1. Recopilar informaciones sobre Rodrigo Rato.
2. Hacer que a Rodrigo Rato le resulte insoportable vivir en España, forzando su exilio.
3. Que Rodrigo Rato sea condenado por la evidencia de las pruebas presentadas en el caso de que dichas pruebas confirmen un comportamiento delictivo.

Se plantean, a bote pronto, tres reflexiones rápidas pero no por ello triviales.

La primera reflexión es que 15MpaRato supone un giro hacia la proactividad en la búsqueda y difusión de información confidencial. Es decir, se hace una llamada explícita a hacer acopio de información sobre (en este caso) una persona física, en lugar de lo que, por ejemplo, realizaba Wikileaks cuyo modus operandi era de carácter más reactivo: recibía una información y, después, decidía cuándo y cómo difundirla. Aquí es al contrario: se fija el objetivo y se hace todo lo posible para recabar la información.

La segunda reflexión es que, como ocurre en tantas otras iniciativas iniciadas en una red virtual, de naturaleza colaborativa y distribuida, 15MpaRato supone llevar al terreno de la lógica de redes, de la lógica hacker, la carga de la prueba de un caso de derecho penal. Esto no es nuevo en el fondo (las llamadas a la población a “colaborar” son tan antiguas como el delito mismo) pero sí lo es en gran medida en las formas: como empieza a ser costumbre en los movimientos sociales descentralizados, a pesar de ser ahora identificable el movimiento con Mini-Leaks, es fácil que pronto no haya cabeza visible y, a medida que pasen las horas y los días, no haya cabeza alguna. Varios medios reproducen ya la noticia, las afiliaciones y ramificaciones se reproducen de forma geométrica, y cuánto más se imbriquen con otras redes y movimientos, será difícil identificar el liderazgo con una o varias personas. Sin cabeza, también se perderá el control del mensaje. Esto no es ni bueno ni malo, es así, y esta es la esencia de la reflexión: hasta en materia de derechos y delitos, tenemos ya ejemplos de movimientos en red cuya forma y fondo variarán en función de la composición de la misma.

La tercera reflexión es que 15MpaRato parte de la presunción de culpabilidad y el juego al equívoco entre juicio moral y responsabilidad penal. El hartazgo con la impunidad de una gran minoría no debería ser coartada para no cuidar las formas y para transitar por la delgada línea que separa el pedir justicia con el linchamiento público. Y pedir justicia en lo penal difiere completamente también de llevar a cabo un juicio — y sentencia — político. Es posible que Rodrigo Rato deba depurar determinadas responsabilidades en su desempeño de uno o varios cargos públicos. Y es incluso posible que Rodrigo Rato haya cometido delitos por los cuales deba responder ante la justicia. Pero en 15MpaRato no queda claro (o no me queda claro a mí) si se pretende un juicio de valores o un juicio por violar la Ley. O ambas. O ninguna, y solamente se pide el oprobio y el destierro moral y físico.

Pero si se quiere justicia, las formas son fundamentales. Y la iniciativa 15MpaRato hace malabares con ellas.

La sesión está más pensada como debate que como una conferencia magistral. Marc Bogdanowicz — líder de grupo de Análisis de la Economía Digital del Centro Común de Investigación del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea — hará una breve introducción titulada Sociedad de la Información: ¿hacia dónde vamos? ¿y con quién?. Mi introducción pretende ser una crítica a la persistente fijación de las políticas con las infraestructuras, cuando, si bien necesarias y todavía en fase de despliegue, ya no deberían ser, en mi opinión, la principal prioridad.

Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:

Más que cables. Indicadores de la sociedad de la información

Los conceptos “autopistas de la información” y “brecha digital” se acuñan a mediados de la década de 1990 para definir, por una parte, el gran potencial de Internet y, por otra, los riesgos de quedarse rezagado en lo que ha venido a denominarse la Revolución Digital.

Pasados casi 20 años, da la impresión de que algunos conceptos quedaron fijados en el pasado, mientras que la realidad cambia a ojos vista. Un ejemplo claro es la definición de “banda ancha”, que se fijó a nivel internacional en 256 Kbps hace más de 10 años y la definición sigue vigente. Aunque España actualizó el concepto en 2011 y consideró la velocidad de 1Mbps como servicio universal a partir del 1 de enero de 2012, es probable que esa velocidad sea considerada ya obsoleta para acceder cómodamente a muchos de los actuales servicios de Internet.

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No obstante, el problema no es la poca actualización de los indicadores tecnológicos sino, precisamente, el absoluto sesgo hacia indicadores tecnológicos o relativos a la infraestructura. Así, todavía muchas de las decisiones públicas y políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información se centran en el acceso a las infraestructuras dejando de lado, por ejemplo, cuestiones fundamentales como la competencia digital (que da lugar a la ya llamada segunda brecha digital), la existencia de contenidos y servicios de Sociedad de la Información, o la actualización del marco legal y regulatorio para acomodarlo a la creciente digitalización de la economía y la sociedad.

A medida que la penetración de Internet avanza y su uso está cada vez más extendido es necesario completar los indicadores de infraestructuras con otros indicadores de adopción y uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y, en base a dichos indicadores, diseñar e implementar políticas de fomento de la Sociedad de la Información que respondan a las necesidades reales de la población y no a los intereses o presiones de determinados sectores industriales.

Después del estupor y parálisis con el que la mayor parte de las organizaciones sin ánimo de lucro vivieron eventos como la Primavera Árabe, el 15M o Occupy Wall Street, esta iniciativa se plantea generar un debate que acabe plasmándose en un documento colaborativo de reflexión.

El punto de partida son cuatro textos — en la redacción de uno de los cuales he participado — y, a partir de ellos, un cuestionario abierto a todo el mundo para ir identificando los puntos más calientes de los temas tratadados.

Después de este cuestionario, se elaborará un documento de síntesis sobre el que se generarán unos foros abiertos para discutir, de forma menos estructurada, los temas sugeridos tanto en los textos como a partir de las respuestas a los cuestionarios.

El proyecto:

• Ciudadanía y ONG
• Responder al cuestionario

Leer los textos:

• Desde la indignación y la resistencia inteligente, por Enrique Arnanz.
• Lo intergeneracional, los esfuerzos por una sociedad más justa y las organizaciones no gubernamentales, por Carlos Giménez.
• Participación transformadora por Imanol Zubero.
• Civilización digital: Nuevas instituciones para ciudadanos digitales, por Ismael Peña-López.

Eso son dos medias verdades, igual que la siguiente afirmación: la restricción al acceso a determinados mensajes de Twitter va contra la libertad de expresión, de la misma forma que el cierre de Megaupload solamente perseguía el cumplimiento de las distintas leyes internacionales de propiedad intelectual.

En el fondo, analizar lo que está ocurriendo no deja de ser un ejercicio de poca profundidad: en mi opinión, habría que ir también al cómo y, sobre todo, al porqué de los asuntos.

Así, es perfectamente compatible decir que el cierre de Megaupload es, a la vez, ataque contra la libertad de expresión y cumplimiento de la ley de propiedad intelectual. Está en el qué — delitos contra la propiedad intelectual — la más que justificada decisión de precintar Megaupload, mientras que la forma cómo se hizo es la que vulneró, con mucha probabilidad, libertad de expresión así como provocó daños materiales a quienes perdieron sus archivos. Si podría haberse cerrado o no de otra forma, es decir, por qué se cerro de esa forma, es otra cuestión. O, de hecho, la cuestión.

Con Twitter sucede — o sucederá — lo mismo. Twitter debe cumplir la ley vigente en cada territorio donde opera. Sin embargo, hay muchas formas de hacer cumplir esa ley y algunas de las opciones existentes se llevarán por delante la libertad de expresión, serán censura.

