Decíamos ayer, en La propiedad de las infraestructuras de telecomunicaciones, que el principal problema que teníamos en España es que Telefónica seguía teniendo el monopolio de facto de las infraestructuras, lo que le permitía planear acciones que, en el mejor de los casos, iban contra el interés público y, en las peores, podían vulnerar varios principios constitucionales — esto último no lo decíamos ayer, lo añadimos ahora.
Afirmaba César Alierta que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Bien, esto no es cierto. Los buscadores de Internet, como los servicios de hospedaje de fotografía o vídeo (p.ej. Flickr y YouTube), sí pagan a las telecos. Vayamos por partes.
Internet se basa en intercambio de información entre un servidor y un (vamos a simplificar) ordenador personal. Un ordenador hace una petición (manda información) a un servidor y este último devuelve (manda información) al ordenador o cliente lo que le han pedido. Cuando contratamos acceso a Internet para el ordenador de casa, pagamos por poder mandar información (subida) y por poder recibirla (bajada o descarga). Como normalmente recibimos muchísima más información que la que mandamos (mandamos una pequeña orden de unos pocos bytes y, a cambio, nos bajamos un video de YouTube de varios Kilo- o Megabytes), nos interesa contratar más capacidad de bajada que de subida, de ahí el ADSL, cuya A significa asimétrica. Si quisiésemos mandar (o descargar) más información, nos basta con contratar (y pagar) más ancho de banda.
Los proveedores de servicios de Internet (Google y YouTube, pero también El País o la Agencia Tributaria) contratan más ancho de banda que un hogar cualquiera. Y pagan por ello. Digámoslo otra vez: los proveedores de servicios de Internet sí pagan por usar las redes de telecomunicaciones.
Lo que César Alierta pretende no es que paguen, que ya lo hacen, sino que compartan (a la fuerza) los beneficios de sus actividades en Internet. Cómo he leído o me han comentado (perdón por no recordar la referencia) es como si el peaje de la autopista fuese variable en función de si somos domingueros o si transportamos oro en lingotes. Lo que comúnmente se llama usura. Técnicamente no creo que sea ninguna barbaridad y se me antoja harto posible; en términos económicos y, sobre todo, sociales, creo que la cosa cambia.
Sin embargo, hay a quién la usura no le resulta en absoluto reprobable. No hay más que asomarse a la prensa o al buzón.
Muy bien. Abramos pues la posibilidad de que Telefónica, entre Mayo y Junio, cobre a la Agencia Tributaria el 0,7% de los pagos y reintegros de la Declaración de la Renta, como si de una ONG se tratara. Al fin y al cabo, por esas fechas la AEAT genera más tráfico que la mayoría de administraciones juntas. ¿Por qué limitarse a Google? Además, como ese dinero lo pagaremos entre todos y nadie en concreto, ¿qué más da? Con lo que pago de impuestos, incluso me apetece pagar un poco más para unos accionistas particulares.
Abramos también la posibilidad que Telefónica tarifique a la Universitat Oberta de Catalunya, a la la Universidad Nacional de Educación a Distancia o a la Universidad a Distancia de Madrid, y que se lleve un tanto por ciento de la matrícula. Al fin y al cabo, esas universidades funcionan a través de Internet porque la mayoría de sus alumnos no pueden estudiar en una presencial. Gravémoslos, pues, por estudiar en línea. Haber ido a clase cuando tocaba. Además, la educación está sobrevalorada.
Etc.
En términos estrictamente económicos, la propuesta es difícil de justificar. Ya hay un precio en ese mercado fijado por la demanda y la oferta y que se paga y cobra religiosamente. Lo que se propone no responde mas que a un gravamen que viene a distorsionar el equilibrio de mercado (¿alguien dijo monopolio?).
Aún así, creo que el plano económico no debería ser la razón. Deberíamos condenar la no neutralidad de la red — lo que ahora propone Telefónica, pero que en absoluto es novedoso — basándonos en cómo maltrata algunos derechos fundamentales, en especial la Libertad de Expresión.
