ICTlogy

Hace un par de semanas, durante el evento Nethinking 2012, Antón Reixa, el recién elegido presidente de la SGAE, cargaba no contra quienes hacen un determinado uso de Internet, sino contra la tecnología en sí misma. Afirmaba, literalmente, que tú no necesitas banda ancha para el uso más convencional que puedas hacer de internet.

La afirmación va más allá de lo sorprendente y entra en el terreno de lo pasmoso. Todo el planeta (todo el planeta) se debate en estos momentos en cómo incrementar la cobertura de la banda ancha a la vez que se hace su coste más asequible. Algunos países como Finlandia lo han declarado un derecho universal e incluso España ha establecido que debe ser posible que cualquier ciudadano que lo desee pueda conectarse a Internet a través de banda ancha. La Comisión Europea también ha debatido si el acceso a Internet a través de banda ancha, más que una posibilidad, deba ser también un derecho universal.

Sin acceso a Internet a través de banda ancha son prácticamente imposibles todas las “e-derivadas” de la mayoría de bienes y servicios de una economía: la educación en línea, el comercio electrónico, la e-salud, la administración y el gobierno electrónicos, el entretenimiento (que, además de entretener, también crea lugares de trabajo)… y así, hasta todos o casi todos los aspectos de la vida que uno pueda imaginar.

La bibliografía — científica, basada en datos y pruebas, no en especulaciones o impresiones personales — sobre el impacto positivo de la banda ancha en la economía es abundante. Dicha literatura va desde lo más cauto — tiene un impacto directo en el sector de las telecomunicaciones e indirecto en los sectores asociados — hasta el más eufórico — tiene un impacto directo e indirecto en todos los ámbitos de la economía —, pasando por los prudentes pero asertivos — puede que no tenga impacto positivo diferencial, pero la ausencia de banda ancha sí tiene un impacto negativo de dimensiones catastróficas.

Dejo, a continuación, 30 referencias sobre el impacto económico de la banda ancha. No están todas, hay muchísimas más (dejando al margen que hay impactos que no son económicos: en equidad, en justicia, en calidad democrática, en educación, en…). Estas responden, únicamente, a una búsqueda rápida en mi propia bibliografía por las palabras “broadband” o “banda”. Hay más referencias bajo las categorías Infraestructuras TIC, TIC para el desarrollo o Brecha Digital.

Cerremos con la premisa que debería regir todo análisis: son los usos, no las herramientas, quienes son o no delictivos.

Pequeña bibliografía sobre el impacto económico de la Banda Ancha

El día 2 de mayo, a partir de las 19h en la sede de la UOC en Sevilla (Virgen de Luján, 12), participaré en la segunda jornada de [sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento que tendrá lugar el próximo miércoles 2 de mayo . La inscripción puede realizarse en el formulario del evento. Los usuarios de Twitter, pueden seguir #debateSIC. Habrá también streaming de vídeo.

La sesión está más pensada como debate que como una conferencia magistral. Marc Bogdanowicz — líder de grupo de Análisis de la Economía Digital del Centro Común de Investigación del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea — hará una breve introducción titulada Sociedad de la Información: ¿hacia dónde vamos? ¿y con quién?. Mi introducción pretende ser una crítica a la persistente fijación de las políticas con las infraestructuras, cuando, si bien necesarias y todavía en fase de despliegue, ya no deberían ser, en mi opinión, la principal prioridad.

Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:

Más que cables. Indicadores de la sociedad de la información

Los conceptos “autopistas de la información” y “brecha digital” se acuñan a mediados de la década de 1990 para definir, por una parte, el gran potencial de Internet y, por otra, los riesgos de quedarse rezagado en lo que ha venido a denominarse la Revolución Digital.

Pasados casi 20 años, da la impresión de que algunos conceptos quedaron fijados en el pasado, mientras que la realidad cambia a ojos vista. Un ejemplo claro es la definición de “banda ancha”, que se fijó a nivel internacional en 256 Kbps hace más de 10 años y la definición sigue vigente. Aunque España actualizó el concepto en 2011 y consideró la velocidad de 1Mbps como servicio universal a partir del 1 de enero de 2012, es probable que esa velocidad sea considerada ya obsoleta para acceder cómodamente a muchos de los actuales servicios de Internet.

