ICTlogy

Red.es, la entidad del Gobierno de España encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, tiene desde ayer nuevo director general: Borja Adsuara Varela.

El perfil de Adsuara no está relacionado con las telecomunicaciones ni, de hecho, con ninguna de las disciplinas normalmente asociadas con el ámbito de la ingeniería. Tiene lo que se suele llamar un perfil “de letras”. Esto es especialmente relevante si lo comparamos con su antecesor en el cargo, Sebastián Muriel (Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, MBA) o, por ejemplo, con el actual Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en la Generalitat de Catalunya, Carles Flamerich, también Ingeniero Superior de Telecomunicaciones.

¿Es esto bueno o malo?

Pues, simplemente, no es ni bueno ni malo.

Uno puede aproximarse a la Sociedad de la Información desde sus dos componentes básicos: un perfil tecnológico puede completarse con una aproximación más social, y un perfil más social puede (y debe) comprender los fundamentos tecnológicos básicos sobre los que edificar su propuesta de políticas públicas. Hay buenos ejemplos de ambos tipos de perfil u aproximación — incluso me atrevería a decir que son más los tecnólogos que han hecho el esfuerzo de “humanizar” su perfil, que no los humanistas que se han esforzado en comprender la tecnología.

Pero la apuesta por un perfil “de letras” en un ámbito todavía copado por “ingenieros” manda un mensaje claro: agotada una primera fase donde se entendían las telecomunicaciones como el desarrollo de un determinado tipo de infraestructuras, se pasa a una fase donde lo prioritario es el uso de dichas infraestructuras, el desarrollo de una Sociedad de la Información.

Las formas cuentan.

Y si no, valga como muestra el decreto por el cual la Generalitat de Catalunya creaba y definía las funciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (punto 4.2 del DOGC núm. 5791 – 07/01/2011, traducción automática al castellano).

Los 7 puntos que describen la misión de la Dirección General hablan de “impulsar el sector de las tecnologías”; “promover [...] las infraestructuras”; “coordinar [...] los prestadores de servicios y operadores de tecnologías”; regular, inspeccionar y sancionar; “dirigir la política de infraestructuras de telecomunicaciones”; “coordinar(se) con los órganos competentes en el ámbito estatal”; o “cualquier otra función de naturaleza análoga”. Si, por si había alguna duda del tono a seguir, se nombra a un ingeniero como director general es difícil pensar que dentro de esa Dirección General vayan a caber determinados aspectos con un fuerte componente social.

No pertenecen a las infraestructuras sino a la Sociedad de la Información cuestiones de mucha trascendencia como la telemedicina, la democracia electrónica, los ordenadores en las aulas (o no), los contenidos digitales abiertos, la reforma de la ley de propiedad intelectual para acomodarse a la revolución digital, la e-Administración y tantas y tantas cosas que no pertenecen, en absoluto, al mundo de las infraestructuras (aunque dependan totalmente de estas, por supuesto).

Cuando uno celebra — como es mi caso — que no se ponga a un ingeniero al frente de la política de la Sociedad de la Información no es (ni mucho menos) porque un ingeniero no pueda o deba ser quien la dirija, sino porque, en mi opinión, manda un mensaje muy claro a la ciudadanía: la Sociedad de la Información está aquí para quedarse, es mucho más que cables y es hora que se le dé la visión estratégica y transversal que merece. Y este mensaje apenas se ha dado en España desde que el mundo es digital. Y ya tocaba.

En su toma de posesión como nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo ha hecho mención al proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones que tuvo lugar en España entre 1996 y 1997:

“En 1996, siendo subsecretario de Fomento, iniciamos un proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones, que en ese momento tuvo alguna contestación y demostró que lo que hacía era liberalizar un potencial de crecimiento fundamental para la economía española”, ha subrayado Calvo-Sotelo, quien ha añadido que hoy el sector es “mucho más amplio, potente y eficaz”.

En mi opinión, el nuevo Secretario de Estado confunde las críticas al qué por las críticas al cómo. O, dicho de otro modo, confunde las críticas a la liberalización del mercado de las telecomunicaciones por las críticas a la privatización de Telefónica. Dos cuestiones relacionadas pero muy distintas.

No comparto la forma como se llevó a cabo la privatización de Telefónica por varias razones, todas ellas con un factor común: se privatizaron tanto las infraestructuras como la provisión de los servicios de telecomunicaciones.