En el fondo, esto no es sino el n-ésimo ejemplo que ya puso de manifiesto la Ley Sinde-Wert: una ley que pretende hacer cumplir la regulación vigente y que, sin embargo, en su redactado, ofrece serias dudas sobre la observancia de otros muchos derechos de los ciudadanos. Con el añadido de que, en el caso de la Sinde-Wert, lo que se quiere hacer cumplir es el espíritu de una Ley con un texto basado en un mundo pre-digital que acaba diciendo lo que no quería decir. Y esto último es el porqué: por qué hace falta (o no) una Ley Sinde, al margen de lo bien o mal que esté redactada.

Que en unos casos pongamos el ojo en el fondo, en otros en las formas y en otros en los aspavientos, dice mucho del largo camino que nos queda todavía para tener un debate sosegado y constructivo, para acercar posturas y para acabar en un consenso que permita a ciudadanos, consumidores e industrias de un lado y del otro tener un terreno de juego con las reglas claras.

Aunque comparto muchísimos de los motivos de indignación que han desembocado en el boicot (Ley de Protección Intelectual caduca, “solución” que agrava el problema con la pésima “ley Sinde”, etc.), no comparto ni la iniciativa del boicot, ni el papel que han jugado los medios en sus primeras horas, ni la adhesión al misma a menudo ciega que han realizado muchas personas. Estas son mis razones.

El papel de los organizadores

Creo que hacer una llamada al boicot es una acción legítima y cualquiera debería tener total libertad de iniciar uno o adherirse a él. Sin embargo, y en mi humilde opinión, el boicot de la plataforma NoLesVotes adolece de un grado superlativo de incoherencia, al menos en dos frentes.

El primero es de fondo: uno de los motivos para el boicot es que la Ley Sinde pone en riesgo la libertad de expresión. Sorprendentemente, la lista negra del boicot se basa en las declaraciones que algunas personas hicieron bien sobre la Ley Sinde bien sobre las descargas, determinadas prácticas en Internet y similares. Se pretende pagar con la misma moneda a quienes quieren coartar la libertad de expresión. Un gran ejercicio de coherencia.

El segundo es de forma: en mi opinión, toda protesta debe ir firmada, y más si lo que pretende es la adhesión. La transparencia en una acción cívica es necesaria para contrastar la legitimidad de la acción misma. Solamente si sabemos quién hay detrás es posible dirimir si sus intenciones son honestas. ¿Cómo saber, si no, que detrás del boicot no está una editorial, productora cinematográfica o discográfica que pretende dañar a la competencia?

Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, se han realizado 173 ediciones del texto del boicot por 48 usuarios. De ellos solamente 7 lo hacen con un pseudónimo (aunque algunos son fácilmente identificables) y dos con nombre propio (uno es el propietario del dominio, el otro soy yo): el resto han dejado únicamente la IP como toda firma.

El papel de los medios

Durante los acontecimientos del 15M se criticó duramente a la prensa o bien por silenciar el movimiento o bien por no entender qué estaba pasando e inútilmente buscar la sala de prensa. Se criticó también a los medios de comunicación o bien por no cubrir las manifestaciones o bien por trivializarlas y minimizarlas.

Los medios que cubrieron — y siguen cubriendo — la llamada al boicot se pasaron de frenada — y siguen pasándose de frenada — con la cobertura de la convocatoria.

En apenas unas horas de generarse la página, hacerse la difusión “oficial” de la misma y con tan solo unos pocos centenares de adhesiones, ya había varios titulares sobre la convocatoria. Lo que me genera dos objeciones.

La primera es de forma y versa sobre el calibre de la convocatoria: unos cientos de adhesiones (Twitter daba menos de 2.000 usuarios entre los que se adherían y quiénes lo censuraban) y unos pocos autores materiales del manifiesto del boicot (en las primeras 40h no llegaban a tres docenas) es una cifra ridícula en comparación con los 23 millones de usuarios que tiene Internet en España (mayores de 10 años que se conectan casi a diario, 27 millones con medidas más laxas). Me parece precipitado como para darle cobertura nacional y rango de cuestión de estado.

La segunda es, de nuevo, una de fondo: aunque ya se ha ido corrigiendo, el titular más manido fue el de “la Red organiza un boicot” o “los internautas organizan un boicot”. Titulares así solamente son posibles desde la más extrema ignorancia de la adopción de Internet en España o desde la más extrema soberbia de quien se cree la élite de la vanguardia digital. Hablar de “Red” o “internautas” como categoría es un despropósito tal como decir que “la Carretera” o “los conductores” organizaron un boicot: se calcula que hay 26 millones de conductores en España, más personas que las que votaron en las últimas elecciones, y a nadie se le ocurriría decir que “los votantes de las últimas elecciones organizaron un boicot”. De juzgado de guardia.

El papel de los que se adhirieron

Si creo que el boicot no es coherente y los medios se extralimitaron en su papel de voceros, es también escalofriante el papel(ón) de algunos de los que manifestaron apoyar el boicot.

El 31 de diciembre por la tarde añadí mi propio nombre a la lista negra con el texto siguiente:

Nombre	Profesión	Manifestaciones	Obras
Ismael Peña-López	Profesor de Universidad	Aunque cree que la Ley de Propiedad Intelectual está rota, legitima la defensa de la propiedad intelectual como un derecho, afirma que el copyleft es lo mismo que el copyright e incluso osó criticar el documental de Fanetin.	Obras

Todo ello lo hice abiertamente, añadiendo en el historial el motivo — me pregunto dónde está la línea que separa los boicoteables de los no tan boicoteables o de los no boicoteables en absoluto — así como una aclaración en mi perfil de usuario en el wiki.

Lo que en un principio no pretendía ser sino una crítica “desde dentro” al boicot, acabó siendo un experimento sociológico la mar de interesante. El texto se mantuvo en la página durante poco menos de 23 horas, hasta que uno de los administradores, alertado por otros usuarios y promotores, eliminó el texto de la lista negra. Durante prácticamente un día:

• Cientos de personas se adhirieron a un boicot que ponía en la picota a alguien que, si bien atacaba la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Sinde, había “osado” criticar a uno de los críticos con la Ley Sinde, “uno de los nuestros” (aunque, como ha aclarado a posteriori Stéphane Grueso, él mismo está en contra del boicot). No sé si es más preocupante que no pocos de los que suscribieron la lista, jamás la leyeron, o bien que sí la leyeron y, sin embargo, les pareció bien lapidar a los tibios y equidistantes.
• Hubo un buen número de ediciones de la lista. Algunas para añadir nombres. Otras para corregir ediciones anteriores o eliminar vandalismos. A ninguno de estos editores le pareció mal que alguien me hubiese añadido a la lista, aunque sí repararon en faltas de ortografía y otras cuestiones formales.
• De los que repararon en mi nombre, 143 leyeron mi crítica al documental ¡Copiad, malditos! (crítica que tampoco era una oposición a las tesis del mismo, dicho sea de paso), 29 leyeron un artículo de fondo sobre el copyleft y 10 otro artículo sobre la libertad de expresión (estos dos últimos de mucho más calado que la crítica al documental). Únicamente 11 usuarios se tomaron la molestia de acceder a mi obra para ver, por sí mismos, la magnitud de mi producción maligna.

Si en Twitter y redes sociales: el lobby descentralizado defendía el uso de medios sociales para la participación política, mi involuntario experimento reforzó el temor que allí también manifestaba: todavía no hemos construido, en los medios digitales, espacios para la reflexión y la deliberación calmada, informada y, sobre todo, reputada. La adhesión al boicot ha sido, en no pocos casos — por supuesto los habrá habido de totalmente legítimos — un claro ejemplo de oclocracia de la más básica.

No quiero cerrar estas palabras sin pedir una disculpa pública a los impulsores del boicot en general por el pequeño vandalismo que realicé en su página, así como a Stéphane M. Grueso por utilizarlo como figura agraviada por mí. Como he intentado explicar, me movió un espíritu de crítica constructiva y jamás de ridiculización o de boicot al boicot.

