Asociación de víctimas de la AVT

Para evitar malentendidos, vayan por delante dos afirmaciones sin matices:

  • La defensa de las ideas jamás debería ejercerse por la violencia. El terrorismo — y su versión eufemística de “lucha armada” — son, sin duda alguna, lo peor que puede generar una sociedad.
  • Uno de los retos más complejos a los que se enfrenta una sociedad, tras la derrota del terrorismo en el terreno de lo penal y de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, es cómo articular la convivencia entre quienes siempre defendieron la democracia de los que ahora abandonan las armas para abrazar la vía política. No hay una solución y entre las soluciones disponibles ninguna será fácil.

Dicho esto, creo que empieza a ser urgente ver hasta qué punto las reivindicaciones justas de algunos de los que fueron víctimas de la violencia pueden acabar, a su vez, violentando la democracia misma.

En los últimos años, y muy especialmente desde que la lucha antiterrorista ha ido desplazando su centro de gravedad hacia una aproximación más política y menos “militar”, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha ido endureciendo su discurso no en defensa de las víctimas, no en su censura al terrorismo, sino directamente contra las instituciones del Estado de derecho.

Primero fue su ataque al sistema penal que rige en España, cuya visión siempre ha sido la de la reinserción del convicto, su rehabilitación, su recuperación para la sociedad. Es, por supuesto, legítimo cuestionar esta visión y proponer otra alternativa. Sin embargo, y como veremos más adelante, este cuestionar no ha sido tanto un ejercicio propositivo sino uno de derribo del sistema, de chantaje emocional contra todo aquél que defendiese no ya unas posturas determinadas sino, simple y llanamente, el espíritu y texto de las leyes aprobadas en el Parlamento.

Segundo fue una caza de brujas para eliminar toda disensión y, en definitiva, la voz de las víctimas mismas para que estas fuesen enmudecidas por los gritos de sus supuestos representantes. En definitiva, la AVT ha conseguido con sus acciones la negación de la pluralidad de pareceres entre las víctimas, así como apropiarse de un espacio de debate público que, con toda justicia, deberían compartir con las otras asociaciones de víctimas del terrorismo, que, efectivamente, existen.

Lo penúltimo ha sido pedir salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una institución que tiene por objetivo ni más ni menos que proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros. Dicho de otro modo, a la AVT no le interesa ya, en absoluto, la protección de los derechos humanos ni las libertades fundamentales, sino otra cosa. Volvemos, pues, al primer punto: no va de derechos sino de revancha.

Lo último (por ahora) es ya la petición de eliminar el Tribunal Supremo, el órgano de más rango dentro del poder judicial español. Es decir, cambiemos la Ley en España, hagámoslo sin ningún tipo de consideración hacia los derechos humanos y, si hace falta, hagámoslo fuera de la Ley.

El pasado 27 de octubre, durante la manifestación de la AVT contra la derogación de la doctrina Parot un manifestanse se exclamaba que los pacifistas quieren la paz a toda costa.

Efectivamente, algunos creemos que la paz es un bien superior que debe conseguirse a toda costa. A toda costa. A toda costa significa que el precio puede llegar a ser caro e incluso incómodo en muchos casos. Pero siempre inferior al precio que nos hace pagar la violencia.

La democracia empieza a ser víctima de los relativismos morales que acaban cuestionando los fundamentos de las principales instituciones de dicha democracia: los derechos humanos, las libertades, el Estado de derecho. Resbalamos por una pendiente cuya perspectiva no es nada halagüeña.

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Sobre Mí

    Soy Ismael Peña-López.

    Soy profesor de los Estudios de Derecho y de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, e investigador en el Internet Interdisciplinary Institute y el eLearn Center de la misma. También dirijo el proyecto de Innovación Abierta de la Fundació Jaume Bofill.