La Constitución Española de 1978 dice en el artículo 20 que 1. Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. [...] 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Ahora que Internet daba, por fin, la posibilidad de que todo ciudadano pueda hacer oir su voz, informarse para participar en igualdad de condiciones en la democracia, etc. y a un coste razonable, ahora vamos a añadir cortapisas económicas. Y al que no pague (cliente o servidor), le cortaremos el grifo, claro.
Añade en el artículo 149 que El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias [...] 21ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación [..] 27ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas..
Vivimos en una sociedad donde otro derecho constitucional — el derecho a la vivienda — ya se ha ido al garete por tolerar (¿promover?) la especulación y la usura. Estaría bien que, además de recuperar ese derecho, no dejemos que hagan añicos otro de ellos.
En la (reciente) historia de la Sociedad de la Información en España, una de las cosas que yo habría hecho diferente — no digo “error monumental” por parecer moderado y equidistante — fue la privatización de Telefónica. Entre otras cosas por no tener que oír las sorprendentes declaraciones de su presidente, César Alierta, anteayer en Bilbao, afirmando que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagarnos nada. Y es evidente que eso no puede seguir:
Para ver el video, por favor visita http://ictlogy.net/sociedadred?p=112 y asegúrate que tienes el plugin de Flash instalado.
Consideraciones al margen sobre cobrar por partida doble lo que los consumidores ya pagan en su factura, el problema que aquí enfrentamos es que las infraestructuras no deberían ser suyas, de Telefónica; las infraestructuras no deberían ser privadas, sino públicas, siendo (o pudiendo ser) únicamente su explotación lo que es privado.
Las redes de infraestructuras — pensemos en carreteras, un símil válido y mucho menos abstracto que unas redes de telecomunicaciones — son estratégicas para todas las actividades de un país. Por carreteras y vías circulan camiones con alimentos o gasolina, corren las ambulancias, se desplazan las fuerzas de seguridad o nos atascamos los domingueros para “disfrutar” de un fin de semana en la conchinchina.
Esas carreteras, que son de todos, puede administrarlas el Estado directamente o, como sucede con las autopistas, conceder su administración/explotación a una empresa privada. Ocurre lo mismo con muchos parques y jardines en las ciudades, la limpieza de las mismas, la gestión de los aeropuertos, etc.
Telefónica era un monopolio del Estado (es decir, era “nuestro”) que gestionaba la red de telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica — a un precio de risa — no solamente se privatizó la gestión de las “autopistas de la información”, sino que también se privatizaron estas. Los problemas de esta decisión son, como mínimo, tres:
Como las infraestructuras son de una única empresa que antes era un monopolio (la llamada incumbente), y no de todos, la empresa que quiere entrar en el mercado tiene que alquilar la red a la incumbente. Como esta tiene un monopolio de facto, pone el precio que le da la gana (en Europa ya nos han amonestado por ello) o le alquila por debajo de sus necesidades o en absoluto la red a la competencia (aunque esté regulado, el cumplimiento de la ley en este tema ha sido ya materia de demandas en España). La consecuencia es, como en todo monopolio, precios más altos que paga el consumidor.
La alternativa es, claro está, que la competencia monte sus propias redes. Así, nos encontramos años atrás una España con todas las calles levantadas para replicar varias veces la red de telecomunicaciones. Con ello, se hacen inversiones redundantes que son muchas veces innecesarias y que, además, habrá que amortizar, amortización que se hará cargando en los precios del consumidor final.
Por último, como lo que da dinero es el servicio de telecomunicaciones, no “echar cable”, es fácil que toda la ingeniería social, el I+D+i, la modernización de procesos, etc. recaiga sobre lo que da dinero, es decir, la provisión de servicios, dejando las infraestructuras desatendidas. Es lo que ha ocurrido en los ferrocarriles británicos y las eléctricas norteamericanas. Infraestructuras desatendidas significa menor eficiencia y eficacia, lo que, una vez más, redunda en peor calidad de servicio y mayores precios para los consumidores.
