvo en la página durante poco menos de 23 horas, hasta que uno de los administradores, alertado por otros usuarios y promotores, eliminó el texto de la lista negra. Durante prácticamente un día:

• Cientos de personas se adhirieron a un boicot que ponía en la picota a alguien que, si bien atacaba la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Sinde, había “osado” criticar a uno de los críticos con la Ley Sinde, “uno de los nuestros” (aunque, como ha aclarado a posteriori Stéphane Grueso, él mismo está en contra del boicot). No sé si es más preocupante que no pocos de los que suscribieron la lista, jamás la leyeron, o bien que sí la leyeron y, sin embargo, les pareció bien lapidar a los tibios y equidistantes.
• Hubo un buen número de ediciones de la lista. Algunas para añadir nombres. Otras para corregir ediciones anteriores o eliminar vandalismos. A ninguno de estos editores le pareció mal que alguien me hubiese añadido a la lista, aunque sí repararon en faltas de ortografía y otras cuestiones formales.
• De los que repararon en mi nombre, 143 leyeron mi crítica al documental ¡Copiad, malditos! (crítica que tampoco era una oposición a las tesis del mismo, dicho sea de paso), 29 leyeron un artículo de fondo sobre el copyleft y 10 otro artículo sobre la libertad de expresión (estos dos últimos de mucho más calado que la crítica al documental). Únicamente 11 usuarios se tomaron la molestia de acceder a mi obra para ver, por sí mismos, la magnitud de mi producción maligna.

Si en Twitter y redes sociales: el lobby descentralizado defendía el uso de medios sociales para la participación política, mi involuntario experimento reforzó el temor que allí también manifestaba: todavía no hemos construido, en los medios digitales, espacios para la reflexión y la deliberación calmada, informada y, sobre todo, reputada. La adhesión al boicot ha sido, en no pocos casos — por supuesto los habrá habido de totalmente legítimos — un claro ejemplo de oclocracia de la más básica.

No quiero cerrar estas palabras sin pedir una disculpa pública a los impulsores del boicot en general por el pequeño vandalismo que realicé en su página, así como a Stéphane M. Grueso por utilizarlo como figura agraviada por mí. Como he intentado explicar, me movió un espíritu de crítica constructiva y jamás de ridiculización o de boicot al boicot.