ICTlogy

Leo en El Periódico que Educación crea una conexión a internet para hacer los deberes.

Vaya por delante que todo lo que sea incrementar el uso de Internet y, especialmente, para usos educativos me parece una buena, muy buena estrategia de desarrollo tanto a corto como a largo plazo.

Pero.

Tiene nuestro gobierno la costumbre de, cada vez que hay que dar un paso para fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información, ese primer paso se da, inevitablemente, en la dirección de las operadoras de telecomunicaciones.

Identificado el problema — los estudiantes no tienen conexión a Internet fuera del horario escolar — la solución puede ser llevársela a casa, pero también que se inviertan los términos, a saber: que los estudiantes vayan allí donde hay conexión.

España tiene una red de bibliotecas bastante buena (al menos la tiene mi provincia y supongo que no es una excepción). Tiene esa red, además, un personal por lo general altamente cualificado, con fuerte presencia tanto institucional como personal en Internet, con blogs que debaten día sí y día también cómo dar mejor servicio al usuario en esta nuestra economía digital. Es decir, que “están por la labor” de poder dar servicios basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación así como formar en competencias digitales a cualquier usuario que se les acerque.

Por otra parte, dicen los informes de análisis e investigación que el problema, de forma creciente, no es ya el acceso a la tecnología, sino el saber usarla “con sentido”. Son nuestros bibliotecarios, por definición, expertos en el manejo de la información, que es eso que sale por las pantallas de los ordenadores y entra por los teclados de los mismos.

Dicen también esos mismos informes que Internet es un fenómeno social, colectivo, de creación de comunidad. Suponiendo que en las bibliotecas no se pueda hablar — afortunadamente han evolucionado y ahora tienen salas para diversos usos —, convive con las bibliotecas (a menudo dándose la espalda, lamentablemente) una espectacular red de telecentros, centros cívicos “informatizados” y otras variantes de lo que comúnmente llamamos puntos de acceso público a Internet.

Con esto, vuelvo al principio. Desconozco si habrá costado algo y cuánto esta iniciativa del Ministerio de Educación (la frase las tarifas pactadas con el ministerio me da a entender que el acuerdo con Movistar no ha sido pro bono, aunque sería precioso que así fuera). Lo que sí sabemos es que tenemos bibliotecas y telecentros, la mayoría de ellos (bibliotecas y telecentros) financiados parcial o totalmente con dinero público.

Me gustaría que la próxima noticia donde coincidan en el titular Ministerio de Educación, Internet y Educación tuviera, como protagonista, a los puntos públicos de acceso a Internet y a los educadores que los hacen funcionar.

(Perdón por el titular tendencioso: no sabe uno ya cómo llamar la atención).

Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:

1. Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.
2. Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.
3. Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.
4. Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.
5. Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.
6. Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.
7. Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.
8. Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.
9. Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.
10. Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.
11. Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.

La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.

Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.

Anda el tema revuelto con las últimas declaraciones del grupo socialista en el senado sobre la cuestión de la Neutralidad en la Red.

Uno de los mensajes que ha calado bastante contra una Neutralidad de la Red es que ante una persona que está jugando en línea y una intervención quirúrgica con asistencia remota, ambas compitiendo por el uso de las infraestructuras, debería discriminarse el uso red para usos sanitarios y no lúdicos.

Totalmente de acuerdo.

Pero es no hace falta hacerlo mediante una discriminación de los contenidos que fluyen por la Red.

Básicamente, hay dos formas (además de la discriminación) de hacerlo… y que ya existen y que ya están en marcha y que ya se utilizan y que ya funcionan:

• La primera es contratar más ancho de banda. La Universitat Oberta de Catalunya es una universidad virtual que da servicios educativos a una comunidad de unas 50.000 personas y cuya concurrencia (número de personas que se conectan a la vez al campus virtual), en un día normal, ronda las 2.500 personas. Para que ello sea posible, mi universidad ha tenido la previsión de contratar más ancho de banda que el que yo tengo en casa para mandar correo, leer páginas web y, de tanto en tanto, videoconferenciar por Skype.
• La segunda es conectar directamente servicios estratégicos mediante infraestructuras paralelas de acceso prioritario. La Universitat Oberta de Catalunya, además de contratar más ancho de banda, está conectada/pertenece a la Anella Científica del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), que a su vez enlaza con RedIRIS. Es decir, unas redes que conectan universidades y centros de investigación para que su acceso a Internet sea de altísima calidad de forma que las instituciones puedan conectarse entre ellas, con el exterior, puedan compartir recursos, etc.

Poniendo un símil automovilístico, las universidades van por el carril bus de una autopista y con un Ferrari de 2000 caballos de potencia.