El tema de fondo: la legitimidad — o, de hecho, la falta de legitimidad — de esta forma de opinión (o, a veces, presión) en una democracia representativa, una cuestión que el artículo va dejando caer y que Román Gubern, en su columna adjunta Vocerío digital vs. democracia, hace más que explícita.

Vayamos por partes.

Hay que empezar aclarando que ni son las redes sociales las que se pronuncian sobre un tema determinado, ni son tampoco unos “internautas” quienes lo hacen. Las “redes sociales” son una mala traducción del inglés “social networking sites”, “social networking platforms” o “social networking services”. Nótese que, en la traducción, nos llevamos por delante el substantivo original (sitio, plataforma, servicio) y atribuimos el fondo a la forma, en una metonimia con consecuencias semánticas nada desdeñables. Los sitios de redes sociales siempre fueron medios, jamás entes.

Son los mal llamados “internautas” quienes actúan en las redes sociales. Pero este término es también engañoso. No son los “internautas” éteres pensantes, sino personas de carne y hueso y ciudadanos de pleno derecho: el medio que utilicen no debería ser, en absoluto, su atributo definitorio.

¿Son buenas las redes sociales como plataforma ciudadana para opinar y ejercer presión política?

• Los medios sociales han democratizado la generación de opinión y la creación de grupos de presión. Atrás queda la necesidad de crear costosas infraestructuras como partidos, sindicatos, medios de comunicación (tradicionales), asociaciones, etc. Que los representantes sindicales, los lobbies de la patronal o los columnistas de los medios puedan sentirse agraviados por el “intrusismo” de las “redes sociales” y vean su opinión perder peso e influencia no es sino un ejemplo más de la crisis de las instituciones en una Sociedad Red.
• Los medios sociales hacen más eficaz y eficiente la acción colectiva, ya sea para hacer una reivindicación ciudadana ya sea para compartir recetas de cocina. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son eso y no más: hacen más eficiente (menos recursos en infraestructuras y tiempo para el mismo fin) y más eficaz (conseguir más objetivos) todo lo relacionado con informar e informarse y todo lo relacionado con comunicarse unos con otros. Y eso es, en esencia, el ejercicio de la ciudadanía y la base de una buena democracia. Oponerse al uso de las redes sociales en el ámbito de lo público es preferir una democracia menos eficaz y menos eficiente.
• Por último, y eso lo conocen perfectamente los enfermos crónicos de enfermedades raras, los medios sociales consiguen generar masa crítica allí donde en términos estrictamente geográficos hubiese sido imposible. Lo que era marginal en una comunidad puede acabar siendo relevante si conseguimos aglutinar a todos los interesados: y eso, los medios sociales lo están consiguiendo en todos los terrenos. Se hace posible el conocido mantra de pensar globalmente y actuar localmente, así como el repetido hay que gobernar para todos, para la mayoría y para las minorías.

Por supuesto, no todo son ventajas. Los retos no son menores y, en gran medida, esa eficiencia y eficacia de los medios sociales como plataformas para la acción ciudadana estarán en entredicho hasta que aquellos se superen. Entre los retos, creo que hay que destacar dos, uno conocido y relativo a la democracia directa, y otro nuevo, y relacionado con la mencionada crisis de las instituciones.

• El primer gran reto de los medios sociales es, paradójicamente, su inmediatez. A menudo identificamos el ejercicio de la democracia con el sufragio. Sin embargo, una buena democracia se caracteriza por un acceso a la información, cuidar la fase de deliberación, negociar las preferencias, votar y rendir cuentas. Los medios sociales están demostrando ser buenos instrumentos para lo inmediato, pero todavía están verdes para lo reposado, para la deliberación (aunque hay ya buenos ejemplos, creo que no tenemos aún un “protocolo estandarizado”). Lo urgente prevalece sobre lo importante, y resulta difícil distinguir qué es lo relevante ante tal aluvión de opiniones, propuestas y llamadas a la movilización.
• Ese primer gran reto no es nuevo, y hasta ahora se había resuelto a través de la mediación y la representación: determinadas instituciones (partidos, organizaciones, medios de comunicación) marcaban la agenda identificando los temas relevantes, así como diseñaban los procedimientos para decidir sobre ellos. Y estas instituciones tenían la legitimidad porque, entre otras cosas, representaban la mejor forma de hacer lo que hacían: mediar entre la información y los ciudadanos posibilitando la comunicación. Los medios sociales suponen la obsolescencia de muchas instituciones, pero no han proporcionado todavía un sistema de reputación válido para substituirlas. La mayoría de los llamados sistemas de reputación de los medios sociales son meras agregaciones de variables cuantitativas. Si bien la capacidad de transmitir un mensaje es muy importante, tanto o más importante es qué mensaje se transmite. Los futbolistas más famosos tienen un número de seguidores en Twitter de 7 cifras; el Nobel de Economía Paul Krugman, de seis cifras; el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, de cinco cifras; otros Nobel, tienen muchos menos seguidores o, simplemente, no utilizan las redes sociales — pero su influencia o la de su trabajo se refleja, día a día, en el devenir de la economía internacional… y en la economía doméstica de todos y cada uno de nosotros.

Volvamos ahora a la pregunta implícita del artículo original: ¿debería la actividad vehiculada por los medios sociales afectar a un creciente número de decisiones empresariales, editoriales y políticas?

Y la respuesta es, necesariamente, y por qué no. Utilicemos los medios sociales para ser ciudadanos más eficaces y más eficientes, sin olvidar los riesgos y puntos oscuros que la participación democrática por estas vías todavía no ha resuelto.

Pero una cosa sí hay que tener siempre presente: mientras las debilidades de los nuevos medios sociales están siempre a la vista, listas ser mejoradas mediante la acción colectiva, las fortalezas de la representatividad tradicional se mantienen casi siempre en la oscuridad, alejadas de la luz y los taquígrafos. Y puesto que el loco conocido nos está dando cada vez más disgustos, a lo mejor es hora de darle una oportunidad al sabio por conocer, aunque sea con todas las cautelas que se tengan a bien considerar.

• El entretenimiento online y sus implicaciones en campos como el régimen jurídico de la comunicación audiovisual, responsabilidad de los intermediarios, aspectos legales de publicidad, el derecho de los videojuegos y de las apuestas online, redes sociales, publicidad basada en comportamiento, privacidad y protección de datos, difamación y violación del derecho a la intimidad, protección de menores, propiedad intelectual, nuevos modelos de distribución de contenidos, contenidos creados por los usuarios, contenidos ilícitos y nocivos, neutralidad de la red y oportunidades de difusión de contenidos, posición de dominio en el mercado o redes de nueva generación entre otros.

Es posible también enviar comunicaciones sobre:

• Aspectos jurídicos relevantes para el estado actual y futuro de Internet, como la privacidad online, la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad de los prestadores de servicios, la libertad de expresión, la publicidad online, el comercio electrónico o la delincuencia informática, entre otros.
• Cuestiones relativas al gobierno y la administración electrónica, como el acceso a los datos (open data), la reutilización de la información del sector público, la participación política en la red, la contratación administrativa electrónica o el gobierno de Internet, entre otros.

Las personas interesadas en participar deberán enviar en primer lugar un resumen del contenido de su comunicación, de aproximadamente 300 palabras, expresando con claridad el objeto y alcance de la comunicación, así como su título provisional. El plazo máximo para enviar este resumen es el 20 de diciembre de 2011. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 10 de enero de 2012 se notificará si han sido aceptados.

Los autores de los resúmenes aceptados deberán entregar el texto definitivo de su comunicación no más tarde del día 26 de marzo de 2012. Las comunicaciones no podrán exceder de 8.000 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Para elaborar las comunicaciones deberá usarse la plantilla que se pondrá a disposición en la página web del congreso. Las comunicaciones se someterán de nuevo a un proceso de revisión, cuyo resultado se comunicará el 16 de abril de 2012. El plazo para entregar el texto final con las modificaciones que en su caso sean necesarias finalizará el 30 de abril de 2012.

Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en el libro electrónico de las actas del congreso, que tendrá el correspondiente número de ISBN. Las comunicaciones podrán, además, ser seleccionadas para su presentación oral en el congreso.

Fechas clave

• Envío de resúmenes (300 palabras): 20 de diciembre de 2011.
• Notificación de aceptación de los resúmenes: 10 de enero de 2012.
• Envío de la comunicación completa: 26 de marzo de 2012.
• Notificación de aceptación de la comunicación completa (con o sin requerimiento de modificaciones): 16 abril 2012.
• Envío comunicaciones revisadas (camera ready): 30 de abril de 2012.

Todos los envíos deberán realizarse por correo electrónico, en formato .ODT o .DOC a la dirección uoc.idp2012@gmail.com

No obstante, el tema sale una y otra vez por todas partes. Hoy mismo, por ejemplo, en El uso perverso de las palabras, de Ignacio Escolar.

Mi opinión es que el copago no es repago, el copago no es pagar dos veces la misma cosa, sino que el copago es una privatización (parcial) en toda la regla.

Vayamos primero a por qué el copago no es repago. Salvo estafas mediante, y especialmente en el ámbito de lo público, es materialmente imposible pagar dos veces por la misma cosa. Un bien público — como la Sanidad — se paga una única vez por todos los contribuyentes. A no ser que se incrementen los sueldos de los médicos o se construyan nuevos hospitales, si hay un incremento de la recaudación, el gasto en Sanidad se mantiene constante y el dinero que sobra va a otras partidas. El sueldo del médico no se paga dos veces y la cama no se compra dos veces.

En este sentido, si hacemos pagar 10€ al paciente cada vez que va a la consulta del médico de la Sanidad Pública, esos 10€ van a pagar el coste de esa consulta, mientras que, por la puerta de atrás, se “liberan” 10€ que, como hemos dicho, o bien irán a poner más médicos y más consultas, irán al presupuesto de Defensa, irán a reducir los impuestos, o simplemente irán a reducir el déficit de la Administración.

El copago tiene dos efectos, uno directo y otro indirecto:

• El efecto directo es que al paciente le sale más caro el sistema público de sanidad.

• El efecto indirecto es que al resto de ciudadanos le sale más barato el sistema público de sanidad, puesto que ahora nos repartimos entre todos el coste total menos esos 10€ por cada consulta, que paga un único ciudadano de su bolsillo, en lugar de costearlo entre todos.

Supongamos el caso límite donde: (a) el sistema de la sanidad pública se basa única y exclusivamente en las consultas médicas; (b) una consulta cuesta 100€ al erario público; y (c) hacemos pagar a cada ciudadano 100€ por cada consulta.

Siguiendo el esquema anterior:

• Los pacientes pagan, íntegramente los servicios médicos que disfrutan personalmente. Si no van al médico, no pagan; si van, pagan todo el coste.
• Los ciudadanos, como colectivo, no pagan la sanidad (¿pública?) de sus impuestos, dado que todo el coste se repercute al paciente. Si uno no va al médico, no pagará nada por sanidad. Todo el dinero de sus impuestos irá a otras partidas: carreteras, escuelas o subvenciones para los artistas. Pero ni un duro para sanidad.

El copago no es pagar dos veces por lo mismo, sino que todo lo que se paga directamente (no indirectamente a través de los impuestos) va a liberar gasto del presupuesto público que puede destinarse a otros fines (incluido el bajar los impuestos).

Si, en el límite, la situación es que tanto gastas en salud, tanto pagas, eso se llama privatizar la salud. Que los médicos estén en nómina de la Administración o de una clínica privada es absolutamente irrelevante: lo que hace una sanidad o una educación pública no es tanto quien provee el servicio, sino quien soporta el coste. Y si el coste lo paga el paciente y no el contribuyente, la sanidad es privada, porque el dinero sale del consumidor y no del ciudadano.

El debate sobre el copago, pues, no es un debate sobre presupuestos, costes o responsabilidad, sino un debate sobre si la sanidad tiene que ser pública o tiene que ser privada y en qué proporción.

La segunda noticia, y que no es ni buena ni mala sino que debería ser fuente de debate es que el canon se sustituya por otras fórmulas menos arbitrarias y, por tanto, más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual, basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones.

Creo que en remuneración de la propiedad intelectual está la parte importante del asunto. La primera cuestión, más formal, es que lo que hay que remunerar en cualquier caso es la explotación o el uso para determinados fines de la propiedad intelectual, no la propiedad en sí misma (¿o sí?). La segunda cuestión, más importante y de fondo, es que debemos decidir si lo que queremos fomentar es la cultura a través de la producción cultural o bien lo que queremos es promover el establecimiento y crecimiento de una industria que hace negocio con la explotación de la obra cultural. Son dos cosas relacionadas, pero muy distintas, y más cuando en la mayoría de los casos quienes tienen los derechos sobre la propiedad intelectual no son los creadores y viceversa.

Es posible que sea deseable promover ambas cosas, pero por sus distintas naturalezas valdría la pena darles también trato separado. En el primer caso hay que pensar en una forma de fomentar la creación garantizando el sustento del creador; en el segundo caso hay que pensar en una forma de facilitar el beneficio de un sector garantizando el marco legal y económico en el que opera.

Creo que pertenece al Ministerio de Cultura todo aquello relacionado con el objetivo de tener más y mejores obras culturales, así como su máxima puesta a disposición de la ciudadanía sin ánimo de lucro. En otras palabras, que haya más y mejores libros, discos, películas, obras de teatro, pinturas o esculturas, así como más salas de conciertos, museos, revistas o páginas web culturales, etc.

Creo que pertenece al Ministerio de Industria todo aquello relacionado con el objetivo de tener un conjunto de empresas que generen beneficios y puestos de trabajo con la comercialización de las obras culturales. En otras palabras, que tengan más y mejor acceso al crédito cuando sea necesario, que puedan tener un trato fiscal preferente o que tengan un marco legal del sector sólido y cuyo cumplimiento sea garantizado por las distintas instituciones del estado de derecho.

El canon es — o era — una medida claramente perteneciente al ámbito de la industria, por lo que debería estar fuera de la agenda del Ministerio de Cultura y de la promoción de la Cultura, el creador, la obra cultural o como quiera que lo llamemos. Si el canon o similar se mantiene o no debe pertenecer al mismo tipo de debate sobre si se mantiene una tasa para la ocupación de la vía pública por bares y restaurantes o un impuesto sobre las emisiones de CO₂, o si se crea una subvención a la producción de leche o a la compra de coche nuevo.

En la nueva medida que acuerde el Congreso para remunerar la propiedad intelectual tiene que quedar claro cuál es el objetivo: ¿remunerar al autor o promover la explotación de la propiedad intelectual?

En mi opinión, hay que remunerar al autor, a fondo perdido, para que cree. De la misma forma que remuneramos a médicos, profesores y jueces: porque queremos sanidad, educación y justicia públicas y de calidad, y por eso la pagamos entre todos. Son, todas ellas, bienes públicos y bienes de interés general. Como la cultura (yo lo creo así).

Si tratamos a músicos, pintores y dramaturgos como a médicos, profesores y jueces, lo que querremos de ellos es que creen obras culturales y su resultado quede para todos (como queda para todos la sanidad, la educación y la justicia). Se me ocurren para ello tres opciones:

• Subvención a fondo perdido y la obra resultante queda en propiedad del autor pero licenciada en abierto para uso y disfrute de la ciudadanía. Al fin y al cabo, los fondos salen de los impuestos: lógico es que el contribuyente pueda disfrutar de lo que ha pagado.
• Subvención a fondo perdido y la obra resultante queda en propiedad del Estado pero licenciada en abierto para uso y disfrute de la ciudadanía. Al fin y al cabo, los fondos salen de los impuestos: lógico es que el contribuyente pueda ser propietario de lo que ha pagado.
• Subvención a fondo perdido y la obra resultante queda cedida al dominio público. Si la cultura es un bien público y nos creemos que contribuye a hacernos más humanos y a una mejor sociedad, lógico es que no haya absolutamente ningún límite a su difusión. Ninguno.