Mientras la abundante literatura científica es contundente sobre la bonanza de liberalizar la provisión de servicios de telecomunicaciones — a mayor oferta mayor competencia, mejores servicios y mejores precios — también la literatura advierte del riesgo de privatizar las infraestructuras: primero, porque, por su carácter estratégico, deberían permanecer en manos públicas; segundo, porque por precisamente ser de propiedad pública, suponen un patrimonio que no habría que malvender y/o renunciar a las rentas que pueda generar en un futuro; tercero, y más importante, porque los nuevos propietarios en el sector privado no tendrán incentivos para mantenerlas y mejorarlas, como se demostró en el sistema ferroviario del Reino Unido o la red eléctrica norteamericana.

Por otra parte, la liberalización de hizo de forma parcial — como, de hecho, no podía ser de otra forma, al venir el sector de un monopolio natural con un único operador incumbente. Llevamos 15 años desde el inicio del proceso y todavía el mercado de telecomunicaciones español dista mucho de ser un mercado en competencia perfecta. Las multas por prácticas contra la competencia que Telefónica suma en su haber y, ante todo, el panorama de precios (de los peores de la OCDE) son la prueba más fehaciente.

Así, las contestaciones a las que Víctor Calvo-Sotelo se refiere no fueron al hecho en sí de liberalizar el mercado de telecomunicaciones — que se ha demostrado que es positivo —, sino a la forma de hacerlo — que se ha demostrado que fue pésima. No comprender esto es condenarnos a seguir en un mercado de las telecomunicaciones caro, ineficiente y poco eficaz. Como el que tenemos ahora.

Anteayer salió publicada una columna mía sobre cloud computing en La Vanguardia, Gestores con conocimiento.

La columna forma parte de los Temas de Debate del periódico y que, en esta ocasión, coordinó Josep Lluís Micó. Vale la pena leerse primero su columna, Chubasquero por si acaso, donde hace un repaso rápido pero a fondo sobre la temática. Quiero agradecer, además, a Josep Lluís Micó no solamente la invitación a participar en el tema de debate, sino el excelente ejercicio de edición que hizo de mi original. Este es el resultado final tal y como se publicó:

Gestores con conocimiento

Trabajo gestionando conocimiento. Mi agenda de contactos y citas vive sincronizada en cuatro dispositivos, y mis archivos pueden estar replicados hasta en ocho sitios. Puedo acceder a todo con independencia de dónde esté y de cuándo lo necesite, solo o en equipo.

Cada vez más, todos somos gestores de conocimiento y trabajamos en red. Aunque la gestión de la información suponga inversiones escalofriantes, ¿por qué debe hacerlo uno mismo si hay especialistas al otro lado del cable? ¿Acaso montamos una aerolínea cada vez que vamos de vacaciones o debemos viajar por trabajo?

La gestión de la información y la capacidad de cómputo en centros de cálculo centralizados accesibles por internet — en la nube — tiene evidentes ventajas, no sólo económicas, también de prestaciones. Pero el camino de la nube puede estar plagado de buenas intenciones sobre las que cabe hacer, al menos, cuatro reflexiones.

La primera: hay que tener acceso a internet. En España todavía tenemos una política de sociedad de la información más centrada en la industria (de telecos,de contenidos) que en el ciudadano y en el empresario. Yasí, nuestra red es de las peores y más caras de la OCDE. Por eso yo sigo replicándolo y sincronizándolo todo, muy a mi pesar.

La segunda tiene que ver con la fe del converso. Algunos empresarios y usuarios han descubierto el cloud computing antes de conocer internet, igual que algunos conocieron el e-learning antes que la educación a distancia. Muchas ventajas de tener datos y servicios en la red vienen de trabajar precisamente con internet y en internet, con independencia de si los datos y servicios nos pertenecen o son de terceros.

Y eso nos lleva al tercer punto. No es intrascendente aclarar de quién es la información que depositamos en manos de terceros y, más importante si cabe, qué pasa cuando esos terceros, por azares de la economía, se transforman o desaparecen.

Porque — y cuarta reflexión — mientras la economía es enteramente global, las leyes y sus jurisdicciones todavía no, lo que supone un problema a la hora de reclamar derechos y reparaciones por su vulneración si el demandado está en las nubes.

A lo mejor no hay que montar una aerolínea cada vez que tengamos que volar, pero entre viajar en primera y aprender a pilotar un ultraligero, en muchos casos puede salir más a cuenta lo segundo, aunque solo sea para que, cuando debamos viajar en serio, sepamos adónde subirnos.

La OCDE acaba de actualizar sus datos sobre banda ancha para los países miembros.

Una imagen vale más que mil palabras y a continuación mostramos las que incorporan datos de precios (precio de suscripción por megabit por segundo, en paridad de poder adquisitivo) y calidad (capacidad de descarga anunciada — no necesariamente igual a la real). Además de la media aritmética, hemos escogido también la mediana sobre precios o calidad. Mientras la media recoge todo el rango de precios o velocidades y hace un promedio, la mediana representa la opción que queda en el centro “geográfico” del abanico de posibilidades.