Lo que el fin de la neutralidad de la red supondría es que un señor se pondría en el acceso a la autopista y solamente dejaría entrar en ella, con o sin Ferrari, a quién hubiese pactado con él unas determinadas condiciones preferentes. Y puede que los hospitales y las universidades acaben teniendo ese trato preferente. Pero habida cuenta que la filantropía en las empresas solamente se entiende para con los accionistas, es muy probable que el trato preferente lo tuviese quien pudiese pagar más. Y esos no son, al menos en este país, ni los hospitales ni mucho menos las universidades. Si alguien tiene dinero en Internet son, precisamente, las grandes corporaciones de contenidos que, entre otras cosas, también venden videojuegos.

A raíz de las declaraciones de César Alierta sobre romper con la neutralidad en la red, ya afirmamos aquí que las infraestructuras de telecomunicaciones probablemente deberían ser de titularidad pública, con lo que el tema de los costes y usura en la red probablemente dejarían de ser tema de debate.

Ahora es Microsoft quien se alinea con nuestro monopolio de facto particular y afirma que Telefónica tiene derecho a cobrar a Google (vía Nación Red), que las operadoras tienen derecho a cobrar un ‘peaje’ a los principales proveedores de Internet, que saturan sus redes y obligan a unas mayores inversiones.

Se me ocurren dos comentarios a esta afirmación.

El primero es que si, en un mercado tan creciente y crecientemente oneroso como el de las telecomunicaciones, las operadoras son incapaces de hacer crecer su negocio, es probable que su problema no sean sus usuarios, sino sus estrategas y dirigentes en general. Pero uno no es ni tecnólogo ni empresario, así que esta cuestión no deja de ser una impresión personal con más intuición que fundamento práctico.

Lo que sí ha mostrado repetidas veces la historia es que uno se concentra en lo que le reporta beneficios a corto plazo, dejando al margen lo que no da beneficios o es relevante solamente en el muy largo plazo. En el caso de las operadoras, y por poco intuitivo que pueda parecer, su negocio es dar servicios de Internet, mover bytes arriba y abajo de hoy para mañana. No lo es mantener unas infraestructuras en condiciones y, ni mucho menos, en estado óptimo.

Si en España no tenemos una red mejor es, en gran parte, porque hay que amortizar la anterior, la que ya hay instalada, incluso aunque su substitución por una mejor pudiese dar mejor rendimiento (económico) a medio o largo plazo.

Si en España no tenemos una red mejor es, en gran parte, porque mientras aguante lo que hay, lo que da beneficios es mover bytes arriba y abajo. Y, como en la URSS quinquenialista, los incentivos de todas las cadenas de mando están concentrados en satisfacer las cuentas a corto, conseguir los bonos a final de año y contentar al jefe.

Sin embargo, Internet no es un servicio cualquiera ni la red que lo sustenta algo que pueda hacerse, deshacerse o replicarse de la noche a la mañana. Las redes de telecomunicaciones son infraestructuras estratégicas de primer orden. Como las carreteras, las vías, el espacio aéreo o las aguas jurisdiccionales, las redes de telecomunicaciones son vitales para la coordinación del tráfico de bienes y servicios analógicos, imprescindibles (por definición) para la provisión de bienes y servicios digitales, cruciales para la formación y la educación de aprendices y profesionales, crecientemente relevantes para el ejercicio de la participación ciudadana en democracia, clave para los cuerpos de seguridad, etc., etc., etc.

Y estamos dejando estas infraestructuras en manos de unas pocas empresas.

Que además se pelean en el patio del cole porque quieren más, más y más.

Más que salomónicos, lo que aquí procede es una solución gordiana, cortar por lo sano: la nacionalización de las infraestructuras.

El Estado, es decir, los ciudadanos, ya se encargará de mantener las infraestructuras, como mantiene todas las demás. Ello no significa, no obstante, que tome el control de su explotación, ni mucho menos: esta es una economía de mercado y a cada uno lo suyo. Lo que es de todos, de todos sea: las infraestructuras. Lo que es de unos, la explotación, el negocio, los servicios, los servicios sobre los servicios, para la libre empresa.

El Estado cobrará a cada cual según sus posibilidades, y con ello no solamente mantendrá la red, sino que la mejorará. Y lo que sobre — que sobrará — irá para escuelas y hospitales, que tampoco vamos sobrados.

El problema es que Telefónica no querrá soltarlas. No veo por qué, con lo que le cuesta mantenerlas y lo deficitarias que le son…

Sin respetar la pausa estival, el Pew Internet & American Life Project nos regala un nuevo informe sobre la adopción de la banda ancha en Estados Unidos de América: Home Broadband 2010.

Una de los principales hallazgos es la desaceleración en la adopción de banda ancha por parte de los hogares, especialmente entre los blancos (los afroamericanos siguen con una adopción por encima de la media).