Los tres puntos anteriores, de hecho, es como funcionan la mayoría de iniciativas del sector público, e iniciativa pública es fomentar la cultura. Como la sanidad, la educación o la justicia. Se paga al creador una cantidad justa por una determinada creación cultural… y ponemos el contador a cero.

Por supuesto, habrá quien considere que una obra cultural bien merece otro trato. Y que una obra tiene más valor que las horas invertidas en su creación. Que una obra es una inversión — de tiempo o de dinero o de cualquier otro recurso — que bien merece una explotación comercial más allá de su divulgación.

En ese caso, entramos en el terreno de lo mercantil, de la industria. Y en este nuevo escenario, habrá que plantearse, al menos, dos grupos de preguntas:

• ¿Debe una industria tener una estructura de negocio basada en la subvención pública? ¿De qué forma? ¿En qué cuantías o proporciones al coste? ¿O debe repercutir los costes al consumidor? ¿Tiene un modelo de negocio competitivo? ¿Es capaz de generar beneficios o lugares de trabajo? ¿Bajo qué condiciones?
• ¿Debe una industria disfrutar de un poder de monopolio (que es lo que protege la propiedad intelectual)? ¿Por qué motivo? ¿Compensa el coste del monopolio — la pérdida del excedente del consumidor — los costes de no regular un monopolio como las externalidades, comportamientos free rider o una oferta subóptima?

Cuando se reencarne el canon en una nueva figura valdría la pena pues tener claro si queremos fomentar la cultura o promover la industria cultural; si estamos defendiendo un bien público y de interés general o bien favoreciendo o protegiendo una industrial. Los diseños de las políticas deben ser, necesariamente, distintos.

Aunque la comparación con entre la (a estas alturas ya autoproclamada) #spanishrevolution y la primavera árabe es constante, vale la pena detenerse a ver cuán diferentes son, ya que a partir de estas diferencias podremos intentar deducir lo que es más probable que suceda en el futuro (próximo y no tan próximo).

Sin ánimo de entrar en el debate de las etiquetas y los conceptos, podemos definir una revolución como un cambio radical en el sistema: la revolución bolchevique que cambió el sistema social y económico en los entonces futuros (y ahora ex-) países soviéticos, o la revolución industrial del s.XVIII que cambió el sistema productivo; es una ruptura y lo que viene suele definirse en oposición a lo que teníamos. Una revuelta aspira a hacer grandes cambios, pero cambios mayormente dentro del sistema, y los exige en base a la insurgencia, a desafiar el sistema, a incumplir sus leyes y sus normas; las revueltas árabes han desafiado el poder y han hecho que cambie de manos, habrá cambios en el sistema, pero a grandes rasgos serán evoluciones del mismo. Una protesta es una muestra de desacuerdo con una determinada situación, de índole política, económica o social; es de alto voltaje, pero no desafía al poder, no incumple las normas de forma abierta y sistemática; de hecho, pretende que el sistema continúe, pero que se corrijan determinadas disfunciones en el mismo.

La #spanishrevolution es, a mi modo de ver, una protesta en toda la regla. Y su impacto, si no evoluciona a revolución, deberá medirse con la regla de medir las correcciones en las disfunciones del sistema que han provocado la protesta. Ni más… ¡pero tampoco menos!

Pero hacer prospectiva de lo que sucederá el 22M es complicado, complicadísimo: hay demasiadas variables y muchas de ellas actúan en sentidos opuestos. Saber cuál predominará se me hace harto complicado.

Ejercicio de la democracia

Un impacto directo, no en el futuro sino en el presente, que está teniendo lugar ya, ahora mismo, es un incremento del debate en la ciudadanía. Si de verdad creemos que el ejercicio de la democracia es algo más que votar, que empieza con la información, la gestación de una opinión, el debate, la negociación… #spanishrevolution es ya un éxito. La cantidad de debate generado es ejercicio democrático en estado puro. Afirmar que esto es rebeldía o contestación, incluso ingenuidad o utopía es negar lo más fundamental de la democracia: es muy sintomático que quien niega al independentismo vasco su derecho a expresarse en las urnas niegue también al descontento expresarse en la plazas plazas de las ciudades o de Internet.

Esto es demoscopia y barómetro político en tiempo real y sin filtros ni cortapisas. ¿Qué más se puede pedir?

Impacto en las elecciones del 22M

Por una parte, es cierto que el movimiento tiene un fuerte sesgo a favor de la población joven, estadísticamente levemente más escorada a la izquierda. Sin embargo, esto es especialmente cierto en quienes mantienen las ocupaciones de las plazas (también hay infinidad de gente mayor que, sin acampar, pasan el día en la plaza), pero deja de serlo cuando finaliza la jornada laboral y se les añaden ciudadanos de todo estrato social y edad.

Por otra parte, es probablemente cierto que el movimiento tenga un sesgo a la izquierda. Años de estadística así lo corroboran: el votante de derechas es fiel, el votante de izquierdas castiga.

Una tercera consideración es el distinto conocimiento del funcionamiento del sistema electoral español, así como la existencia o inexistencia de un comportamiento estratégico. Esto tiene que ver con los umbrales mínimos que permiten a una lista obtener escaños en unas elecciones en España.

Así, pues, tres variables a tener en cuenta: mayor o menor sesgo a la izquierda, mayor o menor propensión a emitir un voto válido o no válido (nulo y abstención), y en caso de que sea válido, emitirlo a favor de un gran partido o de uno sin o con poca representación.

Complicado. Puede que salgan ganando los partidos pequeños de izquierdas (Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, Piratas, Bildu o los centenares de partidos locales o “anónimos”) o incluso los no tan de izquierdas (Ciudadanos, UPyD).

En mi opinión, el éxito de las movilizaciones debería medirse en tres ejes:

• Número de abstenciones y votos nulos;
• número de votos emitidos (no escaños obtenidos) a partidos pequeños;
• caída de votos del PSOE (significativamente por debajo de lo que marcaban las encuestas antes del domingo) y, sobre todo, caída de votos del PP.

Considero que el éxito no debería ser el número de escaños — dado que es probable que no haya cambios significativos — sino cuanta gente (suma total nacional) ha apoyado las protestas de una u otra forma. Porque lo que debe votarse ahora es si se apoya la propuesta de cambios de las distintas plataformas votando “alternativamente”. Si la gente vota mayoritariamente igual que siempre, será hora de recoger las carpas e irse a dormir a casa. Si no, aunque no haya cambios significativos en los escaños, la legitimidad ganada será el éxito real de las movilizaciones. Esta será mi interpretación personal.

Extensión a otros países

¿Se extenderá a otros países (de la Unión Europea)?

Parece ser que se extiende ya a Italia. Esta era fácil de prever. Después de Grecia, que ya tuvo una primera cata de protestas hace unos meses, Portugal y España completan el trío donde la crisis se ha cebado con más fuerza. Con Italia se completa el cuarteto donde la calidad de los dirigentes es especialmente lamentable, motivo principal de las protestas. Sería pues, previsible, una reedición o réplica en los países mediterráneos de la Unión Europea (incluyo de forma algo tácita a Francia, con su historial de hace unos años). Y no solamente porque comparten situaciones parecidas (sobre todo en comparación con sus vecinos del norte) sino porque (hay que insistir en la cuestión) esta es una reivindicación para una mejor democracia, y parte de esta se administra en Bruselas.

En este sentido, hay que ser consciente que no basta con movilizarse dentro de un país, sino dentro de la Unión Europea en su totalidad.