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No obstante, el problema no es la poca actualización de los indicadores tecnológicos sino, precisamente, el absoluto sesgo hacia indicadores tecnológicos o relativos a la infraestructura. Así, todavía muchas de las decisiones públicas y políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información se centran en el acceso a las infraestructuras dejando de lado, por ejemplo, cuestiones fundamentales como la competencia digital (que da lugar a la ya llamada segunda brecha digital), la existencia de contenidos y servicios de Sociedad de la Información, o la actualización del marco legal y regulatorio para acomodarlo a la creciente digitalización de la economía y la sociedad.

A medida que la penetración de Internet avanza y su uso está cada vez más extendido es necesario completar los indicadores de infraestructuras con otros indicadores de adopción y uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y, en base a dichos indicadores, diseñar e implementar políticas de fomento de la Sociedad de la Información que respondan a las necesidades reales de la población y no a los intereses o presiones de determinados sectores industriales.

Red.es, la entidad del Gobierno de España encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, tiene desde ayer nuevo director general: Borja Adsuara Varela.

El perfil de Adsuara no está relacionado con las telecomunicaciones ni, de hecho, con ninguna de las disciplinas normalmente asociadas con el ámbito de la ingeniería. Tiene lo que se suele llamar un perfil “de letras”. Esto es especialmente relevante si lo comparamos con su antecesor en el cargo, Sebastián Muriel (Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, MBA) o, por ejemplo, con el actual Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en la Generalitat de Catalunya, Carles Flamerich, también Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.

¿Es esto bueno o malo?

Pues, simplemente, no es ni bueno ni malo.

Uno puede aproximarse a la Sociedad de la Información desde sus dos componentes básicos: un perfil tecnológico puede completarse con una aproximación más social, y un perfil más social puede (y debe) comprender los fundamentos tecnológicos básicos sobre los que edificar su propuesta de políticas públicas. Hay buenos ejemplos de ambos tipos de perfil u aproximación — incluso me atrevería a decir que son más los tecnólogos que han hecho el esfuerzo de “humanizar” su perfil, que no los humanistas que se han esforzado en comprender la tecnología.

Pero la apuesta por un perfil “de letras” en un ámbito todavía copado por “ingenieros” manda un mensaje claro: agotada una primera fase donde se entendían las telecomunicaciones como el desarrollo de un determinado tipo de infraestructuras, se pasa a una fase donde lo prioritario es el uso de dichas infraestructuras, el desarrollo de una Sociedad de la Información.

Las formas cuentan.

Y si no, valga como muestra el decreto por el cual la Generalitat de Catalunya creaba y definía las funciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (punto 4.2 del DOGC núm. 5791 – 07/01/2011, traducción automática al castellano).

Los 7 puntos que describen la misión de la Dirección General hablan de “impulsar el sector de las tecnologías”; “promover [...] las infraestructuras”; “coordinar [...] los prestadores de servicios y operadores de tecnologías”; regular, inspeccionar y sancionar; “dirigir la política de infraestructuras de telecomunicaciones”; “coordinar(se) con los órganos competentes en el ámbito estatal”; o “cualquier otra función de naturaleza análoga”. Si, por si había alguna duda del tono a seguir, se nombra a un ingeniero como director general es difícil pensar que dentro de esa Dirección General vayan a caber determinados aspectos con un fuerte componente social.

No pertenecen a las infraestructuras sino a la Sociedad de la Información cuestiones de mucha trascendencia como la telemedicina, la democracia electrónica, los ordenadores en las aulas (o no), los contenidos digitales abiertos, la reforma de la ley de propiedad intelectual para acomodarse a la revolución digital, la e-Administración y tantas y tantas cosas que no pertenecen, en absoluto, al mundo de las infraestructuras (aunque dependan totalmente de estas, por supuesto).