Los resultados prácticamente no se alteran al utilizar la media o la mediana — España, por ejemplo, mantiene su orden en la lista de países ordenada por precios o por calidad. Sin embargo, la mediana, en cierta forma, elimina el efecto distorsionador de los valores extremos y, con ello, hace la lectura algo más clara.

Precio y calidad de la banda ancha en la OCDE (medianas)

Precio y calidad de la banda ancha en la OCDE (medias)

¿Conclusiones?

En España tenemos la 6a banda ancha más cara así como la 8a banda ancha de peor calidad de los países de la OCDE.

¿Por qué?

Es difícil responder a esa pregunta, porque los motivos pueden deberse a infinidad de variables. Sin embargo, el pésimo nivel de competencia en el mercado de las telecomunicaciones español sin duda tiene mucho que ver. Sin duda.

Cuando se privatizó Telefónica había dos opciones: crear un mercado tan competitivo como fuese posible, de forma que se beneficiase sobre todo a los consumidores; o crear una compañía tan fuerte como fuese posible para que pudiese competir en otros mercados (p.ej. en Latinoamérica) con cierta ventaja, de forma que se beneficiase sobre todo a los accionistas.

Mientras la palabra “nacionalista” suele hacer volver las miradas hacia la “periferias sediciosas y separatistas”, hay otros nacionalismos inconfesos que abogan por reforzar las industrias patrias como algo “de todos”. Sin embargo, estos otros nacionalistas no parten España en izquierda a derecha por el Ebro, sino que la dividen en arriba a abajo por el salario mínimo. Y ese “de todos” hay que entenderlo, claro está, como “de todos los que tienen acciones”.

Leo en El Periódico que Educación crea una conexión a internet para hacer los deberes.

Vaya por delante que todo lo que sea incrementar el uso de Internet y, especialmente, para usos educativos me parece una buena, muy buena estrategia de desarrollo tanto a corto como a largo plazo.

Pero.

Tiene nuestro gobierno la costumbre de, cada vez que hay que dar un paso para fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información, ese primer paso se da, inevitablemente, en la dirección de las operadoras de telecomunicaciones.

Identificado el problema — los estudiantes no tienen conexión a Internet fuera del horario escolar — la solución puede ser llevársela a casa, pero también que se inviertan los términos, a saber: que los estudiantes vayan allí donde hay conexión.

España tiene una red de bibliotecas bastante buena (al menos la tiene mi provincia y supongo que no es una excepción). Tiene esa red, además, un personal por lo general altamente cualificado, con fuerte presencia tanto institucional como personal en Internet, con blogs que debaten día sí y día también cómo dar mejor servicio al usuario en esta nuestra economía digital. Es decir, que “están por la labor” de poder dar servicios basados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación así como formar en competencias digitales a cualquier usuario que se les acerque.

Por otra parte, dicen los informes de análisis e investigación que el problema, de forma creciente, no es ya el acceso a la tecnología, sino el saber usarla “con sentido”. Son nuestros bibliotecarios, por definición, expertos en el manejo de la información, que es eso que sale por las pantallas de los ordenadores y entra por los teclados de los mismos.

Dicen también esos mismos informes que Internet es un fenómeno social, colectivo, de creación de comunidad. Suponiendo que en las bibliotecas no se pueda hablar — afortunadamente han evolucionado y ahora tienen salas para diversos usos —, convive con las bibliotecas (a menudo dándose la espalda, lamentablemente) una espectacular red de telecentros, centros cívicos “informatizados” y otras variantes de lo que comúnmente llamamos puntos de acceso público a Internet.

Con esto, vuelvo al principio. Desconozco si habrá costado algo y cuánto esta iniciativa del Ministerio de Educación (la frase las tarifas pactadas con el ministerio me da a entender que el acuerdo con Movistar no ha sido pro bono, aunque sería precioso que así fuera). Lo que sí sabemos es que tenemos bibliotecas y telecentros, la mayoría de ellos (bibliotecas y telecentros) financiados parcial o totalmente con dinero público.

Me gustaría que la próxima noticia donde coincidan en el titular Ministerio de Educación, Internet y Educación tuviera, como protagonista, a los puntos públicos de acceso a Internet y a los educadores que los hacen funcionar.

(Perdón por el titular tendencioso: no sabe uno ya cómo llamar la atención).

Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto manifestamos:

1. Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.
2. Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.
3. Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.
4. Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.
5. Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.
6. Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.
7. Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.
8. Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.
9. Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.
10. Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.
11. Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.

La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.

Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.