Propuestas a corto plazo: complicidades y compromisos

Mi primera propuesta sería ganarse la legitimidad en las urnas. La legitimidad, no los escaños. Los escaños conseguidos (municipios y algunas autonomías) no servirán para operar cambios significativos en el sistema democrático, máxime algunos gestos que difícilmente se consolidarán en el futuro. Hay que conseguir un apoyo que se medirá en gran medida en función de la votación “alternativa” que muchas plataformas proponen y, en menor medida, sumando el no a todo de nulos y abstenciones. Sin ese apoyo, habrá que reconocer que la protesta es cosa de unos cuantos, la ciudadanía no apoya y retirarse dignamente: esto también es democracia.

Para ganarse la legitimidad, hay que dar un mensaje inequívoco, comprensible, articulado en una única propuesta (desplegada con sub-propuestas, si cabe). Y creo que la propuesta debe ser más y mejor calidad democrática, incluyendo instituciones, procesos y actores. La tendencia por ahora no es exactamente esta y, además, tiene dos facciones opuestas: o bien el cajón de sastre de “ya que salimos a la calle, vamos a pedirlo todo”, o justo la inversa “salimos a quejarnos, no a proponer, que propongan los responsables de todo”. Mi opinión no es tanto que haya que venir con propuestas entendidas como soluciones (aunque nunca está de más), pero sí con propuestas en el sentido de mensajes claros. ¿Es más y mejor democracia? Pues más transparencia, más rendición de cuentas y más consultar a la ciudadanía. Personalmente creo que despista mezclar el mensaje con medidas económicas o sociales o mantenerse en el plano “con mi indignación basta”.

Por cierto, hablo del fondo, no de las formas: demasiado chorizo para tan poco pan y similares son una forma clara y concisa de pedir mayor rendición de cuentas y justicia para quien usa lo público en beneficio de lo privado, reivindicaciones que caben dentro de más y mejor democracia.

Propuestas a largo plazo: impactar el legislativo con cambios estructurales en la regulación de la democracia

Relacionado con lo anterior, si a corto plazo hay que pedir legitimidad a partir de un mensaje claro, a largo plazo hay que hacer entrar ese mensaje en la agenda política de la liga de los mayores: las legislativas de 2012. Ahí es donde se puede (por ejemplo) cambiar la ley electoral, o se pude cambiar (ni que sea a través de minorías decisivas) la dinámica de pactos de las dos cámaras estatales.

Un apoyo significativo, no marginal, de la población a las protestas el 22M debe ser a la vez motivo suficiente y necesario para continuar dichas protestas durante el largo año electoral (la campaña de las legislativas empieza el 23M, por supuesto).

Y durante ese año sí debe haber propuestas concretas. Debe haber programa electoral.

Y debe haber trabajo para que dicho programa electoral o bien sea representado por una formación que pueda llevarlo a cabo o bien la propuesta debe introducirse, en paralelo, en el mayor número de formaciones posibles. El primer caso es complicado: si es una formación nueva, probablemente no pueda llevarlo a cabo aunque consiga representación; si no es una formación nueva, la pluralidad de las protestas (por muy sesgadas que estén) no permitirá una única filiación política y desintegrará el movimiento. Por otra parte, el sistema la mayor parte de la veces se cambia desde dentro, haciendo evolucionar a las instituciones y por consenso.

Veo más fácil votar a “mi” partido bajo la condición que incorporen medidas para mejorar la democracia, que hacer un voto ecuménico de la mano de muchos conciudadanos con quienes únicamente tengo en común que quiero más y mejor democracia.

Creo que esa es la opción, aunque requiera la cabeza más fría y el esperanza del corredor de fondo.

En los pocos más de 30 años que España viene viviendo en democracia desde la muerte del dictador, los políticos han pasado de ser los héroes que redactaron una nueva (y en muchos aspectos muy moderna) Constitución y la pusieron en práctica haciendo posible una transición hacia las libertades y el progreso, a los villanos que, entre otras cosas, implicaron al país en una guerra con oposición frontal de Naciones Unidas y la población en pleno, o negaron — y con ello empeoraron — una crisis con consecuencias devastadoras. Los políticos, y lo dicen las encuestas una y otra vez, han dejado de ser la solución para ser el problema. Por activa.

Al final, los ciudadanos, más allá del hartazgo, salieron el 15 de mayo a tomar las plazas, tal y como sucedió en el norte de África durante la llamada primavera Árabe a principios de 2011. ¿Alguna relación?

Diferencias

Hay tres diferencias fundamentales — más adelante hablaremos de una cuarta — que hacen que, en esencia, los movimientos árabes sean muy distintos de las revueltas españolas, aunque en la superficie puedan compartir algunas herramientas y prácticamente coincidan también en el tiempo.

La primera gran diferencia es la situación de partida, el contexto socioeconómico. A pesar de la gravedad de la crisis que asola España — con tasas de paro del 20% que se elevan al 45% en el caso de los jóvenes, o con crecientes impagos de hipotecas y problemas para llegar a final de mes — el sistema de protección social funciona (tanto el que proveen las instituciones como las familias) y, dicho en lenguaje llano, “nadie muere en España de hambre” ni “nadie muere en España por sus ideas” (ojo a las comillas). En Egipto, o en Túnez, sí, tanto lo primero como, cada vez más, lo segundo. Mientras la demanda en Egipto es el acceso a una cartera elemental de derechos humanos, en España la demanda es sobre la calidad de dichos derechos, especialmente las libertades ciudadanas y los derechos políticos.

Una segunda gran diferencia, muy relacionada con la anterior, es de carácter sistémico: en Egipto, la ciudadanía ha llegado al límite de lo que da de sí el sistema y claman por un cambio radical. Habiendo recorrido ya todos los caminos posibles de los -ismos (imperialismo colonial, comunismo, nacionalismo radical, totalitarismo oligárquico) piden entrar de lleno en la democracia. Democracia y punto. En España se pide exactamente lo opuesto y lo mismo a la vez, es decir: no cambiar de sistema, sino sanear y regenerar el presente. Las manifestaciones en España no son antisistema sino todo lo contrario, pro-sistema: más participación, más transparencia, más rendición de cuentas. En definitiva, más y mejor democracia.

La última diferencia radica en el cómo, aunque está también relacionada con las diferencias de perfil socioeconómico de los países árabes en relación a España. En el caso de los primeros, la mucho menor penetración de Internet — y más de la Internet móvil de banda ancha — así como la menor extensión de la formación entre la población hacen que, por construcción y necesariamente, las revueltas las activen una minoría muy formada y con fácil acceso a la tecnología. Una vez esta élite intelectual está coordinada y articulada, la revolución se extiende al resto de la población. Pero la chispa está muy localizada en las grandes urbes y en determinados estratos sociales. No parece ser este el caso de España, en parte porque el uso de Internet está mucho más expandido, en parte por tener una muy elevada proporción de población con educación formal, mucha de ella con secundaria y educación superior. Si se suele hablar de la primavera árabe como un movimiento de base, este adjetivo empalidece ante la pluralidad de las protestas en España. Hubo un precedente el 13 de marzo de 2004 y la réplica del 15 de mayo de 2011 ha sido mucho más fuerte, distribuida, reticular.

Similitudes

La primera similitud, como prácticamente en cualquier revuelta, es que esta se hace porque no hay nada que perder. En el caso de Egipto se sale porque la vida, lo único que queda a muchos, también se está perdiendo por la violencia de la pobreza o la violencia del Estado. En España, ante la perspectiva de unas elecciones — las del 22 de mayo — en las que ya está todo decidido de antemano, no se pierde nada con salir a protestar.

La segunda, mucho más importante, es porque se puede. Se puede salir a protestar porque, a diferencia de épocas anteriores donde hace falta una infraestructura para salir a protestar (una organización que lidere, medios económicos para producir material informativo, acceso a controladísimos canales de comunicación donde difundir dicha información), actualmente no hace falta ninguna: la coordinación puede hacerse de forma descentralizada y sin pasar por ninguna organización formal, la producción de material informativo multimedia se puede realizar desde el más básico de los ordenadores, y su difusión solamente requiere un acceso a Internet.