Cuando uno celebra — como es mi caso — que no se ponga a un ingeniero al frente de la política de la Sociedad de la Información no es (ni mucho menos) porque un ingeniero no pueda o deba ser quien la dirija, sino porque, en mi opinión, manda un mensaje muy claro a la ciudadanía: la Sociedad de la Información está aquí para quedarse, es mucho más que cables y es hora que se le dé la visión estratégica y transversal que merece. Y este mensaje apenas se ha dado en España desde que el mundo es digital. Y ya tocaba.

En su toma de posesión como nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo ha hecho mención al proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones que tuvo lugar en España entre 1996 y 1997:

“En 1996, siendo subsecretario de Fomento, iniciamos un proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, que en ese momento tuvo alguna contestación y demostró que lo que hacía era liberalizar un potencial de crecimiento fundamental para la economía española”, ha subrayado Calvo-Sotelo, quien ha añadido que hoy el sector es “mucho más amplio, potente y eficaz”.

En mi opinión, el nuevo Secretario de Estado confunde las críticas al qué por las críticas al cómo. O, dicho de otro modo, confunde las críticas a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones por las críticas a la privatización de Telefónica. Dos cuestiones relacionadas pero muy distintas.

No comparto la forma como se llevó a cabo la privatización de Telefónica por varias razones, todas ellas con un factor común: se privatizaron tanto las infraestructuras como la provisión de los servicios de telecomunicaciones.

Mientras la abundante literatura científica es contundente sobre la bonanza de liberalizar la provisión de servicios de telecomunicaciones — a mayor oferta mayor competencia, mejores servicios y mejores precios — también la literatura advierte del riesgo de privatizar las infraestructuras: primero, porque, por su carácter estratégico, deberían permanecer en manos públicas; segundo, porque por precisamente ser de propiedad pública, suponen un patrimonio que no habría que malvender y/o renunciar a las rentas que pueda generar en un futuro; tercero, y más importante, porque los nuevos propietarios en el sector privado no tendrán incentivos para mantenerlas y mejorarlas, como se demostró en el sistema ferroviario del Reino Unido o la red eléctrica norteamericana.

Por otra parte, la liberalización de hizo de forma parcial — como, de hecho, no podía ser de otra forma, al venir el sector de un monopolio natural con un único operador incumbente. Llevamos 15 años desde el inicio del proceso y todavía el mercado de telecomunicaciones español dista mucho de ser un mercado en competencia perfecta. Las multas por prácticas contra la competencia que Telefónica suma en su haber y, ante todo, el panorama de precios (de los peores de la OCDE) son la prueba más fehaciente.

Así, las contestaciones a las que Víctor Calvo-Sotelo se refiere no fueron al hecho en sí de liberalizar el mercado de telecomunicaciones — que se ha demostrado que es positivo —, sino a la forma de hacerlo — que se ha demostrado que fue pésima. No comprender esto es condenarnos a seguir en un mercado de las telecomunicaciones caro, ineficiente y poco eficaz. Como el que tenemos ahora.

Anteayer salió publicada una columna mía sobre cloud computing en La Vanguardia, Gestores con conocimiento.

La columna forma parte de los Temas de Debate del periódico y que, en esta ocasión, coordinó Josep Lluís Micó. Vale la pena leerse primero su columna, Chubasquero por si acaso, donde hace un repaso rápido pero a fondo sobre la temática. Quiero agradecer, además, a Josep Lluís Micó no solamente la invitación a participar en el tema de debate, sino el excelente ejercicio de edición que hizo de mi original. Este es el resultado final tal y como se publicó:

Gestores con conocimiento

Trabajo gestionando conocimiento. Mi agenda de contactos y citas vive sincronizada en cuatro dispositivos, y mis archivos pueden estar replicados hasta en ocho sitios. Puedo acceder a todo con independencia de dónde esté y de cuándo lo necesite, solo o en equipo.

Cada vez más, todos somos gestores de conocimiento y trabajamos en red. Aunque la gestión de la información suponga inversiones escalofriantes, ¿por qué debe hacerlo uno mismo si hay especialistas al otro lado del cable? ¿Acaso montamos una aerolínea cada vez que vamos de vacaciones o debemos viajar por trabajo?