En mi opinión, las redes de telecomunicaciones deberían ser del Estado, por ser una cuestión estratégica y de interés público. Y la compañía que quisiera usarlas pagaría un alquiler a las arcas públicas, dinero que iría destinado, básicamente, al mantenimiento y la modernización de esas mismas redes. Tendríamos redes más eficientes, precios menores y no deberíamos aguantar las declaraciones de César Alierta que, en lugar de pensar en sus consumidores, piensa en sus accionistas y en cómo arañar codiciosamente beneficios ajenos. Ya sabrá él qué mano le da de comer.
Hasta ahora, el periodismo (como el cine, la música y otras industrias ligadas a la cultura) aglutinaba tres aspectos: continente, contenido y persona (autor / intérprete /…). En un ejemplo fácil, bajo un periódico había, realmente el papel soporte, la noticia y el periodista.
Una primera cosa que ha cambiado con la revolución digital es que continente y contenido se han desligado. Para siempre. Y este es un primer cambio que tiene muchas consecuencias (que suelen ser el tema de debate urbi et orbe).
La otra es que el continente, en muchos casos, es superabundante, lo que también tiene consecuencias en el papel de la persona (que no suele ser el tema de debate, o es a menudo falaz).
Resumiendo lo que podría ser una larga exposición, y para el caso del periodismo en concreto:
En mi opinión ya no es posible identificar diarios, emisoras o medios en general con los periodistas. Creo que la industria debe abandonar el apego que tiene sobre el continente. Las redacciones no deben vender papel.
La información deja de ser escasa. Las redacciones deben plantearse si venden información… o conocimiento. Antes, distribuir información tenía un valor añadido: ¡hacerla pública! Ahora… ¿sigue teniéndolo?
Todavía confío que la industria es necesaria: no para vender papel, ni para vender información, sino para validarla y enriquecerla, y no sólo necesaria, sino esencial. El problema es que esto hace que las redacciones tengan que abandonar estrategias tayloristas de producción industrial y masificada de información de bajo perfil. Hace que las redacciones tengan que abandonar estrategias basadas en el becario y otros profesionales escasamente competentes (no por ser incompetentes natos, sino, a menudo, porque los recursos con los que trabajan no les permiten más).
En definitiva, la revolución digital permite devolver los medios a su papel original — ser el cuarto poder — y abandonar su papel actual — una industria que da beneficios. Y, claro, para los industriales (que no suelen ser los periodistas), esto es muy duro. Pero (creo) es una segunda oportunidad para los periodistas (los de verdad) para volver a serlo.
Por supuesto el cambio de orientación requiere un cambio de modelo de negocio. Y viendo determinados programas de televisión y determinados periódicos, uno se pregunta cómo encaja un periodismo riguroso con semejante audiencia coprofílica y si habrá quien quiera pagar por un producto de calidad.
(Esta entrada se debe a un intercambio de correos con Àlex Gutiérrez en los que, después de dar varias vueltas, nos dimos cuenta que coincidíamos en casi todo. El detonante fue Gemma Urgell que nos habló de Media140.)
Tratándose de una iniciativa de comunicación política sobre temas de educación en entornos 2.0, el conseller Ernest Maragall invitó ayer por la tarde a algunas personas vinculadas al ámbito de la comunicación, la comunicación política o la educación, todas ellas con experiencia en materia de Web 2.0. Yo estaba allí con estas personas (docena y media), el conseller Maragall, Xavier Vidal (Jefe de Comunicación del Departament) y Trina Milan (Responsable del proyecto de identidad digital del Departament).
La primera impresión, y a tenor de los temas que durante casi dos horas se trataron en la sala, es que el Departament no necesita un blog, o una estrategia 2.0… sino tres:
Una estrategia de gobierno abierto, de democracia electrónica, para que la ciudadanía pueda participar en los debates y decisiones del gobierno en materia de educación. A mi entender, esta es la que acaba de ser lanzada.
Una comunidad de práctica y de aprendizaje, para que los educadores (y la comunidad educativa en general) puedan intercambiar conocimientos sobre metodología educativa y TIC, así como reflexionar sobre la implantación de estas en el aula. Me quedó claro que esta no existía aunque su necesidad era acuciante.