Lo nos lleva a una tercera similitud, y es el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para esa coordinación, producción y difusión de las revueltas. Sin embargo, y como veremos más adelante, el caso español ha sido, en mi opinión, muy distinto del caso árabe.

Una última similitud, y consecuencia directa de la anterior, es la ausencia de un puente de mando centralizado en la gestión de las revueltas. Aparecerán portavoces, o emergerán algunas cabezas más visibles que otras, pero la toma de decisiones, la elaboración de propuestas, la gestión de la mecánica es en red, no es jerárquica. No es nuevo: Al-Qaeda lleva años haciéndolo y muchos años más llevan algunas redes de profesionales en sectores intensivos en conocimiento. Pero si es rompedor en un mundo, la política, fuertemente encorsetado por las jerarquías, las disciplinas de partido, el concepto de aparato o la figura del líder.

El papel de las redes sociales

En el uso de las redes sociales en concreto, y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en general, hay dos tipos de movimientos muy diferentes entre sí, a la vez que complementarios.

Un primer sentido del movimiento es horizontal. Se basa en una comunicación entre pares que persigue difundir una idea de forma viral, capilar, involucrar a cuantos más mejor, articular una masa crítica, consensuar un ideario, un discurso, y promover la acción.

Hay un segundo sentido del movimiento mucho más vertical. La base de la ciudadanía, empoderada con medios de producción y difusión digital, persigue alcanzar los centros de toma de decisiones que hay sobre ellos, ya sea directamente o indirectamente a través de los medios tradicionales de comunicación.

Si bien ambos movimientos han estado presentes tanto en la primavera árabe como en España, en mi opinión en las revueltas en Túnez y, sobre todo, en Egipto predominó este movimiento vertical, mientras que en España ha predominado aquel movimiento horizontal.

Por dos motivos.

El primero por la diferente situación socioeconómica a la que apuntábamos al principio: en España la coordinación de una base muy amplia ha sido posible gracias al mayor acceso a Internet. Así el movimiento en horizontal ha podido ser posible con mayor magnitud en España que en el norte de África. En España valía la pena y era posible alcanzar a esa gran masa educada, crítica y dispersa por toda la geografía. En Egipto, la coordinación en algunas ciudades y universidades era clave, pero era también difícil ir más allá por medios digitales (que se suplieron por otros medios más tradicionales: octavillas, charlas, telefonía fija).

El segundo por la diferente distancia entre la ciudadanía y el poder. A pesar de las (más que legítimas) críticas y reivindicaciones, los españoles están mucho más cerca del poder que los egipcios. Entre otras cosas, porque los egipcios no solamente eran encarcelados por sus ideas, sino que comprendían que un cambio de gobierno pasaba por el apoyo de la comunidad internacional, especialmente la Secretaría de Estado Norteamericana. En España, mejores o peores, hay elecciones y es posible cambiar el color de algunos gobiernos. En este movimiento de comunicación digital vertical, podemos constatar la importancia que tuvo la cadena Al-Jazeera, que actuó de correa de transmisión entre manifestantes y los poderes internacionales, dando ingente difusión al material gráfico generado por los primeros. En España, un desapego y revueltas que hacía meses que se iban gestando, seguían apareciendo en las páginas de Tecnología de los principales medios, en lugar de las más apropiadas secciones de Actualidad, Política o España.

La democracia no es solamente ser libre de hacer cuanto uno quiera dentro del sistema, sino la posibilidad de cambiar el sistema mismo. Hasta ahora, las Tecnologías de la Información y la Comunicación habían empoderado a la ciudadanía para tener más libertad de movimientos dentro de la pecera. Lo que ahora se está intentando es usar esas mismas tecnologías para hacer la pecera más grande. O para salir de ella.

En España — especialmente, aunque también en muchos otros lugares del mundo — el debate alrededor de la propiedad intelectual es en realidad la confrontación sorda de dos monólogos:

• Los que creen que nada ha cambiado, que todo siempre se ha hecho así, y que, por lo tanto, así debe seguir, porque siempre se ha hecho así, etc.
• Los que afirman que todo ha cambiado, que hay que hacer las cosas de forma distinta, porque se puede, porque no se puede evitar, porque todo ha cambiado, etc.

En la tierra de nadie que separa estas dos “propuestas” reina la nada más yerma, y los que se atreven a deambular por este desierto, mueren en el camino o al intentar arribar con sus palabras a uno u otro de los dos extremos. Por herejes y blasfemos.

¡Copiad, malditos! es una oportunidad de oro perdida de plantar un oasis en dicho desierto.

Si bien es legítimo que un autor tome partida en un bando sobre una cuestión abierta como la que trata el documental, en mi opinión habría sido más interesante que adoptara una posición más constructiva, más conciliadora, y más habida cuenta de lo complicado de acercar posiciones en la situación actual. Por otra parte, creo que esta debería ser la posición si es así como el documental parece presentarse al público, como una visión ecléctica e imparcial del tema.

Pero el documental es parcial, y con ello no hace sino reafirmar a unos en su enroque, así como irritar a la parte opuesta. Y dejar como estaba a quien — mayormente por ignorancia del tema — no había tomado partido.

En mi opinión, esto último es lo más criticable al documental, ya que no solamente fracasa en su intento de informar sobre algunos tecnicismos legales a quien se embrolla en la maraña de términos, sino que, además, consigue desinformar utilizando erróneamente dos de los más importantes.

El primer error de bulto es la todavía extendidísima creencia que las licencias Creative Commons son algo opuesto al copyright. Lo explicamos en El copyleft es copyright: para que uno pueda licenciar una obra con Creative Commons, necesariamente debe poseer el copyright. Es decir, las licencias, todas las licencias, se construyen encima del copyright. Solamente el abandono en el dominio público (que no es, técnicamente, una licencia) es una oposición al copyright, ya que, precisamente, supone una renuncia a los derechos de propiedad intelectual.

El segundo error no es tan grave en sí mismo, aunque sí lo es en un documental que se supone… documentado: no todas las licencias (Creative Commons u otras) son copyleft; no todo lo que no es “todos los derechos reservados” es copyleft. De hecho, el director afirma repetidas veces que quiere (y al final afirma haber conseguido) licenciar su documental con copyleft. Sin embargo, la licencia de ¡Copiad, malditos! es una Creative Commons Reconocimiento – No Comercial, es decir, no una licencia copyleft. Para que fuese copyleft, debería añadir el Compartir Igual. Es el compartir igual (en inglés, el share alike), es decir, la obligatoriedad de que cualquier obra derivada deba licenciarse con la misma licencia, lo que hace que una licencia sea copyleft.

Lo peor de todo es que el material al que he podido acceder y tener tiempo de mirar o escuchar es de primera. Lástima que en la tijera final el montaje no fuese, desde mi punto de vista, tan interesante como prometedora era la materia prima.

En cualquier caso, celebro — y mucho — que se haya decidido subir todo este material para que se pueda consultar o utilizar tanto para otras iniciativas culturales como para complementar el siempre exiguo espacio de un documental para TV. Mi reconocimiento y agradecimiento al equipo del documental como al de la televisión pública por ello.

En términos de política, la teoría de los seis grados nos dice que si nos lo proponemos (y hay muchos ejemplos e investigaciones al respecto en multitud de escenarios) seremos capaces de vincular a cualquier persona con, por ejemplo, un actor famoso como Kevin Bacon, el gobierno del dictador Francisco Franco, o el terrorismo de ETA.

Como en la teoría de los seis grados da igual dónde se empiece y dónde se acabe — porque siempre habrá un màximo de seis grados de separación — lo simpático de la teoría es que podemos acabar relacionando a un terrorista falangista con un terrorista separatista (en mi opinión, con muchos menos de seis grados, pero esa es otra historia).

Sin llegar a ejemplos tan extremos como el anterior, es fácil suponer que un sindicalista está más cerca de un partido progresista que un empresario, este último normalmente más afín a un partido de derechas. Y que un nacionalista periférico estará más cerca de un independentista que del binomio que conforman el centralista y el nacionalista españolista.

