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Hace años que sigo la cuestión de los movimientos sociales y el uso que hacen de Internet. A raíz de ello, los movimientos relacionados con el tema de la vivienda no me son del todo desconocidos. Recuerdo la sentada de V de vivienda en 2006, uno de las primeras wikis por la vivienda de 2007, o la ya más reciente participación de Ada Colau en el seminario de Comunicación y Sociedad Civil en 2011.

Mis primeras impresiones sobre todos estos movimientos eran opuestas aunque (por paradójico que pueda sonar) muy claras. Por una parte, una enorme empatía emocional con quienes impulsaban dichos movimientos, especialmente los que no pedían tanto una «vivienda digna» sino una vivienda y punto (caso de los desahucios). Por otra parte, desde la fría racionalidad, el convencimiento de que muchos habían cometido excesos (de confianza, de chulería, de prepotencia) y que cada palo tenía que aguantar su vela. El conocimiento más o menos cercano de más casos del segundo tipo (excesos) que del primero (tragedias humanas) provocaban un sesgo en mí que me obligaba a hacer un esfuerzo por comprender todos los argumentos de todas las partes.

Casi siete años después de las sentadas por una vivienda digna mis dudas y sentimientos encontrados sobre la cuestión perduran, pero no así el peso que doy a cada uno de ellos: el drama de los desahucios es, realmente, un drama de grandes dimensiones y profundidad, y en mi opinión urge hacer algo al respecto. Por otra parte, incluso dentro de los que podríamos considerar «personas que hicieron excesos», encontramos matices de gris y, sobre todo, e incluso en el más claro de los casos de «exceso», víctimas que no merecen los excesos de sus padres: a saber, sus hijos. A todo esto, y más allá de la visión micro o del caso concreto, se añade el contexto y la visión macro o de conjunto: qué tipo de leyes tenemos, qué sistema de prioridades tienen esas leyes, qué derechos protegen a costa de qué otros derechos, qué formas de control se ha dotado a ese sistema legal y, mucho más importante, qué mecanismos de corrección del mismo sistema regulatorio tenemos activados y cómo de bien o mal están funcionando dichos mecanismos.

Esta digresión me sirve para definir, aunque sea de forma indirecta, la naturaleza de un problema político: agentes que tienen puntos de vista distintos sobre una cuestión, cada uno con sus intereses particulares, y que al extender su impacto y alargarse en el tiempo acaba deviniendo un problema colectivo. En oposición a la política como gestión de problemas que afectan — directa o indirectamente &mash; a una buena parte de la ciudadanía, tenemos a la justicia que, por norma general, se ocupa de los casos «puntuales» y que suelen afectar a pocas partes y bien delimitadas. Soy consciente que esto son versiones muy simplificadas tanto de la política como de la justicia, pero para el caso que nos ocupa son, creo, suficientes y válidas.

Ayer se conocía que el Ministerio del Interior ordena identificar y detener a quienes hagan escrache a políticos, una decisión que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha tachado de ‘barbaridad’ porque pone en duda la seguridad jurídica de las acciones.

Por supuesto que si un manifestante se extralimita en el ejercicio de sus derechos y agrede a otra persona ello debe tener consecuencias legales. Pero la cuestión no es esta.

La cuestión es que hemos convertido algo puntual y totalmente particular — una posible agresión de una persona a otra — a una cuestión de estado, a una cuestión política. Lo que es ciertamente inadmisible.

Pero tampoco esta es la cuestión real de fondo: convirtiendo lo puntual en algo categórico, también cogemos en lo que era general, del ámbito de la política, y lo convertimos en algo puntual. Judicializando el escrache lo expulsamos del Parlamento y del debate político y lo convertimos en una mera cuestión de «policias y ladrones». Enfocando en los síntomas acabamos olvidando la enfermedad.

Insisto: más allá de los posibles excesos de unas personas en particular — que seguramente los ha habido y los habrá — el problema del escrache no es quién señala sino qué se señala. Y ese qué son, en primera instancia, los políticos que se han inhibido del debate, pero, en última instancia y de forma relevante, el descalabro del sistema hipotecario español, que se está llevando por delante hogares, ahorros, bancos y empresas.

La solución al escrache no está en los cuartelillos ni en los juzgados. Ni en las declaraciones a los medios de comunicación. Ni en las tertulias. Ni en las calles.

Tampoco está la solución al escrache en la dación en pago.

La solución al escrache está en el Parlamento. En sentarse juntos, en el Parlamento, todas las partes, con sus puntos de vista, sus aportaciones, sopesando pros y contras. Y ya allí se decidirá si la solución al descalabro del sistema hipotecario (que es un problema distinto al del escrache, y que es su causa) es la dación o no. O es otra cosa. Pactada, consensuada. O al menos debatida. Tampoco es pedir tanto a quienes nos representan: dialogar está en su contrato.

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