Un canal donde el trabajador y la dirección pudiesen tratar sus cuestiones laborales de forma abierta y participativa, cuestiones laborales que, a menudo, se solapan con aspectos de interés general (punto 1) o metodológico (punto 2), lo que ha conllevado que muchos profesores “tomaran por la fuerza” las nuevas herramientas para este último propósito.
Me gustaría hablar del primero. Y hacerlo más a nivel conceptual que práctico. Me gustaría comentar algunas preguntas retóricas que fueron lanzadas a los asistentes, lugares comunes que visitamos y reticencias más o menos explícitas.
¿No es demasiada información, por excesiva, desinformación? ¿Hacemos la información menos transparente al hacerla abundante?
Definitivamente no. La información deja de ser transparente cuando no publicamos las fuentes, los datos, y en cambio, dejamos ver únicamente su interpretación, nuestra interpretación. Por supuesto, a más información, más necesidad de escoger y analizar, pero lo que el exceso de información hace difícil, la escasez de información lo hace imposible.
¿No se verá tanta comunicación como un ejercicio de propaganda?
Entre otros muchos, la información tiene dos atributos: cantidad y calidad. Poca cantidad de información y de baja calidad, claramente es propaganda: dosificamos el mensaje que, además, adulteramos. Más información — especialmente si mostramos las fuentes y los procesos — difícilmente será propaganda. Aunque, por supuesto, la oposición de turno utilizará este recurso como arma arrojadiza, pero no es este el momento de hablar de cinismos.
¿Para qué más información? ¿Para una mayor participación? ¿Para invadir competencias de los periodistas? ¿Son los bloggers periodistas ciudadanos?
Por supuesto, la participación, si es genuina, debe ser informada. La información es la materia prima de la participación, el resto es demagogia, fanatismo o inconsciencia. En este sentido, los periodistas deben, sin lugar a dudas, perder el monopolio de informar. La buena noticia es que tendrán más tiempo para analizar la información que ahora puede estar al alcance de todos sin filtros ni cortapisas.
La mayoría de ciudadanos que escriben en un blog no son bloggers ni son periodistas: son ciudadanos informados que ahora lo tienen fácil para dar a conocer su opinión. Ni más… ni menos.
Más información no necesariamente conlleva más participación; más participación no necesariamente conlleva más o mejor democracia.
Por supuesto que no. Lo que sí está claro es que si no hay información, no hay participación; y si no hay participación, no hay democracia. La información, la participación, el debate, los blogs, los periodistas son condiciones necesarias pero no suficientes para la democracia. Nadie garantiza que la participación nos hará más democráticos, pero su ausencia está tipificada con una larga lista de -ismos.
¿Por qué, aunque se comuniquen las cosas, la gente no se implica?
Vamos a negar la mayor: la salud de la democracia no se basa en la comunicación — en los comunicados — sino en la información para el debate para la decisión. Implicarse cuando la decisión está tomada y es comunicada unidireccionalmente debe estar dentro de lo que generalmente entendemos como partidismo. La llamada a la implicación, si es sincera, debe ser correspondida, como poco, con una actitud consultiva y, en el mejor de los casos, vinculante. La participación no entiende de comunicados, sino de debates.
¿Entonces?
Hay que publicar el código fuente, abrir la caja negra de los procesos, no únicamente difundir presupuestas cerradas y resultados finales.
Aunque los políticos — generalizando — crean que todo se hace bajo luz y taquígrafos, la realidad es que al ciudadano se le dosifican algunos datos, se interpreta el problema que estos arrojan, y se le propone una solución. Todo de un tirón. Retomando el ejemplo de la Ley del Cine de Catalunya, se nos dice que el 97% de las proyecciones cinematográficas son en Castellano (cierto), que eso daña una lengua oficial respecto a la otra (cierto), y que la solución es imponer por Ley la paridad Catalán/Castellano tanto en el doblaje como en el subtitulado (¿cierto?). Sí, el proyecto de Ley lleva saliendo en las noticias todo el año 2009, pero:
¿Sabemos por qué hay ese desequilibrio? Aunque podemos suponer que es un tema de costes;
¿Sabemos qué cuesta doblar o subtitular una película?