El segundo hallazgo — y sorprendente para el investigador que produce el informe así como para otras fuentes consultadas — es que son quienes no tienen banda ancha quienes más se oponen a que el acceso universal deba ser una prioridad del gobierno.

Para mí, sin embargo, ambas conclusiones del informe están en consonancia con algo que aparece repetidamente, una y otra vez, en las estadísticas oficiales: vista la progresión de los últimos años, la adopción de Internet parece no tender al 100% a largo plazo, sino a alguna cuota que se situaría por debajo de la adopción total: utilizando la tendencia de 2004 a 2008, unos cálculos totalmente apresurados con datos del Banco Mundial me dan una estimación del 88% para 2020 y estabilización alrededor del 88% para 2035.

Así, hay un grupo de personas que siguen sin verle utilidad a Internet, y es ese grupo de personas el que, con toda lógica, encuentra poco prioritario que el Gobierno fomente la Sociedad de la Información en general, y la banda ancha para todos en concreto. Y es ese el grupo que mayoritariamente conforma el hueco entre la adopción total y ese 88% que (sin mucho rigor) calculábamos más arriba.

¿Y qué utilidad puede tener Internet y, más específicamente, la banda ancha? Los que respondieron a la encuesta de este informe nos apuntan algunas ideas. Preguntados por qué problemas tiene el usuario de Internet que no navega con banda ancha en comparación con el que sí lo hace, los entrevistados listaron algunas actividades en línea que requerían banda ancha (y que aquí expresamos en positivo):

• Encontrar oportunidades laborales y obtener competencias profesionales.
• Acceder a información sobre salud.
• Aprender nuevas cosas para mejorar y enriquecer la vida de uno.
• Utilizar servicios gubernamentales.
• Estar al día de noticias e información.
• Estar al día de lo que sucede en la comunidad de cada uno.

Una de las últimas conclusiones del estudio vuelve sobre el tema anterior: un 21% de adultos (en los EEUU) no usa Internet. De estos, un 48% declara no tener interés alguno en lo que Internet le ofrece; un 90% no tiene intención alguna de entrar en Internet en el futuro; y un 60%, en caso de hacerlo, necesitaría ayuda de alguien (aunque el 80% reconoce que sería incapaz de hacerlo solo).

Mientras el 80% de la población norteamericana dice utilizar ya la red para temas profesionales, para formación, para salud y bienestar, para relacionarse con el gobierno, etc. el resto no le ve utilidad. Está claro que esta brecha digital va a ser difícil de cerrar.

Demoledor.

Leo que el Gobierno Vasco da carpetazo a la tarjeta ONA, el proyecto de tarjeta sanitaria del gobierno vasco. El artículo apunta que se han invertido más de 11 millones de euros para acabar abandonando el proyecto, lo que supone un paso atrás en la administración electrónica y un clavo más en el ataúd de la desconfianza ciudadana.

Sí y no.

Sí, es cierto, cerrar un proyecto con 11 millones de euros invertidos da la sensación de que las cosas no se hacen bien. Y aunque en el camino habrá habido buenos e interesantes aprendizajes, seguramente no valían esos 11 millones, con lo que, efectivamente, algo de desazón sí queda por el dinero gastado, que no invertido si no cuaja en algo real.

Sin embargo.

Leía hace tiempo un artículo (creo que era de Fernando Trias de Bes) que cuando uno va al cine y la película es un bodrio, lo que tiene que hacer es irse. El dinero de la entrada ya está perdido, pero el tiempo que queda hasta el final de la película no. Sin embargo, la mayoría se queda hasta el final para “amortizar” la entrada, con lo que pierde el dinero y el tiempo (y, la mayor parte de las veces, gana un cabreo).

Con la tarjeta ONA tengo la misma sensación: si ya tenemos un DNI electrónico, dejemos por favor de desarrollar proyectos en paralelo. Es cierto que muchos de estos proyectos empezaron antes del eDNI (como la interesante tarjeta ciudadana de Gijón), pero si duro es abandonar un proyecto a medias habiendo invertido tanto, peor es seguir gastando para abandonarlo una vez terminado. Por tanto, bien por corregir y cerrar con el proyecto que duplicaba el eDNI.

Porque, entre muchas otras tarjetas, llevo ahora en mi cartera el DNI, el carné de conducir, la tarjeta sanitaria catalana y el carné de la red de bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona. Desde el punto de vista de la Administración tiene todo su sentido, ya que cada documento depende de un organismo distinto. Desde el punto de vista del ciudadano esto es un descalabro, cabiendo, como podría caber, todo dentro del DNI electrónico.

Desde mi punto de vista, la desconfianza del ciudadano no viene porque algunos proyectos de administración electrónica queden truncados, sino porque los que están finalizados no sean explotados para sacarles el mejor provecho. Y la identificación digital es, claramente, el mejor ejemplo de ello.