La gestión de la información y la capacidad de cómputo en centros de cálculo centralizados accesibles por internet — en la nube — tiene evidentes ventajas, no sólo económicas, también de prestaciones. Pero el camino de la nube puede estar plagado de buenas intenciones sobre las que cabe hacer, al menos, cuatro reflexiones.

La primera: hay que tener acceso a internet. En España todavía tenemos una política de sociedad de la información más centrada en la industria (de telecos,de contenidos) que en el ciudadano y en el empresario. Yasí, nuestra red es de las peores y más caras de la OCDE. Por eso yo sigo replicándolo y sincronizándolo todo, muy a mi pesar.

La segunda tiene que ver con la fe del converso. Algunos empresarios y usuarios han descubierto el cloud computing antes de conocer internet, igual que algunos conocieron el e-learning antes que la educación a distancia. Muchas ventajas de tener datos y servicios en la red vienen de trabajar precisamente con internet y en internet, con independencia de si los datos y servicios nos pertenecen o son de terceros.

Y eso nos lleva al tercer punto. No es intrascendente aclarar de quién es la información que depositamos en manos de terceros y, más importante si cabe, qué pasa cuando esos terceros, por azares de la economía, se transforman o desaparecen.

Porque — y cuarta reflexión — mientras la economía es enteramente global, las leyes y sus jurisdicciones todavía no, lo que supone un problema a la hora de reclamar derechos y reparaciones por su vulneración si el demandado está en las nubes.

A lo mejor no hay que montar una aerolínea cada vez que tengamos que volar, pero entre viajar en primera y aprender a pilotar un ultraligero, en muchos casos puede salir más a cuenta lo segundo, aunque solo sea para que, cuando debamos viajar en serio, sepamos adónde subirnos.

La OCDE acaba de actualizar sus datos sobre banda ancha para los países miembros.

Una imagen vale más que mil palabras y a continuación mostramos las que incorporan datos de precios (precio de suscripción por megabit por segundo, en paridad de poder adquisitivo) y calidad (capacidad de descarga anunciada — no necesariamente igual a la real). Además de la media aritmética, hemos escogido también la mediana sobre precios o calidad. Mientras la media recoge todo el rango de precios o velocidades y hace un promedio, la mediana representa la opción que queda en el centro “geográfico” del abanico de posibilidades.

Los resultados prácticamente no se alteran al utilizar la media o la mediana — España, por ejemplo, mantiene su orden en la lista de países ordenada por precios o por calidad. Sin embargo, la mediana, en cierta forma, elimina el efecto distorsionador de los valores extremos y, con ello, hace la lectura algo más clara.

Precio y calidad de la banda ancha en la OCDE (medianas)

Precio y calidad de la banda ancha en la OCDE (medias)

¿Conclusiones?

En España tenemos la 6a banda ancha más cara así como la 8a banda ancha de peor calidad de los países de la OCDE.

¿Por qué?

Es difícil responder a esa pregunta, porque los motivos pueden deberse a infinidad de variables. Sin embargo, el pésimo nivel de competencia en el mercado de las telecomunicaciones español sin duda tiene mucho que ver. Sin duda.

Cuando se privatizó Telefónica había dos opciones: crear un mercado tan competitivo como fuese posible, de forma que se beneficiase sobre todo a los consumidores; o crear una compañía tan fuerte como fuese posible para que pudiese competir en otros mercados (p.ej. en Latinoamérica) con cierta ventaja, de forma que se beneficiase sobre todo a los accionistas.

Mientras la palabra “nacionalista” suele hacer volver las miradas hacia la “periferias sediciosas y separatistas”, hay otros nacionalismos inconfesos que abogan por reforzar las industrias patrias como algo “de todos”. Sin embargo, estos otros nacionalistas no parten España en izquierda a derecha por el Ebro, sino que la dividen en arriba a abajo por el salario mínimo. Y ese “de todos” hay que entenderlo, claro está, como “de todos los que tienen acciones”.