¿Sabemos qué demanda hay de cine en Catalán?
De esa demanda, ¿sabemos la elasticidad¿, es decir, ¿cuánto dinero más está dispuesto a pagar el espectador (o el contribuyente) para ver más cine en Catalán? (como decía anteayer, yo votaría sí a las proyecciones en Swahili y sin subtitular, pero no pagaría un un solo céntimo por ello);
¿Sbemos qué opciones se barajaban para atajar el problema? ¿Era la imposición por Ley la única opción?
¿Cuál es la opinión de la industria? Esta la conocemos por los periódicos pero, una vez más, con pocos datos y ya interpretada a la luz de sus propios intereses.
¿Qué consecuencias presupuestarias tendrá dicha Ley? ¿Recortaremos otras partidas? ¿Cuáles?
¿Qué consecuencias fiscales tendrá dicha Ley? ¿Me subirán los impuestos? ¿Cuáles? Nota al margen: un canon a las distribuidoras es un impuesto que estas repercutirán en el billete de la entrada, sin lugar a dudas, y sin discriminar la lengua de la proyección (y con ello volvemos al tema de la demanda).
La respuesta a estas y otras muchas preguntas más es lo que yo, personalmente, espero de un gobierno. Y las espero durante el proceso dirigido a atajar un problema, no después. Espero que se me deje hallar mis propias respuestas porque tengo acceso a toda la información, contrastar mis respuestas con las que me proporciona el gobierno y comentar las suyas. Y espero tener la garantía de ser escuchado y la oportunidad de ser convencido en un debate, no en un comunicado.
Por supuesto este debate tiene unos costes y no garantiza que el resultado final sea mejor. En mi opinión, la mera posibilidad de mejorar la democracia lo vale. Porque ya sabemos que estas condiciones no son suficientes para tener una democracia sana, pero sí necesarias.
Básicamente, la propuesta de Ley el Govern aprobó en Enero impone la paridad Catalán-Castellano en las salas de proyección. La Ley prevé el fomento de la versión original subtitulada en Catalán (VOSC), entre otras medidas a través de la creación de salas concertadas, así como el fomento del doblaje, vía subvenciones al uso.
Entiendo los motivos que impulsan esta ley, básicamente que el 97% de las películas proyectadas en Catalunya estaban en Castellano, provocando una diglosia apabullante. Ahora bien, no comparto la solución propuesta. ¿Por qué?
Hay que fomentar el acceso a la cultura tal como fue creada. Dicho de otro modo, creo que hay muchas razones para promover la versión original en las proyecciones. Normalmente se argumenta que se aprenden idiomas. Sin desmerecer este argumento, me parece todavía más interesante gozar de la interpretación y los guiones sin que medien traductores y actores de doblaje. ¿En qué nos basamos, si no, para exclamar “¡qué gran guión!”, “¡qué gran actuación!” si vemos la película en modo esquizofrénico?
Por razones de coste. Doblar es costoso, muy costoso. Ese dinero tiene, necesariamente, que tener un origen, que irremediablemente será el ciudadano. Vía impuestos, para las subvenciones; vía incremento del precio, al comprar la entrada.
Hay que subvencionar la cultura propia, no la extranjera. Hasta aquí podría acusárseme de mirar poco por los de casa. Bien. Doblando películas de Hollywood al Catalán, ¿qué cultura estamos promoviendo? ¿La catalana? ¿La de Estados Unidos de América? Y ¿qué industria estamos subsidiando? Me pregunto si no sería mejor subvencionar a la industria cultural catalana para que produzca más y mejor cine en lugar de ponérselo más difícil haciendo más barato el producto extranjero. En términos económicos (y culturales también) doblar películas de Hollywood es como subvencionar el champán francés para defender el cava catalán.
Resumiendo: sí a las versiones originales subtituladas en catalán. No, rotundamente, al doblaje.
Soy profesor de los Estudios de Derecho y de Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, e investigador en el Internet Interdisciplinary Institute y el eLearn Center de la misma.