Sin tanto teorizar, esto es lo que al parecer se comprendió en Catalunya durante los años noventa alrededor del terrorismo nacionalista catalán de Terra Lliure. Esquerra Republicana de Catalunya, con tan estrechos lazos ideológicos con los terroristas como diferencias fundamentales (entre ellas, el rechazo a la violencia), se convirtió en el catalizador del fin del terrorismo, integrando en sus filas a los miembros de la banda sin causas criminales, mientras estos últimos pasaron por una serie de pactos y amnistías para su reinserción (mucho más fácil en su caso que en el de ETA por la prácticamente nula existencia de delitos de sangre, dicho sea de paso).

A casi 25 años del (último) atentado de Terra Lliure en el Juzgado de Borges Blanques [Joan Carles Isal apunta en su comentario que este no fue el último atentado, sino que fue en 1992 — vale la pena leer dicho comentario porque da detalles sobre el fin de Terra Lliure más fieles a la realidad que las generalizaciones que yo he manejado en mi apunte], la disolución de Terra Lliure en Esquerra Republicana de Catalunya ha tenido dos consecuencias indiscutibles:

• A nadie le entra en la cabeza, hoy en día, cometer un atentado terrorista en Catalunya en nombre de la independencia;
• el movimiento (y el sentir) independentista tienen mejor salud que nunca, se puede hablar abiertamente del tema (a favor y en contra) en la calle y, según estadísticas y analistas, jamás la independencia ha estado tan cerca de poder llevarse a referéndum vinculante (que no de conseguirse, lo que para lo que nos ocupa es irrelevante).

La comparación con el caso vasco es descorazonadora.

Si bien nunca han sido casos fáciles de comparar, dada la mucho mayor virulencia de ETA, los estertores finales de esta última y la posición de las fichas en el tablero hoy en día si dan ahora pie a comparaciones.

Las diferencias entre la vinculación de Terra Lliure con ERC en 1991 no deben ser mucho mayores que las que hay entre Sortu, Bildu y ETA en 2011. Y, sin embargo, esas y no las diferencias entre ETA y Terra Lliure son las que realmente deberían contar de cara a construir un futuro.

Y ese futuro, desde mi perspectiva, tiene dos opciones claras:

1. Seguir como hasta ahora, con una aproximación estrictamente criminal o penal de conflicto, rendir a ETA por las armas, y en 20 años, tener un terrorismo todavía más debilitado, pero todavía con capacidad de maniobra que, por mínima que sea, pueda seguir siendo letal. El independentismo seguirá siendo algo proscrito, probablemente minoritario, y se seguirá muriendo y matando por su culpa.
2. Construir en paralelo a la vía criminal (que debe continuar, por supuesto) una vía política que normalice el independentismo y deslegitime la violencia. En 20 años (si creemos que el caso catalán puede repetirse) no habrá habido más muertes por su causa, aunque como todo debate político, es harto probable que tanto el nacionalismo como el independentismo se traten abiertamente e incluso se incorporen en serio a la agenda política del legislativo y el ejecutivo.

Solucionar el problema del terrorismo tiene, entre otras cosas, aceptar que el nacionalismo y su extremo, el independentismo, son una cuestión que puede entrar en política con normalidad. Que cada cuál decida qué precio está dispuesto a pagar (y con él, el resto de ciudadanos) por que esto último no suceda.

En algún lugar hay la delgada línea que separa lo inaceptable de lo aceptable.

Aunque me esfuerzo, todavía no he encontrado sus coordenadas precisas.

Los hay que trabajan a diario por encontrar esa línea y por fundamentar el porqué de su posición.

Mientras, otros siguen empujándola hacia abajo o, simplemente, la dejan caer.

La neutralidad de la red o Net Neutrality, el principio según el cual la red debe permanecer neutral en relación con los contenidos que se transmiten a través de ella y evitar cualquier discriminación basada en la naturaleza o el origen de los datos, constituye uno de los puntos principales de la discusión actual sobre el futuro de Internet. Este principio es visto generalmente como una característica esencial del diseño de la red que ha permitido un crecimiento exponencial de nuevos servicios en los últimos años. Los intentos de introducir determinadas prácticas de gestión del tráfico por parte de algunos operadores de telecomunicaciones podría poner en peligro las posibilidades de desarrollo de Internet, y a la vez tener un efecto negativo sobre la libertad de expresión. Académicos, reguladores y diferentes agentes interesados debaten cómo y hasta qué punto es necesario preservar este principio y si se precisa una regulación específica que así lo establezca.

El VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política (IDP 2011), que tendrá lugar en Barcelona los días 11 y 12 de julio de 2011, se centrará en el debate actual sobre la neutralidad de la red y en sus consecuencias para el desarrollo de Internet, desde la perspectiva del derecho y de la ciencia política. El congreso tratará también otras cuestiones relevantes en los campos del derecho y la política que plantean retos acuciantes para el futuro de Internet, como la protección de los datos personales, la privacidad y la intimidad, las políticas y el gobierno de la red, el derecho al acceso a la información pública, o la acción democrática en la red.

Las seis ediciones que ya se han celebrado del congreso IDP lo han consolidado como lugar de encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y en la política. Destacados académicos e investigadores han participado en calidad de ponentes invitados en anteriores ediciones del congreso, entre otros, Benjamin Barber, Lilian Edwards, Jane Ginsburg, James Grimmelmann, Ronald Leenes, Helen Margetts, Eben Moglen, John Palfrey, Yves Poullet, Stephano Rodotà, Alain Strowel o Jonathan Zittrain.

El congreso IDP es impulsado y organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marco del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), instituto que reúne la actividad de investigación de UOC centrada principalmente en el estudio de los efectos de la tecnología en las personas, las organizaciones y la sociedad en general.

Solicitud de comunicaciones

Invitamos a los interesados del mundo académico, profesional y de las políticas públicas a participar en el VII Congreso Internacional Internet Derecho y Política: Neutralidad de la Red y otros retos para el futuro de Internet enviando comunicaciones que aborden, desde una perspectiva jurídica o política, aspectos relacionados con:

• La neutralidad de la red y sus efectos sobre la innovación, la libertad de expresión, la creación de contenidos, el acceso universal a las TIC, la competencia, el mercado de las telecomunicaciones o la brecha digital, entre otros.
• Aspectos jurídicos relevantes para el estado actual y futuro de Internet, como la privacidad online, la protección de datos, la propiedad intelectual, la responsabilidad de los prestadores de servicios, la libertad de expresión, la publicidad online, el comercio electrónico o la delincuencia informática, entre otros.
• Cuestiones relativas al gobierno y la administración electrónica, como el acceso a los datos (open data), la reutilización de la información del sector público, la participación política en la red, la contratación administrativa electrónica o el gobierno de Internet, entre otros.

Las personas interesadas en participar deberán enviar en primer lugar un resumen del contenido de su ponencia. El plazo máximo para enviar este resumen es el 18 de febrero de 2011. Los resúmenes serán evaluados mediante revisión ciega y el 4 de marzo de 2011 se notificará si han sido aceptados. Los autores de los resúmenes aceptados deberán entregar el texto definitivo de su comunicación no más tarde del día 23 de mayo de 2011. Las comunicaciones no podrán exceder de 8.000 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Para elaborar las comunicaciones deberá usarse la plantilla que estará disponible para descargar desde la web. Las comunicaciones se someterán también a un proceso de revisión. Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán en las actas del congreso, que tendrán el correspondiente número de ISBN o de ISSN. Las comunicaciones podrán, además, ser seleccionadas para su presentación oral en el congreso.

Fechas clave

• Envío de resúmenes: 18 de febrero de 2011
• Notificación de aceptación de los resúmenes: 4 de marzo de 2011
• Envío de la comunicación completa: 23 de mayo de 2011

Todos los envíos deberán realizarse por correo electrónico, en formato .ODT o .DOC a la dirección pdret@uoc.edu